Abisaí Espinoza Hernández

Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
314/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Abisaí Espinoza Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse negado y concedido tanto la medida cautelar provisional y la definitiva a la parte quejosa; el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de a demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de tres de enero del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta, firmado por el quejoso**** por el que proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que es el mismo que proporciono en su escrito de demanda y se acordó lo procedente en auto admisorio de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (Folio 5534). Por otra parte, como solicita el promovente se tienen únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Armando Parada Ramírez y Carlos Morales Sánchez; sin revocar a los que señaló en su escrito inicial demanda. Notifíquese..

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa **********, no desahogó la vista otorgada en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el invocado artículo 196 de la Ley de la Ley de Amparo. ************ En proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable ordenadora Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, informó que con fecha ocho de noviembre del presente año, se desahogó la audiencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, previo requerimiento en acuerdo de veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, se tuvo al juez citado de control remitiendo el disco compacto que contiene el audio y video de la citada audiencia de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia engrosada de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa Abisaí Espinoza Hernández, el amparo y protección de la justicia de la unión para los efectos siguientes: "a) Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal 178/2020, contra Abisaí Espinoza Hernández como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito violación equiparada cometido en agravio de la menor de nombre con iniciales A.R.E., a partir de la comunicación de la imputación; b) En audiencia formal ante las partes, primeramente deberá verificar que quien asistió al imputado tanto en la audiencia inicial como en la relativa a la vinculación a proceso, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable de licenciado en derecho, y que el original o copia certificada de la cédula profesional, se encuentre registrada ante el Sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado. c) Si del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho o abogado debidamente registrado, de ello dejará constancia en la misma audiencia y seguido el proceso en todas sus fases, resolverá la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. En el entendido que deberá vigilar en todo momento la actuación del defensor para que el derecho de defensa técnica y adecuada del imputado, sea realmente efectivo y no únicamente una cuestión de formalidad, en aras de evitar la vulneración de ese derecho en perjuicio del justiciable, y de advertir que este incurre de nueva cuenta en una manifiesta y sistemática defensa técnica deficiente, con fundamento en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá evaluar dicha circunstancia y de ser el caso, remover al defensor público de su cargo, dando vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución, haciendo saber al imputado las deficiencias técnicas en que ha incurrido su defensa; o, en su caso, prevenir al imputado para que nombre un nuevo defensor y, de no tener la posibilidad de hacerlo, le designe un defensor público para que colabore con aquél. d) Si por el contrario, resulta que el defensor no era licenciado en derecho, en la audiencia inicial, deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar un defensor particular u opta por señalar a uno público, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver la situación jurídica del quejoso con plenitud de jurisdicción, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. En el entendido que: e) En ambas hipótesis, se deberá cumplir con el requisito formal de que el juez ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió tanto la audiencia inicial como la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. f) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias". (sic) Ahora bien, del examen de las documentales a que se ha hecho referencia de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, que tienen valor probatorio pleno, se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo lo siguiente: a) El Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, en audiencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dejó sin efectos, el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal 178/2020, asimismo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (audio de cumplimiento a la sentencia de amparo 10:20:05 a 10:21:20). b) Posteriormente en dicha audiencia se verificó la cédula profesional de la defensa pública del imputado, la cual fue proyectada en audiencia virtual, de la que se advierte que se encuentra a nombre de Alberto Luna López, con número 5847229, expedida en copia certificada el nueve de octubre de dos mil diecisiete, por el notario público licenciado Enrique Espinosa Medida, número ciento nueve, por lo que el Juez de Control tuvo por acreditado a la defensa pública como licenciado en derecho y que dicho documento se encuentra registrado en el aludido juzgado de control (audio de cumplimiento a la sentencia de amparo 10:23:11 a 10:23:28). c) Asimismo, el referido Juez hizo del conocimiento al imputado aquí quejoso, que tenía derecho a nombrar a un defensor diverso, por lo cual manifestó que sí era su deseo ser asistido por una defensa particular, nombrando a Noel Valdivieso Tapia y Carlos Morales Sánchez, por lo cual también se verificó que contaran con cédula profesional, las cuales fueron proyectadas en la citada sala de audiencias, advirtiéndose que dichos documentos se encuentran a nombre de éstos, con un número 3373251 y 2283241, respectivamente, y que las mismas se encontraban registradas en ese juzgado (audio de cumplimiento a la sentencia de amparo 10:27:00 a 10:27:39). d) Ahora, el Juez responsable se pronunció nuevamente en relación con la solicitud inicial que realizó el Ministerio Público, para resolver su situación jurídica y dictó auto de vinculación en la causa penal 178/2020, contra Abisaí Espinoza Hernández como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito violación equiparada cometido en agravio de la menor de nombre con iniciales A.R.E., asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de manera definitiva quedando el imputado aquí quejoso, interno en el Centro Penitenciario de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. En consecuencia, se estima que el fallo protector ha quedado cumplido, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. ********** Notifíquese personalmente a las partes; al quejoso en el lugar donde se encuentra interno, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, y por oficios a las autoridades responsables.

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