Abraham Banman Enns
Expediente 572/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Abraham Banman Enns
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, de conformidad con lo establecido en la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 572/2023-I, ello, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial se tiene por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 572/2023-I. Análisis de la demanda de amparo De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia de la misma. Al respecto, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. La tesis en cuestión establece, esencialmente, que para desechar una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo; y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Así pues, con apego a los numerales 62 y 113, relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracción XIII, 107, fracción V y 172, fracción III, aplicados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo en estudio debe desecharse por notoriamente improcedente, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) Del 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que dispone que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de un proceso de carácter jurisdiccional, es procedente únicamente cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Se invoca la tesis III.2o.C.18 K, de la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia Común, visible en la página mil ochocientos veintisiete del siguiente tenor: JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. En el caso, la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, licenciados ******* y *******, Secretaria del Juzgado Primero de lo civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana Audiencias, lo siguiente: (.) 4. ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo dictado por la responsable ordenadora dentro de la audiencia de juicio de fecha de celebración 19 de mayo del año en curso, correspondiente al expediente ******* del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, siendo en este caso el acto que se duele de la responsable lo es el hecho de nombrar un perito tercero en discordia para realizar el avalúo sobre los bienes muebles que existen dentro de los bienes inmuebles materia del juicio principal, acuerdo que me permito insertar: (.) Al respecto, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguientes antecedentes: (.) ANTECEDENTES I. Es el caso que el de la voz fui demandado por el C. *******, demanda en la cual se me reclama, entre otras prestaciones, el pago de arrendamiento y/o porcentaje correspondiente a las cosechas que el de la voz realicé en las parcelas propiedad del antes mencionado, así como el pago generado de energía eléctrica por el uso de pozos agrícolas por la siembra realizada en las parcelas ya citadas. II. De dicha demanda toco conocer al Juez del Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, el cual asignó como número de expediente de su índice el *******, demanda a la cual di contestación en tiempo y forma así como ofrecí los medios de prueba necesarios para acreditar mis excepciones. III. Entre los medios de prueba ofrecidos, el suscrito señalé el Peritaje en Materia de Valuación a cargo del Arquitecto ******* y en la contestación a la vista, el accionante señaló como perito de su parte a la Ingeniero *******, profesionistas que aceptaron y protestaron el cargo debidamente. IV. Así las cosas, ambos peritos se constituyeron físicamente en las parcelas que se presumen propiedad del C. ******* y realizaron el peritaje encomendado por cada una de las partes, presentándolos en tiempo y forma al Juzgado por medio del escrito correspondiente y quedando pendiente su desahogo para la audiencia de juicio, audiencia que tuvo verificativo el día diecinueve de mayo del presente año. V. Es el caso que la perito autorizada por la parte actora (tercero interesado) no acudió a desahogar el peritaje correspondiente, solicitando por escrito presentado en fecha cuatro de mayo del presente año, a las trece horas con treinta minutos, que se le permitiera hacerlo de manera posterior a lo que esta parte se opuso mediante escrito presentado a las responsables en fecha dieciséis de mayo del presente año a las trece horas con diez minutos, así como en la audiencia respectiva y por ende se declaró desierta dicha probanza, tal y como se acordó en dicha audiencia, acuerdo que me permito insertar: <Se Le Tiene Haciendo Manifestaciones> 02:15:00. En uso de la voz, el Licenciado ******* autorizado de la parte demandada solicita al Juez que aclare si se declaró desierta la pericial a cargo de la ingeniero *******. A lo que el Juez acuerda: se declara desierta la pericial en comento en atención a lo establecido por el numeral 315 de' Código de Procedimientos Civiles del Estado, por los argumentos expuestos con anterioridad. Hágaseles la devolución de los pliegos exhibidos. VI. Así pues, a pesar de que la ordenadora acordó desierta la probanza de la actora y habiendo disposición especial en el Código de Procedimientos Civiles para el caso concreto, ordena la elaboración de un peritaje diverso a cargo de un perito tercero en discordia, hecho que incluso fue peticionado por la parte actora mediante promoción presentada ante las responsables en fecha dieciocho de mayo del presente año a las catorce horas con quince minutos, lo cual es contrario al ordenamiento aplicable, cabe mencionar que existe disposición de ley en cuanto a la situación que nos ocupa y el motivo de porque se debe llamar a un perito tercero en discordia, violentando con dicha actuación la igualdad procesal que debe regir, el debido proceso y la imparcialidad con la que se debe conducir el Juzgador, aplicando una facultad discrecional que no le corresponde, en este caso justificando dicho acto en el numeral 269 del Código de Procedimientos Civiles, artículo que no admite recurso ordinario en contrario, de ahí el presente procedimiento de juicio de garantías. (.) Es decir, que la parte quejosa reclama la mencionada determinación, debido a que el Juez responsable en audiencia de diecinueve de mayo del año en curso, nombró un perito tercero en discordia dentro del expediente *******, a fin de realizar el avalúo sobre los bienes muebles que existen dentro de los bienes inmuebles materia del juicio principal Por lo tanto, tal resolución no afecta derechos sustantivos, ya que el único efecto que tiene, ocurre dentro del procedimiento, consistente en que, el perito tercero en discordia realice el avaluó respecto de los bienes muebles que se encuentran dentro de los bienes inmuebles, materia del juicio principal; y, será hasta que, en la sentencia correspondiente, se valore dicho medio de convicción, que podrá ocasionarse, o no, una afectación a los derechos sustantivos de la aquí parte quejosa, lo que en este momento se desconoce si ocurrirá. Corrobora lo anterior el contenido del citado artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece expresamente que, en un juicio tramitado ante un tribunal civil (como en el caso), se considera una violación a las leyes del procedimiento, el desahogo en forma contraria a la ley, de las pruebas ofrecidas por las partes, de manera que, si dicha violación procesal trasciende en la sentencia que se dicte en el juicio natural, en perjuicio de la parte quejosa, deberá combatirla en el momento oportuno y por la vía idónea. En apoyo a lo anterior, por las razones que informa, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 20/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 236, materia Común, Octava Época, con registro digital 207226, del rubro y texto: PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. Se desecha demanda de amparo Conforme a tal criterio, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa no es de aquellos que afectan derechos sustantivos que trascienden a la esfera del quejoso. Por lo tanto, la demanda amparo promovida resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados, ******* y ******* toda vez que el primero de ellos se encontró registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y el segundo en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Conforme al artículo 24 de la ley de la materia se autoriza solamente para oír y recibir notificaciones, al resto de las personas que índica en su escrito, por así haberlo solicitado expresamente. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Medio de contacto Respecto a la solicitud de que se le notifique por medios electrónicos consistentes en el correo electrónico *******, dígasele que se autorizan únicamente para llevar a cabo comunicaciones no procesales. Acceso a consulta de expediente electrónico Asimismo, toda vez que el autorizado cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario "*******" de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee lo siguiente: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la parte promovente para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas con su firma electrónica. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSAEL PROVEÍDO DE NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial se tiene por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 572/2023-I. Análisis de la demanda de amparo De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia de la misma. Al respecto, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. La tesis en cuestión establece, esencialmente, que para desechar una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo; y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Así pues, con apego a los numerales 62 y 113, relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracción XIII, 107, fracción V y 172, fracción III, aplicados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo en estudio debe desecharse por notoriamente improcedente, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) Del 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que dispone que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de un proceso de carácter jurisdiccional, es procedente únicamente cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Se invoca la tesis III.2o.C.18 K, de la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia Común, visible en la página mil ochocientos veintisiete del siguiente tenor: JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. En el caso, la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, licenciados ******* y *******, Secretaria del Juzgado Primero de lo civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana Audiencias, lo siguiente: (.) 4. ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo dictado por la responsable ordenadora dentro de la audiencia de juicio de fecha de celebración 19 de mayo del año en curso, correspondiente al expediente ******* del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, siendo en este caso el acto que se duele de la responsable lo es el hecho de nombrar un perito tercero en discordia para realizar el avalúo sobre los bienes muebles que existen dentro de los bienes inmuebles materia del juicio principal, acuerdo que me permito insertar: (.) Al respecto, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguientes antecedentes: (.) ANTECEDENTES I. Es el caso que el de la voz fui demandado por el C. *******, demanda en la cual se me reclama, entre otras prestaciones, el pago de arrendamiento y/o porcentaje correspondiente a las cosechas que el de la voz realicé en las parcelas propiedad del antes mencionado, así como el pago generado de energía eléctrica por el uso de pozos agrícolas por la siembra realizada en las parcelas ya citadas. II. De dicha demanda toco conocer al Juez del Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, el cual asignó como número de expediente de su índice el *******, demanda a la cual di contestación en tiempo y forma así como ofrecí los medios de prueba necesarios para acreditar mis excepciones. III. Entre los medios de prueba ofrecidos, el suscrito señalé el Peritaje en Materia de Valuación a cargo del Arquitecto ******* y en la contestación a la vista, el accionante señaló como perito de su parte a la Ingeniero *******, profesionistas que aceptaron y protestaron el cargo debidamente. IV. Así las cosas, ambos peritos se constituyeron físicamente en las parcelas que se presumen propiedad del C. ******* y realizaron el peritaje encomendado por cada una de las partes, presentándolos en tiempo y forma al Juzgado por medio del escrito correspondiente y quedando pendiente su desahogo para la audiencia de juicio, audiencia que tuvo verificativo el día diecinueve de mayo del presente año. V. Es el caso que la perito autorizada por la parte actora (tercero interesado) no acudió a desahogar el peritaje correspondiente, solicitando por escrito presentado en fecha cuatro de mayo del presente año, a las trece horas con treinta minutos, que se le permitiera hacerlo de manera posterior a lo que esta parte se opuso mediante escrito presentado a las responsables en fecha dieciséis de mayo del presente año a las trece horas con diez minutos, así como en la audiencia respectiva y por ende se declaró desierta dicha probanza, tal y como se acordó en dicha audiencia, acuerdo que me permito insertar: 02:15:00. En uso de la voz, el Licenciado ******* autorizado de la parte demandada solicita al Juez que aclare si se declaró desierta la pericial a cargo de la ingeniero *******. A lo que el Juez acuerda: se declara desierta la pericial en comento en atención a lo establecido por el numeral 315 de' Código de Procedimientos Civiles del Estado, por los argumentos expuestos con anterioridad. Hágaseles la devolución de los pliegos exhibidos. VI. Así pues, a pesar de que la ordenadora acordó desierta la probanza de la actora y habiendo disposición especial en el Código de Procedimientos Civiles para el caso concreto, ordena la elaboración de un peritaje diverso a cargo de un perito tercero en discordia, hecho que incluso fue peticionado por la parte actora mediante promoción presentada ante las responsables en fecha dieciocho de mayo del presente año a las catorce horas con quince minutos, lo cual es contrario al ordenamiento aplicable, cabe mencionar que existe disposición de ley en cuanto a la situación que nos ocupa y el motivo de porque se debe llamar a un perito tercero en discordia, violentando con dicha actuación la igualdad procesal que debe regir, el debido proceso y la imparcialidad con la que se debe conducir el Juzgador, aplicando una facultad discrecional que no le corresponde, en este caso justificando dicho acto en el numeral 269 del Código de Procedimientos Civiles, artículo que no admite recurso ordinario en contrario, de ahí el presente procedimiento de juicio de garantías. (.) Es decir, que la parte quejosa reclama la mencionada determinación, debido a que el Juez responsable en audiencia de diecinueve de mayo del año en curso, nombró un perito tercero en discordia dentro del expediente *******, a fin de realizar el avalúo sobre los bienes muebles que existen dentro de los bienes inmuebles materia del juicio principal Por lo tanto, tal resolución no afecta derechos sustantivos, ya que el único efecto que tiene, ocurre dentro del procedimiento, consistente en que, el perito tercero en discordia realice el avaluó respecto de los bienes muebles que se encuentran dentro de los bienes inmuebles, materia del juicio principal; y, será hasta que, en la sentencia correspondiente, se valore dicho medio de convicción, que podrá ocasionarse, o no, una afectación a los derechos sustantivos de la aquí parte quejosa, lo que en este momento se desconoce si ocurrirá. Corrobora lo anterior el contenido del citado artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece expresamente que, en un juicio tramitado ante un tribunal civil (como en el caso), se considera una violación a las leyes del procedimiento, el desahogo en forma contraria a la ley, de las pruebas ofrecidas por las partes, de manera que, si dicha violación procesal trasciende en la sentencia que se dicte en el juicio natural, en perjuicio de la parte quejosa, deberá combatirla en el momento oportuno y por la vía idónea. En apoyo a lo anterior, por las razones que informa, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 20/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 236, materia Común, Octava Época, con registro digital 207226, del rubro y texto: PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. Se desecha demanda de amparo Conforme a tal criterio, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa no es de aquellos que afectan derechos sustantivos que trascienden a la esfera del quejoso. Por lo tanto, la demanda amparo promovida resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados, ******* y ******* toda vez que el primero de ellos se encontró registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y el segundo en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Conforme al artículo 24 de la ley de la materia se autoriza solamente para oír y recibir notificaciones, al resto de las personas que índica en su escrito, por así haberlo solicitado expresamente. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Medio de contacto Respecto a la solicitud de que se le notifique por medios electrónicos consistentes en el correo electrónico *******, dígasele que se autorizan únicamente para llevar a cabo comunicaciones no procesales. Acceso a consulta de expediente electrónico Asimismo, toda vez que el autorizado cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario "*******" de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee lo siguiente: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la parte promovente para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas con su firma electrónica. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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