Abraham Aguilar Rosas

Expediente 247/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
247/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Abraham Aguilar Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía correo institucional por el delegado de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, mediante el cual acusa recibo del oficio 10048/2020. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo 21; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó al sumario diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 247/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el tres de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia oficial en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, y turnado al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Abraham Aguilar Rosas, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Dos, con domicilio en Zihuatanejo, Guerrero. ACTO RECLAMADO "a) La falta de notificación y emplazamiento en que incurrió en mi perjuicio, en el procedimiento Agrario del que me adolezco, tramitado con el número de expediente 266/2008, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, y que hoy en día por la competencia territorial dicho expediente se encuentra registrado bajo el número 219/2011 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52 en Zihuatanejo de Azueta, Estado Guerrero. b) Todo el procedimiento de controversia Agraria (266/2008) llevado a cabo y radicado ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 41, con sede en Acapulco de Juárez, estado de Guerrero, y que hoy en día por la competencia territorial dicho expediente se encuentra físicamente en los archivos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52 en Zihuatanejo de Azueta estado de Guerrero, registrado como expediente 219/2011. c) La sentencia definitiva de fecha 24 de mayo del año 2017, dictada en el expediente 219/2011, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede Tribunal Unitario Agrario Distrito 52 en Zihuatanejo de Azueta, estado de Guerrero. d) Consecuentemente, la indebida ejecución de sentencia de fecha 24 de mayo del año 2017, que el actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario pretende llevar a cabo dentro del expediente Agrario número 219/2011. e) La ilegal desposesión de los derechos a mi favor como legitimo titular de una fracción de la parcela 50 ubicada dentro de la superficie de terreno que indebidamente fue motivo de la Litis dentro del expediente TUA-41-266/2008, hoy TUA-52-219/2011 y que de forma indebida la autoridad señalada como responsable pretende hacer entrega al ejido denominado NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EMILIANO ZAPATA." SEGUNDO.- Preceptos Constitucionales vulnerados. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, por auto de doce de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el número 247/2020; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó emplazar a la tercera interesada Asamblea General de Ejidatarios del Núcleo Agrario Nuevo Centro de Población Emiliano Zapata (NCPEZ), y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, sin que la misma se llevara al cabo, con motivo de la suspensión de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, ordenada mediante los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, por diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del tres de agosto de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos, así como la tramitación de los asuntos, por lo que en proveído de veinticinco de agosto pasado se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos emitidos dentro de un juicio agrario respecto del cual la quejosa tiene el carácter de tercero extraña y cuyo procedimiento se ventila por un tribunal agrario con domicilio dentro del ámbito de jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo establece el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a hacer la precisión de los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional, para lo cual se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda y las diversas constancias que integran el expediente del presente juicio de garantías; todo ello, de conformidad con las reglas que impone la jurisprudencia número P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, del análisis integral de la demanda de garantías, se colige que la quejosa en su carácter de tercero extraña reclama por esta vía todo lo actuado en el juicio agrario número 219/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Dos, anteriormente radicado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Uno bajo el número de expediente 266/2008, particularmente la sentencia definitiva de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en la que se declaró procedente la acción de restitución intentada por el ejido Emiliano Zapata, Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, en contra de Hilario Rosales Reyes, Evangelina Valdez Gómez, Celso Díaz Morales, Refugio Ruíz Rosales, Juvenal Rosales Campos, Victor Maciel Bustos, Joaquín Mariles Reyes, Humberto Hernández Ramírez, Miguel Barcenas Rodríguez, Luis Rosales Ortega, Pedro Portillo Rosales, Tomás Portillo García, Benicio Cabrera Espino, Gonzalo Arellano Rosales, Odilón Ruiz Rosales, Leodegario Rosales Reyes, Bertha Arellano Rosales, Humberto Rosales Rosas, José Rosales Campos y Celestino Ruiz Rosales, respecto de la parcela número 50 con una superficie de 38-30-73.981 hectáreas, que se ubican en el predio conocido como "Las Palancas", dentro de la cual refiere quedaron inmersos los solares ubicados en la manzana 15, lote 258 y manzana 15, lote 259, con una superficie aproximada de setecientos cincuenta metros cuadrados, que aduce son de su propiedad al amparo de la "CONSTANCIA DE POSESIÓN", expedida por el Presidente, Secretario y Tesorero del Comité Ejecutivo de la Colonia Ampliación Feliciano, en el Municipio de la Unión de Montes de Oca, Guerrero, así como su ejecución que se traduce en la desposesión -total o parcial- de dicho predio. TERCERO. Oportunidad de la demanda. El quejoso bajo protesta de decir verdad refiere que tuvo conocimiento de los actos reclamados el once de febrero de dos mil veinte; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del doce de febrero al tres de marzo del año en curso, descontándose por inhábiles al ser sábados y domingos los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como uno de marzo; de ahí que, si la demanda fue presentada el tres de marzo pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Dos, residente en Zihuatanejo, Guerrero, pues reconoció expresamente al rendir informe con justificación que en dicho Tribunal se tramita el juicio agrario 219/2011, en el que la quejosa no figura como parte, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa. Lo que se robustece con la copia certificada de las constancias que integran el referido expediente agrario 219/2011, que remitió en dos tomos dicha autoridad como justificación a su informe rendido en el diverso juicio de amparo 208/2020 del índice de este juzgado, que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales se tienen a la vista y hacen prueba plena de la existencia del proceder combatido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil en cita, de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías, en relación al predio del que dice, se le pretende desalojar a pesar de que afirma ser legitima poseedora del mismo. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, ambos de la ley de la materia, en su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." De la literalidad de tales preceptos, se tiene que uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, es el interés jurídico, porque si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Así, el interés jurídico aludido, reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego entonces, para que proceda el juicio de garantías es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. Orienta este punto de vista, el criterio sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia publicada en la página 117, tomo VIII, Diciembre de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, cuya literalidad es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico de un quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Tiene aplicación a este caso, la jurisprudencia que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 364, tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por consiguiente, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley de la materia; y en ese sentido, debe recordarse que sólo la posesión fundada en un título que se sustente en alguna de las figuras jurídicas que regula el derecho común es susceptible de protección en el amparo. Orienta la anterior determinación, la jurisprudencia integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así, para acreditar la afectación al interés jurídico se deben colmar ciertos requisitos, siendo éstos los siguientes: a) una persona determinada, b) un derecho legítimo de ésta, c) un acto de autoridad, y d) la afectación del citado derecho a través del acto autoritario. En el presente caso, si bien es cierto se actualiza el primero de los requisitos, referente a la persona determinada, teniendo tal carácter el quejoso Abraham Aguilar Rosas, así como la existencia del acto autoritario reclamado que recae en todo lo actuado en el juicio agrario 219/2011, particularmente la sentencia definitiva de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; no es menos cierto que lo que no se acredita es la existencia de un derecho legítimamente tutelado que haya sido lesionado por tales actos. La frase "derecho legítimamente tutelado", significa la existencia de una prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo; sin embargo, la existencia de tal facultad, en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. A fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en cita, es necesario tener presente que el quejoso basa la promoción de la presente instancia constitucional en el hecho de ostentarse poseedor de los predios ubicados en la manzana 15, lote 258 y manzana 15, lote 259, con una superficie aproximada de setecientos cincuenta metros cuadrados, que aduce quedaron inmersos en la parcela número 50 con una superficie de 38-30-73.981 hectáreas, que se ordenó restituir al ejido Emiliano Zapata, Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, en el juicio agrario número 219/2011, y para acreditar su interés jurídico allegó como pruebas: a).- Su acta de nacimiento. b).- La documental denominada "CONSTANCIA DE POSESIÓN", expedida por el Presidente, Secretario y Tesorero del Comité de la Colonia Ampliación Feliciano, en el Municipio de la Unión de Montes de Oca, Guerrero. c).- La solicitud de servicios de ingeniería en materia de topografía dirigida a José Luis Arellano Rosales. d).- La dictaminación del citado experto, en torno a la identidad del inmueble y su afectación con motivo de lo actuado en el juicio agrario 219/2011, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, antes radicado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 bajo el número de expediente 266/2008. e).- Copia simple de lo que al parecer es: e.1).- Su Clave Única de Población (CURP); y, e.2).- Su credencial de elector. Sin embargo, tales documentales carecen de eficacia probatoria ya que las descritas en los incisos e.1) y e.2) carecen de valor probatorio al tratarse de copias fotostáticas simples; es decir, son producto obtenido mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible alterar la reproducción del original, arreglarla, o en el último de los casos componerla, con la consiguiente incertidumbre que genera a quien ha de establecer su eficacia convictiva o fuerza demostrativa, ante la latente posibilidad de que tal reproducción no corresponda de manera fiel con el documento original, pero con independencia de ello solo están dirigidas a acreditar la identidad de la quejosa. De igual modo las documentales descritas en los incisos a), b), c) y d) tampoco resultan idóneas para tener por demostrado el extremo de que se trata, ya que con la primera únicamente acredita su identidad, en relación con la segunda no se advierte que se haya expedido por algún órgano de representación ejidal, y mucho menos que se otorgara en cumplimiento a algún acuerdo de la asamblea ejidal como órgano máximo de la Comunidad, la cual tiene competencia exclusiva entre otras cuestiones, de resolver sobre la regularización de la tenencia de los posesionarios, asimismo, respecto de la tercera se advierte que se trata únicamente de una solicitud que dirigió a José Luis Arellano Rosales, por lo que tampoco le favorece, mientras que la documental que el quejoso reputa como dictamen pericial no es factible ponderar su alcance demostrativo, al tenor de los preceptos que regulan dicho medio de convicción, no solo porque no se desahogó conforme a las reglas propias de la prueba pericial, sino también porque el contenido de dicha documental carece de sentido y congruencia para advertir una conclusión emitida por algún experto, que sea apta para acreditar la afirmación de la quejosa. Por tanto, no puede sino reputarse al impetrante sólo como simple ocupante del predio que dice poseer, pues en todo caso, lo único que pudiera haber acreditado en esta instancia no es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, sino una cuestión de hecho que no tiene los alcances que exige el artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, al resultar ineficaces los medios de convicción ofrecidos por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia a que hace referencia la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." También tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 853, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 581, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios invocados en el presente asunto no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 247/2020, promovido por Abraham Aguilar Rosas, contra los actos y autoridad responsable precisados en el resultando primero de esta resolución y por las razones señaladas en el último de sus considerandos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza y da fe.

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