Abner Alexis Mora Rincón
Expediente 1240/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1240/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abner Alexis Mora Rincón
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven xxxx, por derecho propio, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1240/2019. Toda vez que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio está obligado el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, se analizará este. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por xxxx, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente a la Secretaria de Protección Ciudadana, y otras autoridades, y la declina en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic en turno, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el original del escrito de demanda a la oficina de correspondencia común respectiva, para que por su conducto remita el presente juicio al órgano que por razón de turno corresponda, solicitando acuse de recibo. Una vez que el juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Con independencia de lo anterior, respecto del acto reclamado consistente en la orden de trasladado de los quejosos del Centro de Reinserción en el que están a un diverso, con fundamento en los artículo 125, 128, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, se CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO la suspensión respecto de aquél, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y los solicitantes del amparo NO SEAN TRASLADADOS del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noreste, en Tepic, Nayarit, a un diverso centro penitenciario. La suspensión otorgada no surtirá efecto sí: La orden de traslado fue emitida por una autoridad judicial. Exista peligro inminente de un motín o conflicto que pueda derivar en agresiones o violencia en el interior del penal. Se haya decretado tal medida por una cuestión de salud por la que se pretenda salvaguardar la de los internos y la del personal de reclusorio. En el caso de que la conducta de los internos sea potencialmente peligrosa respecto de los funcionarios del reclusorio, visitantes e internos. La orden de traslado proviene del cumplimiento a una ejecutoria de amparo. La parte quejosa este procesada por el delito de delincuencia organizada. Del mismo modo, la referida medida suspensional, tampoco surtirá efecto si se realiza en cualquiera de los supuestos que prevén los artículo 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es: Tratándose en casos de emergencia por cualquier medio; En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Y que lo anterior, se realice en todos los casos, siguiendo el procedimiento que prevén dichos numerales 51 y 52, esto es, que tal traslado sea autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso; también a solicitud del Ministerio Público ante el Juez de Control, tratándose de personas sujetas a prisión preventiva; o a través de una resolución administrativa con el único requisito de que se notifique al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables para que en un término no mayor de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidos que si al hacerlo afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 204 del Código Penal Federal. Comuníquese a las autoridades responsables que a efecto de que estén en aptitud de dar cumplimiento a los requerimientos urgentes hechos por esta autoridad, el correo electrónico institucional 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término fijado en párrafos que anteceden, remitan las constancias de donde se adviertan las condiciones en que guarda internamiento en el centro carcelario a su cargo los aquí quejosos, previniendo a dicha autoridad que la violación de este mandato entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. (...)." Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a xxxx. Finalmente, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos está internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 116, párrafo segundo, 27, fracción I, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, en términos de su numeral 2°, así como Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en Turno, para que en auxilio de la justicia federal ordene a quien corresponda, se sirva notificar este proveído a los quejosos, entregándoles para tal efecto copia autorizada del mismo; hecho lo anterior, de inmediato devuelva el citado despacho por la misma vía. Por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se le solicita se sirva habilitar días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en razón al artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos municipios aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcoalt; en consecuencia se instruye al actuario adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." Finalmente, se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
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