Abraham Albarran Barajas
Expediente 571/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Abraham Albarran Barajas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ********** interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, que desechó su demanda de amparo, mismo que se le tuvo por notificado el cinco de los actuales y, acorde con lo establecido por el artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, le surtió efectos en la propia data; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el oficio registrado con el número 8550 que remite el Juez Tercero de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual declina la competencia a favor de este juzgado respecto de la demanda de amparo promovida por ********, por violaciones a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución, por considerar que este Tribunal es el idóneo para conocer y resolver sobre la misma y, al efecto, remite la demanda electrónica de amparo. En esas condiciones, resulta evidente que el Juez declinante es legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo, toda vez que de acuerdo a lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, corresponde conocer el presente asunto a este Juzgador; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38 y 48 de la ley de la materia SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA quedando registrada la demanda en el libro uno de juzgado con el número 571/2017-B; comuníquese lo anterior al Juez declinante, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, vista la demanda de amparo presentada por **********; contra actos del Juez de Control Penal de Acámbaro, Guanajuato. Fórmese expediente tanto físico como digital, y regístrese con el número 571/2017-B. Ahora, de la demanda que se atiende, se advierte que el peticionario de la tutela federal reclama en esencia, del Juez de Control Penal, Agente del Ministerio Público Investigador 1 y Comandante de la Policía Ministerial y sus elementos, todos con residencia en Acámbaro, Guanajuato, el sometimiento al proceso penal 1P0217-10. Sobre esa línea de pensamiento, es improcedente la presente instancia constitucional; por tanto, se desecha de plano la demanda. Se justifica esta determinación en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Asimismo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Así, a criterio de esta potestad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en razón de que existe uno diverso en trámite promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y acto reclamado. Precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; .". Una vez referida la causal de improcedencia que opera indefectiblemente en el caso, la cual es mejor conocida en el ámbito procesal como litispendencia, es adecuado explicar lo que se entiende por dicha figura y la manera en que ésta puede actualizarse en el caso del juicio de amparo. Así las cosas, litispendencia deriva de la conjugación de dos vocablos latinos que son "litigium" y "pendeo"; es decir, etimológicamente significa la existencia de un pleito pendiente de resolver. Ahora bien, de acuerdo a la doctrina procesal, la figura de la litispendencia refiere que un litigio está en vida, es decir, está pendiente de resolverse, o bien, se entenderá terminado, una vez que exista cosa juzgada; en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio; esta figura ha sido estudiada desde dos puntos de vista como excepción y como presupuesto procesal y tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda la más importante de estas finalidades, es evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: a) Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; y, b) Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso, produce la extinción del mismo, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen varios extremos, mejor conocidos como identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos dentro del juicio de amparo son el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la fracción X del citado artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha igualdad de elementos debe darse entre los dos juicios de amparo promovidos, pues tanto la ley de la materia como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas, determinación que se robustece con el criterio que se sustenta en la tesis número XIX.2o.12 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, enero de 1996, página 312, que es establece literalmente: LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. De todo lo expresado con antelación se desprende que para que se actualice la hipótesis en comento, se requiere que: a) La ley o el acto que se reclama sea materia de otro juicio de amparo; b) El primer juicio esté pendiente de resolverse en primera o única instancia, o bien, en revisión; y en caso de ya tener sentencia, ésta debe estar pendiente de causar ejecutoria; y c) Entre ambos juicios, se dé la triple identidad de elementos: quejoso, autoridades responsables y acto reclamado, aun y cuando las violaciones que se tilden de inconstitucionales sean diversas. Por lo que, a efecto de sustentar la actualización de la referida causal de improcedencia, de la certificación de cuenta se advierte que el diecinueve de mayo del año en curso, el quejoso *********(quien resulta ser el mismo en este asunto), presentó ante la oficina de correspondencia común de esta ciudad, diversa demanda de amparo que fue registrada bajo el número 535/2017-B, la que por turno tocó conocer a este Juzgado Octavo de Distrito. Estos datos constituyen hechos notorios, cuyas constancias conducentes se agregan en copia certificada, de conformidad con lo previsto en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en términos del criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página doscientos noventa y cinco, del siguiente rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN". De esas copias certificadas de dicho controversial, se desprende que en el citado expediente de amparo se encuentra en trámite. Sobre esa línea de pensamiento, del contenido de dicha demanda, se advierte que también es promovida por **********, contra el Juez de Control Penal, Agente del Ministerio Público Investigador 1 y Comandante de la Policía Ministerial y sus elementos, todos con residencia en Acámbaro, Guanajuato, por el acto reclamado consistente, en esencia: en el sometimiento al proceso penal **** derivado de la carpeta de investigación ****; lo que constituye la misma violación en la demanda de cuenta. Luego, es inconcuso que no puede ser objeto de análisis nuevamente, al actualizarse, de modo manifiesto e indudable, como ya se dijo, la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley en cita. Sirve de sustento, la jurisprudencia número 287, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento noventa y tres, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, intitulada: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS." En las relatadas condiciones, es decir, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por ******* Sin que pase inadvertida la jurisprudencia con número de registro 2006145, que reza: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Dado que el presente asunto no cae en la hipótesis a que se refiere el citado criterio, pues no se está dejando en estado de indefensión al peticionario de la tutela federal con el desechamiento de la presente demanda, dado que el diverso juicio de amparo 535/2017 se encuentra en trámite, y es ahí, donde conserva la oportunidad de defenderse del acto de autoridad que reclama. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de la parte impetrante para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por la parte promovente, el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación con el usuario ****** De igual modo, por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito, en razón a que no proporcionan los datos correspondientes a la autorización legal que tengan para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de constancias que deban mantenerse en secrecía.
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