Abner Ramos Michaus
Expediente 576/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Abner Ramos Michaus
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra del auto de sobreseimiento dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 81 y 86 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto... Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese... se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción... Por último, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes, el expediente 31/2017 de su índice, que formaba el cuaderno auxiliar I en este asunto... IV
- Principal
Téngase por recibido el oficio ********************, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, que contiene el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo ********************-de su índice- promovido por ********************. Del oficio en comento se aprecia que la Jueza Sexto de Distrito en el Estado, remite los autos del juicio tramitado en su índice, a efecto de que sea éste órgano jurisdiccional quien continúe conociendo de la demanda promovida por ********************, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado y otra autoridad. Ello, obedeció a que los actos reclamados en aquél procedimiento, derivan del mismo juicio de origen del que emanaron los actos reclamados en los expedientes ******************** del índice de este Juzgado Federal, es decir, del expediente laboral ********************del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado; por lo que consideró que se surte el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los órganos jurisdiccionales y que corresponde a este órgano jurisdiccional continuar conociendo del asunto, al haber tramitado previamente diverso juicio biinstancial en el que se reclamaron actos relacionados con el mismo juicio natural; En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta el turno por conocimiento previo para continuar conociendo del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, respecto de actos reclamados del Tribunal de Arbitraje del Estado y otra autoridad; convalidándose las actuaciones procesales realizadas por la juzgadora oficiante. Acúsese recibo. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo 576/2023-IV del índice de este órgano jurisdiccional. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama substancialmente lo siguiente: Del Tribunal de Arbitraje en el Estado y del Actuario adscrito: Las dilaciones en el procedimiento de ejecución dentro del expediente laboral 31/2017, de su índice. V. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, vistas las constancias del juicio de amparo ********************, así como los anexos que acompañó la autoridad responsable a efecto de robustecer su informe justificado, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho numeral dispone que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efectos el acto reclamado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL"; así como la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, lo siguiente: i) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya sea derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; ii) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; iii) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. A efecto de demostrar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene precisar que el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje en el Estado, consiste en la omisión de realizar trámites de ejecución dentro del expediente laboral 31/2017, de su índice. Ahora bien, se afirma que han cesado los efectos de la omisión destacada, pues de las constancias que acompaña la Presidente de la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado a su informe justificado, se aprecia que a la fecha ha cesado la omisión destacada. A efecto de acreditar lo anterior, se precisa que en los autos del juicio de origen, obra la promoción de dos de mayo de dos mil veintidós, en la que ******************** en calidad de apoderado de la parte actora - es decir, del directo quejoso del presente juicio-, hizo del conocimiento de la responsable, que la cantidad entregada como pago de la condena en un cheque, no resultaba completa. Asimismo, señaló que la parte demandada, había sido omisa en realizar el pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes ISSSSPEA, por lo que solicitaba se despachara ejecución en su contra. En atención a dicho escrito, el doce de junio de dos mil veintitrés -posterior a la presentación de la demanda de amparo el diecisiete de mayo del año que transcurre-, se emitió un auto en el que se dio respuesta a dicha promoción. Al efecto, la responsable indicó que contrario a lo manifestado por el promovente, la demandada del juicio de origen, sí dio cumplimiento con la interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veinte y la de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, al realizar el pago al que fue condenado. Asimismo, requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes ISSSSPEA, para efecto de realizar el cálculo del importe de las aportaciones de seguridad social que debía pagar el demandado Gobierno del Estado de Aguascalientes. Actuación que le fue notificada al mencionado instituto el doce de junio del año que transcurre, así como a las demás partes el trece siguiente. Bajo esta óptica, resulta indudable que con el actuar de la citada Junta, se satisfacen los requisitos antes anotados, para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. En efecto, de lo anterior puede válidamente concluirse que la omisión de continuar la ejecución del laudo que existió por parte de del tribunal de conocimiento, cuya transgresión motivaron la presentación del presente juicio de amparo, dejó de existir con el impulso antes destacado, y con ello, el quejoso fue restituido en el goce del derecho violado con los mismos efectos como se hubiere otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. Sin que sea óbice el hecho de que el peticionario aduce que la violación que sufría, consistía en que la autoridad responsable no había dictado las medidas tendentes a realizar la ejecución del laudo, esto es, de manera genérica. No obstante, dada la naturaleza del juicio de amparo, los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Lo que se traduce a que no es posible emitir una concesión para efectos futuros, sino que en caso de dilaciones procesales de naturaleza laboral, se debe ceñir a la última actuación procedente en el juicio de origen, en este caso, el proveer respecto de la promoción realizada el dos de mayo de dos mil veintidós, por ******************** en calidad de apoderado de la parte actora. Consecuentemente, si en el caso ya aconteció y esto se dio con posterioridad a la presentación de la demanda, es inconcuso que se materializaron los efectos que con un fallo protector hubiese asequido; esto es, 1) se dictó la promoción respecto de la cual no se había hecho pronunciamiento; y, 2) esta fue notificada; de ahí lo manifestó e indudable de la causal que se invoca. Sirve de apoyo el criterio 2a. CV/2013 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, la cesación de efectos queda demostrada plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que en tal acontecer lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en relación al acto reclamado en estudio la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia por unificación de criterios 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." No se señala fecha de audiencia constitucional. Derivado de lo anterior, no resulta dable señalar fecha de audiencia constitucional. ...Con el contenido del presente acuerdo, dese vista a la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, para que realice la compensación correspondiente, a fin de equilibrar las cargas de trabajo en los Juzgados de Distrito en el Estado, en razón de que el asunto se remitió directamente a este órgano jurisdiccional.... IV
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS... (Téngase por recibido el oficio ********************, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, que contiene el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo ********************-de su índice- promovido por ********************. Del oficio en comento se aprecia que la Jueza Sexto de Distrito en el Estado, remite los autos del juicio tramitado en su índice, a efecto de que sea éste órgano jurisdiccional quien continúe conociendo de la demanda promovida por ********************, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado y otra autoridad. Ello, obedeció a que los actos reclamados en aquél procedimiento, derivan del mismo juicio de origen del que emanaron los actos reclamados en los expedientes ******************** del índice de este Juzgado Federal, es decir, del expediente laboral ********************del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado; por lo que consideró que se surte el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los órganos jurisdiccionales y que corresponde a este órgano jurisdiccional continuar conociendo del asunto, al haber tramitado previamente diverso juicio biinstancial en el que se reclamaron actos relacionados con el mismo juicio natural; En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta el turno por conocimiento previo para continuar conociendo del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, respecto de actos reclamados del Tribunal de Arbitraje del Estado y otra autoridad; convalidándose las actuaciones procesales realizadas por la juzgadora oficiante. Acúsese recibo. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo 576/2023-IV del índice de este órgano jurisdiccional. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama substancialmente lo siguiente: Del Tribunal de Arbitraje en el Estado y del Actuario adscrito: Las dilaciones en el procedimiento de ejecución dentro del expediente laboral 31/2017, de su índice. V. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, vistas las constancias del juicio de amparo ********************, así como los anexos que acompañó la autoridad responsable a efecto de robustecer su informe justificado, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho numeral dispone que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efectos el acto reclamado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL"; así como la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, lo siguiente: i) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya sea derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; ii) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; iii) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. A efecto de demostrar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene precisar que el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje en el Estado, consiste en la omisión de realizar trámites de ejecución dentro del expediente laboral 31/2017, de su índice. Ahora bien, se afirma que han cesado los efectos de la omisión destacada, pues de las constancias que acompaña la Presidente de la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado a su informe justificado, se aprecia que a la fecha ha cesado la omisión destacada. A efecto de acreditar lo anterior, se precisa que en los autos del juicio de origen, obra la promoción de dos de mayo de dos mil veintidós, en la que ******************** en calidad de apoderado de la parte actora - es decir, del directo quejoso del presente juicio-, hizo del conocimiento de la responsable, que la cantidad entregada como pago de la condena en un cheque, no resultaba completa. Asimismo, señaló que la parte demandada, había sido omisa en realizar el pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes ISSSSPEA, por lo que solicitaba se despachara ejecución en su contra. En atención a dicho escrito, el doce de junio de dos mil veintitrés -posterior a la presentación de la demanda de amparo el diecisiete de mayo del año que transcurre-, se emitió un auto en el que se dio respuesta a dicha promoción. Al efecto, la responsable indicó que contrario a lo manifestado por el promovente, la demandada del juicio de origen, sí dio cumplimiento con la interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veinte y la de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, al realizar el pago al que fue condenado. Asimismo, requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes ISSSSPEA, para efecto de realizar el cálculo del importe de las aportaciones de seguridad social que debía pagar el demandado Gobierno del Estado de Aguascalientes. Actuación que le fue notificada al mencionado instituto el doce de junio del año que transcurre, así como a las demás partes el trece siguiente. Bajo esta óptica, resulta indudable que con el actuar de la citada Junta, se satisfacen los requisitos antes anotados, para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. En efecto, de lo anterior puede válidamente concluirse que la omisión de continuar la ejecución del laudo que existió por parte de del tribunal de conocimiento, cuya transgresión motivaron la presentación del presente juicio de amparo, dejó de existir con el impulso antes destacado, y con ello, el quejoso fue restituido en el goce del derecho violado con los mismos efectos como se hubiere otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. Sin que sea óbice el hecho de que el peticionario aduce que la violación que sufría, consistía en que la autoridad responsable no había dictado las medidas tendentes a realizar la ejecución del laudo, esto es, de manera genérica. No obstante, dada la naturaleza del juicio de amparo, los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Lo que se traduce a que no es posible emitir una concesión para efectos futuros, sino que en caso de dilaciones procesales de naturaleza laboral, se debe ceñir a la última actuación procedente en el juicio de origen, en este caso, el proveer respecto de la promoción realizada el dos de mayo de dos mil veintidós, por ******************** en calidad de apoderado de la parte actora. Consecuentemente, si en el caso ya aconteció y esto se dio con posterioridad a la presentación de la demanda, es inconcuso que se materializaron los efectos que con un fallo protector hubiese asequido; esto es, 1) se dictó la promoción respecto de la cual no se había hecho pronunciamiento; y, 2) esta fue notificada; de ahí lo manifestó e indudable de la causal que se invoca. Sirve de apoyo el criterio 2a. CV/2013 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, la cesación de efectos queda demostrada plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que en tal acontecer lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en relación al acto reclamado en estudio la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia por unificación de criterios 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." No se señala fecha de audiencia constitucional. Derivado de lo anterior, no resulta dable señalar fecha de audiencia constitucional. ...Con el contenido del presente acuerdo, dese vista a la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, para que realice la compensación correspondiente, a fin de equilibrar las cargas de trabajo en los Juzgados de Distrito en el Estado, en razón de que el asunto se remitió directamente a este órgano jurisdiccional.... IV)
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