Abraham Álvarez Ramírez
Expediente 194/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abraham Álvarez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y certificación secretarial, se desprende que feneció el plazo de diez días, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra del proveído en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional; consecuentemente, se declara que ese auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista al quejoso, el auto de trece de febrero de dos mil diecisiete, en el que: "Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En atención a su contenido, se tiene a la citada autoridad remitiendo la copia certificada de la promoción presentada el diez de octubre de dos mil dieciséis, así como del acuerdo de ocho del mes y año en curso, en alcance a su informe justificado. Ahora bien, del contenido de la referida copia certificada, así como de las remitidas en el oficio registrado con el número de folio 1395 (fojas 24 a 36), se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto, por las siguientes consideraciones. En este sentido, es conveniente destacar que la parte quejosa en el capítulo respectivo de la demanda de acto reclamado, señala que éste lo constituye el retardo en ordenar la ejecución del laudo. Además, del análisis integral del libelo de garantías, particularmente, de lo expresado en el penúltimo párrafo de los antecedentes y en el antepenúltimo párrafo del concepto de violación, así del contenido de los documentos que en copia simple se adjuntaron a la demanda (fojas 13 a 15) y posteriormente fueron remitidos en copia certificada por el Presidente de la Junta de origen (fojas 33, 34 y 40), se advierte que el impetrante hace derivar esa dilación del hecho de que ante la inactividad que atribuye a las autoridades responsables para hacer cumplir el laudo dictado el doce de junio de dos mil doce, el citado quejoso presentó dos escritos dirigidos al expediente laboral número 1165/2006, en los cuales solicitó que se requiriera el cumplimento de la resolución culminatoria y asevera que no ha logrado algún resultado. Por tanto, el suscrito considera que en el presente asunto, el impetrante reclama al Titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como al Presidente de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo siguiente: La omisión de acordar las promociones presentadas el uno de agosto y el diez de octubre, ambas de dos mil dieciséis, mediante las cuales el quejoso solicitó que se dicte auto de ejecución; además, en el segundo de tales impresos el quejoso también pidió que se le expidiera copia certificada del laudo doce junio de dos mil doce y del acuerdo que lo declaró firme, así como la devolución de los documentos base de la acción exhibidos en el expediente laboral número 1165/2006. Además, el inconforme también se duele del retraso en la ejecución del laudo de mérito. En primer término, conviene decir que a efecto de estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, debe verificarse si en realidad la autoridad está obligada a realizar la conducta cuya falta se le atribuye, es decir, se torna necesario identificar si existe obligación jurídica de las autoridades para actuar en la forma en la que la quejosa indica, pues de no ser así se llegaría a la conclusión de que cualquier omisión reclamada fuera cierta. Para analizar esta circunstancia, es oportuno destacar, que al respecto, el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero Transitorio, se estableció que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a esa reforma debían concluirse de conformidad con ellas. En el particular, se advierte que el juicio laboral inició en el año dos mil seis, anteriormente a la emisión del Decreto precitado, entonces le son aplicables las disposiciones vigentes anteriores al decreto citado, por lo que la cita de los preceptos respectivos corresponderá a los vigentes con anterioridad a la reforma de mérito. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto omisivo reclamado, es necesario acudir a la Ley Federal del Trabajo aplicable. Precisado lo anterior, procede señalar que el suscrito considera que es inexistente la omisión que se atribuye al Titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues no cuenta con facultades legales para intervenir en procedimientos individuales de trabajo, ya que su competencia está reservada a las Juntas Especiales conforme a lo dispuesto en los artículos 606, 607, 609 y 617 de la Ley Federal del Trabajo; además, el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje integra las Juntas Especiales como representante del Gobierno solamente cuando se trata de conflictos de carácter colectivos, hipótesis que no se surte en el caso particular, debido a que el procedimiento de origen es un conflicto individual de trabajo. Por ende, resulta indudable que es inexistente el acto omisivo que se atribuye al Titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues dentro de sus atribuciones no se encuentra la de acordar las promociones dirigidas al juicio laboral radicado en la Junta Especial Número Once de ese Tribunal con el número 1165/2006, las cuales tienen por objeto activar la ejecución del laudo pronunciado en ese asunto, de ahí que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el presente juicio constitucional. Por otra parte, conviene decir que la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo, debe examinarse en relación con la fecha de presentación de la demanda, esto es, tales actos deben existir al momento en el que se presente el escrito inicial, pues de no acontecer así, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la especie, la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado, anexó copia certificada, entre otras constancias, de los acuerdos de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictados en el juicio laboral 1165/2006 (fojas 36 y 40) documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que en atención a la promoción presentada por el impetrante el uno de agosto de dos mil dieciséis, dictó auto de ejecución del laudo a cumplimentar. En ese orden, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, uno de febrero de dos mil diecisiete, la omisión alegada por el quejoso, respecto de acordar la promoción presentada el uno de agosto de dos mil dieciséis, era inexistente, en tanto que el Presidente de la Junta de origen, con anterioridad, esto es, el trece de octubre del mismo mes y año, dejó satisfecha la pretensión planteada por el impetrante en esa promoción y dictó auto de ejecución; por tanto, al ser inexistente el acto reclamado respecto de la promoción de mérito, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque el quejoso con ningún elemento de prueba podría desvirtuar que aún persiste esa omisión reclamada, si la autoridad responsable demostró con documentos que hacen prueba plena, que tal omisión era inexistente, antes de la presentación de la demanda, de ahí que en aras de no retardar injustificadamente la resolución de este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Considerar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo cual es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Máxime, porque el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en la que se apoya esta determinación, establece que procede el sobreseimiento cuando "De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional", lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, de la constancia aportada por el Presidente responsable claramente se prueba que la omisión de acordar la promoción presentada uno de agosto de dos mil dieciséis, no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Por otra parte, procede señalar que en relación al acto reclamado consistente en el retraso en la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral número 1165/2006, del índice de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, este Juzgador considera que el amparo también resulta improcedente, pues se trata de un reclamo genérico inexistente en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del numeral 63, del propio ordenamiento, como a continuación se expondrá. En este aspecto, el quejoso de forma genérica, señala como acto reclamado, la dilación o retraso en ordenar la ejecución del juicio laboral de origen, lo cual evidencia que el juicio de amparo es improcedente, al ser inexistente, al presentarse la demanda (uno de febrero de dos mil diecisiete), pues como se destacó en párrafos precedentes, con anterioridad a ello, es decir, el trece de octubre de dos mil dieciséis, la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó auto de ejecución (foja 36) y comisionó al Actuario de su adscripción para que asociado con el actor, se constituyeran en el domicilio de la demandada y le requirieran el cumplimiento de las condenas determinadas en esa resolución culminatoria, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrían las medidas de apremio previstas en el artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Por ende, la omisión genérica reclamada, es de realización incierta, en razón de que la ejecución del proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, esa actuación está sujeta al impulso y previa actuación del ejecutante, pues a éste le corresponde comparecer ante la Junta de origen para que en compañía del Actuario, se proceda a llevar a cabo la diligencia de ejecución ordenada por la Titular de ese recinto jurisdiccional, razón por la cual, no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la Presidenta indicada. Además, la ejecución forzosa de un laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, pues en aquélla se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, aunado a ello, el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas, prescriben en dos años, por lo cual no puede concederse el amparo para que la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje oficiosamente provea la ejecución del laudo, pues con tal proceder se dejaría nugatoria la figura de la prescripción legalmente prevista. En ese contexto, se concluye que como en el caso se reclama de forma genérica, la omisión de la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de ordenar el cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen, el presente amparo es improcedente, en relación con la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de la Materia, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición e impulso del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye a la Presidenta ejecutora responsable. Por lo cual no puede considerarse que corresponda a la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, llevar a cabo, de manera oficiosa, la ejecución forzosa del laudo, en razón de que tanto el inicio de dicho procedimiento, como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte que obtuvo, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario, dentro del término de dos años, so pena de que la acción para ejecutar la referida resolución prescriba; por tanto, es necesaria la participación del actor para lograr la ejecución total del laudo, antes de que transcurra el término fatal, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues de no interpretarse en ese sentido, se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 constitucional. Expresado en otras palabras, ante el reclamo de la omisión de hacer cumplir totalmente el laudo, en términos generales, no puede considerarse que tenga el carácter de inminente por corresponderle de oficio la prosecución del procedimiento de ejecución al Presidente de la Junta Especial, pues dichos actos deben considerarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad y participación del ejecutante; de ahí que se actualice la referida causa de sobreseimiento. La Presidenta de la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio registrado con número de folio 1461, remitió copia certificada de la promoción de diez de octubre de dos mil dieciséis, así como del acuerdo de ocho del mes y año en curso, relativo al juicio laboral de origen, documental que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual se advierte que con esa actuación, subsanó esa omisión reclamada, pues acordó la promoción presentada por el ahora quejoso el diez de octubre de dos mil dieciséis, dirigida al juicio natural y al respecto ordenó que se le expidieran copias certificadas de las constancias que solicitó del sumario referido; también determinó que no es procedente la devolución de los documentos base de la acción porque el expediente de origen no está concluido; además, acordó que el aquí quejoso se estuviera a lo ordenado en proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se había despachado ejecución. Luego, es patente que respecto del acto reclamado, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En la especie, como se dijo, el acto reclamado es la omisión de acordar la promoción presentada el diez de octubre de dos mil dieciséis, dirigida al expediente laboral 1165/2006, mediante la cual el quejoso solicitó se le expidiera copia certificada del laudo doce junio de doce, y el acuerdo que lo declaró firme, así como la devolución de los documentos base de la acción; sin embargo, la Presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada del proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete, del cual se advierte que acordó las pretensiones planteadas en la promoción de mérito. Por tanto, si el ocho de febrero de dos mil diecisiete, la responsable acordó la promoción citada, es inconcuso que ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, pues las cosas han retornado al estado que guardaban antes de la violación de derechos alegada, al cesar los efectos del acto reclamado, consiguiéndose con ello la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Por tal motivo, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad de referencia; asimismo, por recibida la copia certificada que adjunta; dese vista a las partes con su contenido. Relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida contra el acto del Titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del Presidente de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 194/2017-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a su contenido, se admite a trámite contra el acto reclamado del Titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del Presidente de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin integrar el incidente de suspensión por no existir solicitud expresa. Se señalan las diez horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el cual se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Por otra parte, atento al contexto en que se encuentra inmersa la litis constitucional -en razón de que el acto reclamado es omisivo- para priorizar la pronta integración y resolución del presente asunto, así como para facilitar la eficacia de una eventual sentencia protectora, no se designará como tercera interesada a la contraparte de la quejosa en el juicio primario, porque se considera que no tiene interés opuesto a ella (elemento que caracteriza la designación de los terceros interesados), por el contrario, tiene el mismo interés en que concluya el procedimiento a la brevedad, debido a que el derecho a un juicio rápido atañe a ambas partes, pues como ya se precisó, se privilegia la impartición de justicia pronta y el respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 Constitucional. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que le corresponde. Se tienen por anunciadas las pruebas que propone la parte quejosa en los numerales I a III, consistentes en la documentales que anexó en copia simple, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional, donde se proveerá sobre su admisión y desahogo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda. Ahora, se tiene por autorizada con todas las facultades que ese precepto legal confiere, a la persona nombrada en el proemio de la demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales.
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