Abraham Cupil Cordoba

Expediente 303/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
303/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Abraham Cupil Cordoba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    * ...se declara que dicha resolución, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 303/2020, causó ejecutoria. Archívese este expediente como asunto concluido. En razón de que en el expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con lo previsto en el numeral 21 del citado Acuerdo General, deberá presentarse en el local de este juzgado a recibirlos, dentro del término de noventa días...

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Abraham Cupil Córdoba, en contra de los actos y por las autoridades que fueron precisados en el resultando primero y cuarto y, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    * Téngase por rendido el informe, se admiten las pruebas documentales que refiere, que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de que sean relacionadas de nueva cuenta en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional. Acorde con los preceptos legales 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se autoriza como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Por otro lado, se faculta la consulta del expediente electrónico a *** autorizados de la responsable.

  4. Principal

    * Ciudad de México, tres de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus del COVID-19, se reanudan los plazos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe precisar, que la fecha establecida para la referida diligencia se señaló atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este juzgado federal y a la fijación de audiencias en todos aquellos asuntos que se encontraba pendiente por celebrar, previamente al inicio del periodo de contingencia sanitaria generado por el virus SARSCoV2 (COVID-19). En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual en atención a la vista de diez de marzo del año en curso, amplía la demanda de amparo. En atención al contenido del referido ocurso, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 107, 108, y 112 a 117, todos de la ley de la materia, se admite a trámite la ampliación de la demanda de amparo con respecto al acto y autoridad precisados en el ocurso que nos ocupa. Sin que se provea lo conducente en el incidente de suspensión del acto reclamado, previsto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, por no haberse solicitado. Con copia de la ampliación de demanda, dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, a fin de que manifieste lo que a su representación social corresponda, de conformidad con los artículos 5, fracción IV y 110, de la Ley de Amparo. Córrase traslado con copia de dicho ocurso y requiérase a la autoridad responsable informe con justificación, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le reclaman, dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, quien de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, deberá exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos que se le reclaman o la improcedencia del juicio, acompañando en su caso copias certificadas, completas y legibles de las constancias necesarias para apoyar su informe y, pronunciándose, en su caso, en relación con la representación que aduzca la parte promovente en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. En el entendido que deberán indicar en la certificación correspondiente si las documentales de referencia corresponden a original, copia certificada o copia simple, o bien, informen el impedimento legal que les asista a efecto de atender este requerimiento. Apercibida que en caso de no rendir su informe con justificación, lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, omita referirse a la representación que, en su caso, aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, o que no se advierta con certeza contra que documentos fueron cotejadas, es decir, si las copias remitidas son constatadas contra originales, copias certificadas o copias simples se harán acreedoras a una multa de CIEN VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; en el entendido que cuando se trate de un órgano colegiado, dicha multa se impondrá a cada uno de los integrantes, independientemente de que dicha multa se vaya duplicando con cada nuevo requerimiento que se les formule, al margen de que se hagan efectivas las multas a que se hagan acreedoras por el incumplimiento del requerimiento correspondiente, en virtud de que su actuación omisa o renuente provoca la dilación en la tramitación del juicio de amparo, lo que transgrede la garantía de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, aunado al hecho que provoca mayor gasto de recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Amparo del Tercer Circuito, en la tesis III.1°.T15 K, que en la página dos mil trescientos cuarenta y cuatro aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto, a continuación se transcriben: "COPIAS CERTIFICADAS. SI NO HAY CERTEZA DE QUE SE COTEJARON CON LOS ORIGINALES, SÓLO TIENEN VALOR INDICIARIO. Cuando de la certificación realizada por un fedatario o funcionario público en ejercicio de sus funciones no se desprende la certeza de que para el cotejo atinente tuvo a la vista el documento original o una copia certificada del mismo, tal prueba sólo tiene el valor indiciario correspondiente a copia simple, en virtud de que válidamente no puede afirmarse que su contenido coincida plenamente con su original". Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Además, el anterior requerimiento de constancias obedece a que este órgano jurisdiccional estima que son necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa. Las multas que en su caso se impongan a las autoridades requeridas no las exime de la posible comisión del delito en que pudiera incurrir, en términos del artículo 262, fracciones I, II, y V de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable que tratándose de actos materialmente administrativos, si en la demanda de amparo se aduce la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado deberán complementar en esos aspectos el acto reclamado, debiendo expresar tales aspectos en un apartado debidamente identificado a fin de que la parte quejosa tenga plena certeza de que se cumple con este aspecto, en respeto a la garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales. Dígase a la responsable que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa de por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. En el caso de tratarse de autoridades legislativas, deberán estarse a lo dispuesto en el propio artículo 260, penúltimo y último párrafo, en el entendido que la falta de informe justificado no impide a este órgano jurisdiccional examinar los actos legislativos que, en su caso, se hubieran reclamado. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de formular alegatos, los podrán realizar mediante escrito presentado de manera electrónica, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del referido acuerdo 21/2020. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22 del citado acuerdo 21/2020, se hace una atenta invitación a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Finalmente, con el objeto de notificar este proveído, acorde con el artículo 26, fracción I, inciso c), en relación con el último párrafo del numeral 21, ambos de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables. Así, lo proveyó y firma Ma. Esther Prado Olvera, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al oficio número CCJ/ST/1744/2020 de veintisiete de julio de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de Taurino Eleodoro Martínez Martínez, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

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