Abraham Aniceto Sánchez

Expediente 494/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
494/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Abraham Aniceto Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo a la promovente para que recurriera el auto de diecisiete de julio de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente

  2. Principal

    POR NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE ENTREGÓ EL CITATORIO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

  3. Principal

    ACUERDO Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil veinte Registro Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho; fórmense el expediente electrónico y físico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, e instrúyase al secretario que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE PARTE QUEJOSA 009403/2020 494/2020 ****** Autorizados para oír y recibir notificaciones Por otro lado, se autoriza en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reserva el autorizar a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos, hasta que concluya la contingencia de salud pública respectiva. Domicilio dentro de la jurisdicción y usuario electrónico En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial: ****** Usuario electrónico No señaló Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. Es aplicable la tesis aislada XXIV.2o.11 K (10a.) (registro 2021089), que establece: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El precepto transcrito en primer término, aunque no prevé una causa de improcedencia en sí misma, establece la posibilidad de que el juzgador considere actualizada alguna otra, a condición de que derive de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. Conforme al segundo precepto, se desprende que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, de ambos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando los actos reclamados no provengan de un ente o sujeto que tenga la calidad de "autoridad responsable", atendiendo a la definición que proporciona la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra lógica en el hecho de que el juicio de amparo se ha concebido como una herramienta procesal para combatir los actos violatorios de derechos humanos siempre que provengan de una autoridad; lo que se corrobora porque en términos del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, la legitimación pasiva en el juicio constitucional se atribuye exclusivamente a las "autoridades". Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. XXXVI/99 (registro 194367), de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Sobre este punto, es preciso señalar que el desarrollo histórico del juicio de amparo ha establecido la necesidad de rediseñar la concepción de autoridad responsable, toda vez que en términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener el mismo carácter, siempre que 1) realicen actos equivalentes a los de autoridad, 2) que afecten los derechos del quejoso y 3) cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, los tribunales federales han delimitado este concepto a partir de interpretaciones en sentido negativo, esto es, cuándo un particular no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirven de apoyo los criterios siguientes: Jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.) (registro 2017394): "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Jurisprudencia PC.I.A. J/74 A (10a.) (registro 2012001): "FEDERACIONES DEPORTIVAS MEXICANAS. SON PARTICULARES EQUIPARADOS A UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO EJERCEN, POR DELEGACIÓN, FUNCIONES PÚBLICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, ACTUANDO COMO AGENTES COLABORADORES DEL GOBIERNO FEDERAL Y COMO CONSECUENCIA DE MANEJAR RECURSOS PÚBLICOS". Jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.) (registro 2010018): "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA." En ese sentido, volviendo a la connotación genérica de autoridad para efectos del juicio de amparo, el Alto Tribunal ha sentado un sin número de precedentes en los que -a partir de casos concretos- ha dotado de contenido el referido concepto, señalando que el acto de autoridad requiere de la existencia de un ente -de hecho o de derecho- que guarde respecto del particular una relación de supra a subordinación y que, con motivo de esa relación, emita actos unilaterales que impacten en la esfera jurídica del gobernado sin requerir de su voluntad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 (registro 161133), de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Asimismo, el referido órgano jurisdiccional ha diferenciado aquéllos casos en los que puede existir un acto emitido por un ente estatal, pero que -para efectos del juicio de amparo- no debe considerarse como acto de autoridad, como sucede -por regla general- en aquéllos casos en los que los órganos del estado desempeñan funciones propias de derecho privado. Sirven de apoyo los siguientes criterios: Tesis aislada P. XXVIII/97 (registro 199460), de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL." Jurisprudencia 2a./J. 211/2009 (registro 165782), de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR." Tesis aislada 2a. C/99 (registro 193612), de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido, conforme al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 (10ª), para erificar si el ente a quien se atribuyen los actos reclamados reúne las notas distintivas de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesario realizar el siguiente examen: Que se trate de un sujeto u órgano, de hecho o de derecho, que guarde respecto del particular una relación de supra a subordinación; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular; Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, según lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 423/2014, para verificar si un particular puede ser llamado a juicio de amparo en calidad de autoridad responsable de conformidad con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere: Que su actuación sea equivalente a la de la autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; Que su actuación afecte derechos: que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas; y, Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Finalmente, quien resuelve considera que los elementos que caracterizan al acto de autoridad para efectos del juicio de amparo son la imperatividad, unilateralidad y coercitividad, cuyo ejercicio engendra una afectación en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de repararse a través del juicio constitucional. Caso concreto En el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, la orden del corte de suministro de energía eléctrica y del desmantelamiento del servicio de electricidad respecto del servicio de suministro número RPU: 968060601156, así como su ejecución, relativo al inmueble ubicado en Calle Reforma, número 50, colonia San Simón Ticumac, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03660, Ciudad de México, atribuidos a la División Valle de México Centro, Jefatura de Departamento de Zona Comercial Benito Juárez y Superintendencia de Zona Benito Juárez, ambos de la Comisión Federal de Electricidad. De lo que se desprende que dichas entidades, se ubica dentro del régimen jurídico que regula la actividad de esa empresa productiva del Estado y que los actos reclamados por los quejosos no se ejercen en un plano de supra a subordinación, al derivarse de la relación comercial que tiene con la Comisión Federal de Electricidad, en su calidad de usuarios del servicio de energía eléctrica; de ahí que dicha persona jurídica, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además del análisis que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó en el sentido de que los contratos de suministro de energía eléctrica implican que la Comisión Federal de Electricidad y el particular, tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio; en consecuencia, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ese criterio fue emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, que a la letra dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Por lo tanto, dichos actos que reclama, necesariamente forman parte de la relación comercial derivada del suministro; por lo que, en su caso, la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, que establece lo siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Lo anterior sin soslayar la existencia de las tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/121 A (10a.) y PC.I.A. J/122 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.), DE RUBRO: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", NO RESULTA EXACTAMENTE APLICABLE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ESTÁ RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL." En efecto, dichos criterios no son aplicables en este caso, dado que fueron emitidos y publicados con anterioridad a los recientes criterios de jurisprudencia que ahora definen que la Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tal razón, al haber sido superados los criterios del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito por la jurisprudencia ya determinada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora es posible establecer en el auto inicial de trámite de la demanda, que los actos aquí reclamados no constituyen actos de autoridad. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019230, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Por otro lado, no pasan desapercibidos los argumentos de la parte quejosa, en los que refiere que si no cuenta con el suministro de electricidad la afectación es grave; sin embrago, de su escrito inicial de demanda y sus anexos no se advierte que efectivamente se encuentra en un estado de vulnerabilidad; es decir, que la suspensión o corte del servicio de electricidad ponga en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de los quejosos, de ahí que no se actualiza la excepción a que se refiere la tesis aislada I.10o.A.81 A (10a.), Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro indica: "AMPARO CONTRA LA SUSPENSIÓN O CORTE DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CUANDO ESOS ACTOS PONGAN EN RIESGO EVIDENTE LA VIDA, LA SALUD O LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN VULNERABLE O ESTÉN IMPOSIBILITADAS PARA PROVEER SU SUBSISTENCIA, EL JUZGADOR DEBE ALLEGARSE DE ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, AL ESTIMAR QUE LA VÍA PROCEDENTE PARA DIRIMIR EL CONFLICTO ES LA ORDINARIA MERCANTIL [APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 30/2018 (10a.)]." Máxime que, como se advierte del texto de dicho criterio, la Comisión Federal de Electricidad puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando realiza actos que afectan derechos humanos fuera de lo estipulado; es decir, exclusivamente cuando realice actos que excedan lo pactado en el contrato y, en el caso, no existe constancia alguna que permita considerar que ello es así. De ahí que no se actualiza el supuesto de aplicación. Así las cosas, quien resuelve considera que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues carecen de las características de unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, quien resuelve determina desechar la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 1950, colonia Tlacopac, Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01049. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente

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