Abraham Angón García
Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abraham Angón García
- Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 20, fracción II, este Órgano Jurisdiccional determina que este expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción; en consecuencia una vez transcurridos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó y concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexo que remite el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, por el cual rinde su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las constancias de autos se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Primera causal. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Respecto de las autoridades responsables: 1.- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. 2.- Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado Oaxaca. 3.- Dirección General de Reinserción Social del Estado de Oaxaca. 4.- Director del Centro de Reinserción Social (CE.RE.SO.) numero dos con sede en la Villa de Etla, Oaxaca. Toda vez que del informe rendido por el Subsecretario de Prevención y Readaptación Social, se advierte que mediante determinación administrativa de traslado número 6/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se autorizó el traslado, entre otros, del aquí quejoso Abraham Angón García, del Centro Penitenciario Varonil de Etla, Oaxaca al Centro Penitenciario de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Así, mediante resolución de veintitrés de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, CALIFICÓ DE LEGAL, la determinación administrativa de traslado del quejoso Abraham Angón García, con el número 06/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca, por tanto es claro que han cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: La orden de traslado del Centro Penitenciario Varonil de Etla, Oaxaca al Centro Penitenciario de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca de diecinueve de julio de dos mil veintitrés contenida en la determinación administrativa número 6/2023. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violado, materia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que mediante resolución de veintitrés de julio de dos mil veintitrés, con apoyo en los dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, SE CALIFICÓ DE LEGAL, la determinación administrativa de traslado del quejoso Abraham Angón García, contenida en el acuerdo número 06/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca, por tanto es claro que han cesado los efectos del acto reclamado. Luego, los efectos del traslado sin autorización judicial reclamado cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por la determinación asumida por la autoridad jurisdiccional, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Diversa causal. Ahora bien, -como acto destacado- la resolución de veintitrés de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, que CALIFICÓ DE LEGAL, la determinación administrativa de traslado del quejoso Abraham Angón García, contenida en el acuerdo número 06/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca. Se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable consagrada en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por los motivos que se exponen a continuación. El precepto invocado señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas [.]" El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, en la especie el recurso de apelación establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 132 fracción VII que dice: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados;" En efecto, la decisión judicial que calificó de legal orden de traslado reclamada es a través del citado medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal; deben agotar el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la citada ley, que sería la resolución definitiva contra la cual procedería el juicio de amparo indirecto, de ser adversa la resolución a sus intereses. En tales condiciones, se estima que en el caso de una orden de traslado ejecutada determinación administrativa y calificada como legal en sede judicial, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Por tanto, a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial de segunda instancia podrá revisar el si la primera instancia, controló de manera adecuada el traslado, al verificar, si la autoridad administrativa atendió o se apegó a las disposiciones legales y, de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, por ende, a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna violación de derechos que haya sufrido algún interno, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo. En las relatadas condiciones, al operar las causales de improcedencia en la medida que se analizan, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracciones XVIII y XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Ante ello, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexo que remite el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, por el cual rinde su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las constancias de autos se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Primera causal. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Respecto de las autoridades responsables: 1.- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. 2.- Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado Oaxaca. 3.- Dirección General de Reinserción Social del Estado de Oaxaca. 4.- Director del Centro de Reinserción Social (CE.RE.SO.) numero dos con sede en la Villa de Etla, Oaxaca. Toda vez que del informe rendido por el Subsecretario de Prevención y Readaptación Social, se advierte que mediante determinación administrativa de traslado número 6/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se autorizó el traslado, entre otros, del aquí quejoso Abraham Angón García, del Centro Penitenciario Varonil de Etla, Oaxaca al Centro Penitenciario de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Así, mediante resolución de veintitrés de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, CALIFICÓ DE LEGAL, la determinación administrativa de traslado del quejoso Abraham Angón García, con el número 06/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca, por tanto es claro que han cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: La orden de traslado del Centro Penitenciario Varonil de Etla, Oaxaca al Centro Penitenciario de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca de diecinueve de julio de dos mil veintitrés contenida en la determinación administrativa número 6/2023. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violado, materia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que mediante resolución de veintitrés de julio de dos mil veintitrés, con apoyo en los dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, SE CALIFICÓ DE LEGAL, la determinación administrativa de traslado del quejoso Abraham Angón García, contenida en el acuerdo número 06/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca, por tanto es claro que han cesado los efectos del acto reclamado. Luego, los efectos del traslado sin autorización judicial reclamado cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por la determinación asumida por la autoridad jurisdiccional, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Diversa causal. Ahora bien, -como acto destacado- la resolución de veintitrés de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, que CALIFICÓ DE LEGAL, la determinación administrativa de traslado del quejoso Abraham Angón García, contenida en el acuerdo número 06/2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Oaxaca. Se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable consagrada en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por los motivos que se exponen a continuación. El precepto invocado señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas [.]" El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, en la especie el recurso de apelación establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 132 fracción VII que dice: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados;" En efecto, la decisión judicial que calificó de legal orden de traslado reclamada es a través del citado medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal; deben agotar el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la citada ley, que sería la resolución definitiva contra la cual procedería el juicio de amparo indirecto, de ser adversa la resolución a sus intereses. En tales condiciones, se estima que en el caso de una orden de traslado ejecutada determinación administrativa y calificada como legal en sede judicial, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Por tanto, a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial de segunda instancia podrá revisar el si la primera instancia, controló de manera adecuada el traslado, al verificar, si la autoridad administrativa atendió o se apegó a las disposiciones legales y, de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, por ende, a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna violación de derechos que haya sufrido algún interno, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo. En las relatadas condiciones, al operar las causales de improcedencia en la medida que se analizan, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracciones XVIII y XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Ante ello, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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