Abraham Benitez Gaecia
Expediente 1102/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Abraham Benitez Gaecia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, mediante el cual transcribe el proveído dictado veintisiete de enero anterior, en el juicio 64/2021-II de su estadística, del que se desprende que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio 1102/2020-III, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el presente cuaderno de antecedentes, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, al ser expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Lo anterior, toda vez que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; catorce de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, y en cumplimiento a lo establecido en la circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda la tramitación del presente juicio a partir del estado procesal en que fue suspendido. Por tanto, téngase por recibido el escrito signado por ********, en su carácter de defensor particular de los directos quejosos ********* mediante el cual, bajo protesta de decir verdad desahoga la prevención realizada mediante auto de once de diciembre de dos mil veinte, y para tal efecto, señala lo siguiente: INCOMPETENCIA Ahora, vista la certificación de cuenta se advierte que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, tuvo conocimiento previo de actos derivados de la causa penal 389/2020, del índice del Juez de Control de la Región Nueve, con sede en Centro, Tabasco, a través del juicio de amparo 546/2020, de su índice, dato que fue corroborado en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramit es.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, la cual es tomada en consideración como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo1. Por tanto, es evidente que en el juicio de 1 Sirve de apoyo la jurisprudencia XX-2o.J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." derechos fundamentales 546/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, guarda relación conforme a la causa penal 389/2020 de la estadística del Juez de Control de la Región Nueve, con sede en Centro, Tabasco, de la cual emana el acto reclamado en este juicio. En ese contexto, es menester traer a colación el contenido del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, establece, en lo conducente: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (...) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnara al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos." Del artículo transcrito, se advierte que para el turno de asuntos relacionados, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, se turnará al juzgado que haya conocido de otro promovido contra actos derivados de ese mismo asunto. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie, se actualiza el supuesto establecido en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, toda vez que tal como quedó precisado en párrafos que anteceden, el acto que se combate en el presente juicio de amparo, y el que fue impugnado en el juicio de amparo 546/2020, de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, derivan de la causa penal 389/2020 de la estadística del Juez de Control de la Región Nueve, con sede en Centro, Tabasco, lo cual genera antecedentes de vinculación como lo ha resuelto ya el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Efectivamente, en el oficio SECNO/0945/2018, de siete de marzo de dos mil dieciocho, el funcionario aludido, al resolver la consulta de turno por conocimiento previo planteada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, determinó:
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EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE CATORCE DE ENWERO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
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Villahermosa, Tabasco, once de diciembre de dos mil veinte. Tramitación de la demanda. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, en su carácter de defensor particular de los directos quejosos *********, que promueve contra actos del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco y otra autoridad. Registro del expediente impreso y electrónico. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 1102/2020-III, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que establece la obligación para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados, en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicio en Línea, se procede a dictar el acuerdo respectivo. Procedencia de la demanda. Ahora, previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano jurisdiccional debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, mismos que se encuentran previstos en los artículos 112 y 114 de la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el artículo 108 de la mencionada Ley, en sus fracciones IV y V indica literalmente lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Prevención. El normativo citado impone a quien resuelve la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Ahora, de una lectura de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: En ese orden de ideas, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado manifestó lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la parte promovente se duele del auto emitido el catorce de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, en el capítulo relativo a los antecedentes podría interpretarse que podría señalar como diverso acto de molestia, el auto de vinculación a proceso emitido en contra de sus representados, resolución que combate en sus conceptos de violación Del mismo modo, es omiso en precisar el número de juicio del cual emanan las actuaciones descritas en supralíneas. Lo anterior, no permite establecer con claridad los actos que reclama; por tanto, tomando en consideración que el juicio de amparo resulta improcedente contra un procedimiento en general, así como contra actos imprecisos, en virtud de que tal circunstancia pudiera dar lugar a que las autoridades responsables no se encuentren en condiciones de rendir el informe justificado en forma clara y precisa; además, la sentencia que pudiera dictarse concediendo la protección constitucional carecería de una ejecución sobre la verdadera razón del amparo, por lo que se hace necesario que el promovente aclare la puntualidad antes destacada y señale el o los actos que en particular le atribuye a las autoridades que señala como responsables. Cobra aplicación al caso la Tesis Aislada número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En consecuencia, a efecto de acordar lo conducente, con fundamento en el artículo 114, en relación con el diverso 108 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, con copias suficientes de su escrito de desahogo para correr traslado a las demás partes, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: a) Deberá aclarar el acto reclamado en esta instancia constitucional. b) Precisar a qué autoridades le reclama cada uno de los actos de molestia. c) Asimismo, informar el procedimiento o juicio del cual emanan las mismas y el estado procesal que guarda el mismo. Asimismo, se le hace saber al promovente del amparo, que dado que se requiere que realice manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, deberán ser desahogadas de manera personalísima por quien promovió la demanda (José Méndez Osorio, en su carácter de defensor particular de los directos quejosos Abraham Benítez García y Flor Torres Gutiérrez) y que la informa ción que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio serán confrontadas con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXIV, Materia Común, de Julio de 2006, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Así como la tesis número II.2o.P..51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para que se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido que del escrito mediante el cual cumpla la prevención impuesta en este acuerdo, deberá exhibir copias para cada una de las partes que tienen injerencia en el presente sumario, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo; para estar en condiciones de correr el traslado de ley, habida cuenta que en el caso concreto, el escrito aclaratorio no puede quedar desvinculado al de demanda, ya que viene a formar parte de la misma. La anterior consideración se sustenta en la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento en caso de incumplir con la prevención efectuada en este auto. Se apercibe al promovente que de incumplir con la prevención precisada, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el precitado artículo 114 de la Ley de Amparo Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir citas y notificaciones el que índica en su epístola constitucional y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Humberto Segovia García, Pedro de la Cruz Salvador, Cesar Ramírez Hernández y Julián Alberto Méndez Moreno, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como licenciados en derecho; y, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de amparo a las diversas personas que enlista en la demanda que se provee por no contar con el requisito descrito con anterioridad. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico salvador.olivar.diaz@correo.cjf.gob.mx, así como al número telefónico 9931989215. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de Ley1.
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