Abraham Ariciaga Martínez

Expediente 677/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
677/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Abraham Ariciaga Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 77 a 80), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, por una parte, acusa recibo del diverso 12602, con el que se devolvierón, el original del expediente de control *****, así como el toca número ********; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se realice mayor pronunciamiento, con relación a las manifestaciones relativas a que se encuentra en vías del fallo protector toda vez que, en auto de tres de septiembre del año en curso (fojas 77 a 80), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que únicamente la parte quejosa desahogó la vista ordenada en proveído de veintiséis de agosto del año en curso (foja 71); en consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 21 a 35), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Abraham Ariciaga Martínez, para el efecto de que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el toca penal 82-A-1P01/2018, de su índice. 2. En su lugar, emitiera una nueva en que de forma fundada y motivada expusiera, a la luz del marco normativo aplicable, las razones que permiten hacer la reducción de los días de abril y septiembre de dos mil catorce, marzo y agosto de dos mil quince y febrero de dos mil dieciséis, en que el quejoso firmó el Sistema de Administración de Personas en Libertad Provisional, (SAPLIP) como si fueran únicamente seis días aislados a la totalidad de la pena impuesta de un año, ocho meses y nueve días, o bien, realizara un nuevo computo. 3. En caso de que el aquí quejoso deba continuar firmando para completar su pena, aclarara el tiempo que le resta para firmar el Sistema de Administración de Personas en Libertad Provisional, (SAPLIP), una vez descontado el término que cumplió con asentar su firma. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO En auto de veinte de agosto el año en curso, causó ejecutoria la sentencia constitucional y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (fojas 45 y 46). En atención a ello, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de agosto del año en curso, emitida en el toca número 82-A-1P01/2018, de su índice (fojas 51 a 70). En auto de veintiséis de agosto del presente año, se dio vista a las partes con la aludida constancia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 71), lo que realizó la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiocho de agosto del año en curso (foja 74). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En el fallo constitucional se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, en razón de las siguientes consideraciones: "Ahora bien, la citada resolución, carece de los requisitos de fundamentación y motivación que toda resolución debe contener, pues pese a que se dejó en claro por qué no deben ser tomados en cuenta los siete días que señaló el quejoso en su solicitud, en forma alguna dejó en claro si la juzgadora de origen actuó legalmente al considerar que las seis firmas plasmadas por el quejoso en el Sistema de Administración de Personas en Libertad Provisional, deben considerarse como días simples o aislados a descontar del plazo de la condena impuesta y, por ende, si deben excluirse de computar el plazo de la condena condicional; máxime si la juzgadora de origen, en diligencia de dieciséis de enero de dos mil catorce (foja 108 del tomo I de pruebas), refrendó lo que en su momento hizo saber al quejoso, el nueve de marzo de dos mil once (foja 87 del Tomo I de pruebas), es decir, la obligación de acudir a firmar cada tres meses por el término de un año, ocho meses y nueve días de prisión, sin que se hubiese hecho apercibimiento en otra índole más que el girar orden de reaprehensión en caso de incumplimiento. (.) En la especie, la parte quejosa, se dolió de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, zona 01 del Tribunal Superior de Justicia el Estado de Chiapas, señaló, en la parte que interesa, que de acuerdo al historial del procesado con número de folio 64946, que obra en la carpeta de ejecución de sentencias, se advierte que a partir de la primera fecha que fue enterado para acudir a estampar su firma como sentenciado, nueve de marzo de dos mil once, el quejoso únicamente estampó seis firmas, y no siete como alegaba, y que si bien en el historial se apreciaban siete asistencias, una no correspondía al período en que el agraviado era sabedor que debía cumplir con las obligaciones del beneficio de la condena condicional; en razón de ello, estimó infundada la alegación del condenado-quejoso de computar siete asistencias, cuando únicamente registro seis, lo que trajo como consecuencia que esas asistencias fueran equiparadas a restar seis días de la pena impuesta. Sin embargo, no adujo, con meridiana claridad, el porqué es procedente que se haga esa equiparación en cuanto a los días que compareció a firmar para restarlos de los días a que fue condenado en la sentencia, pues como lo señaló el quejoso en su demanda, además que podría abarcar un periodo comprendido a un año, diez meses aproximadamente; la responsable omitió señalar en forma alguna cuál es el fundamento legal que faculta al juzgador primegenio y a la propia Sala del conocimiento, a restar los seis días que el agraviado acudió a firmar al Sistema de Administración de Personas en Libertad Provisional, del resto de la condena que le fue impuesta, que ascendió a un año ocho meses y nueve días; máxime si se toma en cuenta que en diligencia de dieciséis de enero de dos mil catorce (foja 108 del tomo I de pruebas), solo le fueron dadas a conocer las obligaciones procesales de acudir a firmar cada tres meses por el término de un año, ocho meses y nueve días de prisión, bajo el único apercibimiento de que, en caso de incumplir con lo ahí ordenado, se haría acreedor a que le fuese girado mandato reaprehensorio, pero de forma alguna se señaló que se actuaría conforme lo que hizo la juzgadora de origen y que convalidó la Sala responsable. En ese sentido, la responsable no cumplió totalmente con la obligación que le impone el numeral 16 constitucional, en el sentido de fundar y motivar sus resoluciones a fin de dar certeza plena de lo resuelto a los gobernados, máxime que en el caso se trata de una resolución que está calificando una diversa dictada por un juzgador inferior, cuya determinación puede adolecer de tales requisitos, lo que acarrea que al confirmar aquélla, se convaliden las violaciones, lo que trae perjuicios grandes al agraviado, pues se reitera, se le deja en estado de indefensión al no darle a conocer la norma o precepto legal que faculta a conmutar los días que el quejoso asistió a firmar durante los meses de abril y septiembre de dos mil catorce, marzo y agosto de dos mil quince y febrero de dos mil dieciséis, como si fueran días aislados que solamente se restan del total de la condena de un año, ocho meses y nueve días, que se fijó en la sentencia de once de febrero de dos mil once (fojas 43 a 74 del tomo I de pruebas). Luego, ante la ausencia de fundamento que dé certeza al quejoso respecto a tal proceder, es clara la violación en que incurre la autoridad, pues soslaya que debe precisar con meridiana claridad cuál es el fundamento y el motivo por el que esa norma es aplicable al caso concreto y, por ende, faculta al juzgador de origen a actuar de esa forma, y ello, permite su convalidación en la resolución impugnada. En ese contexto, no se cumplen con los postulados del artículo 16 constitucional en la medida que la Sala responsable no cita fundamento legal ni causa del porqué el juzgador de primera instancia actuó dentro de algún marco legal que lo faculte a hacer lo que hizo en perjuicio del quejoso, e incluso, sin tomar en cuenta que ello acarreó consecuencias, como fueron el haberlo sujetado a un nuevo mandato reaprehensorio (foja 117 del sumario I de pruebas), a que solicitara de nueva cuenta su libertad bajo caución (foja 128), y a que el veinte de agosto de dos mil dieciocho, le fueran leídas por tercera vez las obligaciones de comparecer a firma el libro de control de firmas de sentenciados número 87, por un periodo de un año, cuatro meses y quince días, al descontarse los días que estuvo privado de su libertad (foja 135 del tomo I de pruebas). Sin que obste a lo anterior, en el cuerpo de la resolución, después de analizar el historial de registro de asistencia del quejoso ante el Sistema de Administración de Personas en Libertad Provisional, se haya mencionado a foja ochenta y cinco, del tomo II de pruebas que: ".los cuales no fueron consecutivas, en consecuencia se considera correcto que esas 6 asistencias sean equiparadas a restar 6 días de la pena impuesta.", pues no se cita fundamento legal que soporte tal conclusión además que tampoco se aprecia razones basadas en marcos normativos que normen su proceder o que, por el hecho de que las firmas no se hayan asentado con la continuidad que se mencionó en la diligencia de dieciséis de enero de dos mil catorce, sea suficiente para que se adopte esa determinación a la luz de algún precepto legal. Tampoco obsta que al final de la resolución se pretenda hacer énfasis en que la Sala da mayor beneficio de lo que en su momento dio el juzgador de primera instancia, en el auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, en el sentido de que la pena a compurgar, según la diligencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, es de un año cuatro meses y quince días, pues además que ello no la exime a hacer una valoración adecuada respecto al proceder del juzgador A quo, conforme a algún parámetro normativo aplicable al caso que permita hacer la reducción de los días de abril y septiembre de dos mil catorce, marzo y agosto de dos mil quince y febrero de dos mil dieciséis, como si fueran días aislados a la totalidad de la pena impuesta; el que haga un análisis pormenorizado en que exponga las razones que contenga alguna disposición normativa del que se dependan las facultades del juzgador de primera instancia o de la propia Sala responsable, será suficiente para dar mayor certeza al quejoso respecto a si fue conforme a derecho que se haya hecho lo que se señaló en el acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho. En ese orden, la resolución recurrida adolece de los vicios de fundamentación y motivación señalados de conformidad con el precepto 16 constitucional, amén de la violación que podría constituir inobservancia de lo previsto en la fracción X del apartado "A" del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho), que establece el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga se compute el tiempo de detención que sufrió (para descontar a la pena a imponer el tiempo de prisión preventiva). Además que, para satisfacer en forma plena el canon violentado, será necesario entonces que la Sala responsable indique de forma meridiana, cuál es la razón que le impide descontar del tiempo en que el agraviado debía cumplir su condena condicional de un año, ocho meses y nueve días, (condena original), así como el plazo que se cumplió con la obligación de firmar en el Sistema de Administración de Personas en Libertad Provisional, mismo que le fue instruido en el día de la lectura de derechos, el dieciséis de enero de dos mil catorce (foja 108 del Tomo I de pruebas); es decir, dado que en dicha diligencia se constriñó al quejoso a cumplir con la obligación de acudir a firmar cada tres meses durante un año, ocho meses y nueve días, la Sala responsable, debe justificar, a la luz de una norma jurídica, porqué sólo debe descontar seis días, como si fueran ordinarios o asilados de la condena total, esto es, los motivos que la llevaron a determinar que aún resta por cumplir un año, ocho meses y tres días. En otras palabras, piénsese en un caso en que la condena del sentenciado hubiese sido de un año de prisión, y aquél (sentenciado) hubiese optado por la conmutación a condena condicional, y que se le hubiese obligado a presentarse a firmar una vez al mes durante ese tiempo. En ese hipotético supuesto, eso sumaría en el año, doce firmas, al corresponder a una por cada mes conmutado, lo cual se habría aplicado al plazo de la condena y no a días ordinarios, de modo que, una vez cumplidas las doce signaturas, fenecería el término de la condena. Esto es, la habría cumplido en su totalidad. (.) Por tal motivo, para atender debidamente el planteamiento del aquí quejoso y cumplir con los citados principios, la Sala debe señalar claramente la diferencia de los supuestos a que se hizo referencia en párrafos precedentes. Esto es, tendrá que aclarar porqué únicamente se descuentan seis días aislados y no un período similar al que acudió a firmar, explicando en caso que exista, la diferencia del cálculo en caso de que el quejoso sí hubiera acudido a firmar los días reglamentarios durante el plazo al que se le obligó (cada tres meses durante un periodo de un año, ocho meses y nueve días). Por lo que si, en el caso, se cumplieron con seis firmas del total de las que debió estamparse cada tres meses durante el año, ocho meses y nueve días, es claro que debe explicar con meridiana claridad y conforme al texto de algún precepto normativo que así la faculte, porqué en vez de descontar seis firmas atinentes al periodo de la pena impuesta, esto es, a un lapso por cada firma (abril de dos mil catorce, septiembre de dos mil catorce, marzo de dos mil quince, agosto de dos mil quince y febrero de dos mil dieciséis), cuyo resultado sería un margen de tiempo aproximado de un año y diez meses; sólo lo hizo por días, como si fueran ordinarios y aislados, correspondiéndose así un día por cada firma; de ahí que conforme a esa última lógica la pena siga siendo de un año, ocho meses y tres días." (Énfasis añadido). Ahora, de la constancia mencionada, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, destaca que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, acató sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. Ello, en atención a que, dejó insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el toca penal 82-A-1P01/2018, de su índice (foja 69 vuelta). Asimismo, el veintitrés de agosto del año en curso, emitió una nueva resolución en la que expuso, que de conformidad con el artículo 107, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chiapas, para que la suspensión de la ejecución de la sentencia surta efectos, el sentenciado debe otorgar caución a juicio del órgano jurisdiccional, para garantizar que se presentará ante éste cada vez que sea requerido y cuando menos cada tres meses, por lo que el acudir cada tres meses equivale a una firma. Además, precisó que la condena del aquí quejoso (un año, ocho meses y nueve días), convertida en meses equivale a veinte meses, la cual, dividida en lapsos de tres, resultan seis lapsos completos (dieciocho meses); sin embargo, aún restarían dos meses y nueve días, para completar la condena total. Por tanto, aun cuando dicho lapso (dos meses y nueve días), no es en su totalidad tres meses, resultaba pertinente que el sentenciado estampara una séptima firma para tener por completada su condena. De ahí que, la autoridad responsable consideró que el Juez primiinstancial, al restar seis días, como si fueran ordinarios y aislados, no se percató del contenido del aludido numeral, por lo que, lo procedente era modificar el período fijado de cumplimiento de condena condicional, por lo que el sentenciado Abraham Ariciaga Martínez - aquí quejoso-, continuará firmando para completar su pena en el Sistema de Administración de Personas en Libertad Provisional (SAPLIP), por dos meses, nueve días. En razón de lo expuesto, se advierte que la Sala responsable dio cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ella; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Por otro lado, con relación a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa (foja 74), dígase que deberá estarse a lo acordado en el presente auto. Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase sobre el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito del quejoso Abraham Ariciaga Martínez, mediante el cual, desahoga la vista formulada en auto de veintiséis de agosto del año en curso (foja 71), con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por tanto, téngase por hechas sus manifestaciones, para los efectos legales a que haya lugar.

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