Abimelec López López

Expediente 993/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
993/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Abimelec López López

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo, origen de este expediente, sin que lo haya hecho. Se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, al promovente , en el presente juicio de amparo, atendiendo al apercibimiento que se le hizo en el AVISO que se dejó previamente en su domicilio, para los efectos legales a que haya lugar San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 993/2018. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Abimelec López López, por las razones que se exponen a continuación: Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual solo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, de oficio se advierte que los actos reclamados al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca -autoridad ordenadora- y al ejecutor adscrito a dicho tribunal, conocedor del expediente 40/2010 -autoridad ejecutora- se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;.". Del precepto transcrito derivan dos hipótesis de improcedencia, la primera cuando se trata de las resoluciones emitidas en los juicios de protección de derechos fundamentales y otra, que es la que atañe al presente asunto, concerniente a las determinaciones que se dicten en ejecución de las mismas. Al respecto, es pertinente anticipar que tal dispositivo se refiere a aquellas resoluciones que ineludiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano de control constitucional las obliga a realizar determinadas acciones, esto es, les impone lineamientos para cumplir con el fallo protector, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que necesariamente tiene que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal; de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior; ello es así, porque admitir un nuevo juicio de amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, al abrir el camino de un nuevo juicio constitucional. La causal de inejercitabilidad también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 539, Tomo: XXVI, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías". Asimismo, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 285, Octava Época, Tomo X, Septiembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable". Igualmente, la jurisprudencia XXI.1º. J/15 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 867, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Ahora, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, porque el acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, consiste en el acuerdo dictado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente 40/2010, por el cual SE DEJA SIN EFECTOS LA ADMISIÓN DE LA RECONVENCIÓN HECHA VALER POR EL NÚCLEO AGRARIO DENOMINADO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS, EMPLAZAMIENTOS, CONTESTACIONES A LA MISMA, PRUEBAS RESPECTIVAS, SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE REFERENCIA, TÚRNESE LOS AUTOS A SECRETARÍA DE ESTUDIO Y CUENTA PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, INFÓRMESE AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO; y por la que hace al ejecutor adscrito al referido tribunal conocedor del citado juicio, su ejecución material. Se justifica lo anterior, debido que dicha determinación proviene del cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro del diverso juicio constitucional 193/2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, promovido por la aquí quejosa en contra de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario en el expediente 406/2016-46, por el cual se confirma la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario número 46 en el juicio 40/2010, en el cual se resolvió a favor de la Comunidad Agraria de Nochixtlán, Oaxaca, la restitución de sus bienes comunales. De la revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte como hecho notorio que en la ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa en el juicio de amparo 193/2017 se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto que el Tribunal agrario responsable reponga el procedimiento, y no admita la demanda reconvencional planteada por la comunidad tercera con interés en el juicio agrario, limitándose a reconocer a la comunidad como tercera interesada, la cual admitió indebidamente en la audiencia de DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL ONCE; y, hecho lo anterior, emita una nueva sentencia en la que resuelva el juicio agrario conforme en derecho proceda, de acuerdo con la Litis planteada, prescindiendo de la demanda reconvencional. Ejecutoria que se declaró cumplimentada el siete de septiembre de dos mil dieciocho (sin que las partes hubieren desahogado la vista que se les otorgó), en los términos siguientes: ".77. En las relatadas circunstancias al haber resultado fundados los agravios señalados como: segundo, noveno y décimo, hechos valer por el recurrente, este órgano jurisdiccional, considera que lo procedente en este asunto es revocar la sentencia emitida el 17 de agosto de 2015, en los autos del juicio agrario número 40/2010, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, para el efecto de que en términos de lo previsto por el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el Tribunal Agrario reponga el procedimiento y no admita la demanda reconvencional planteada por la comunidad tercera con interés en el juicio agrario, limitándose a reconocer a la comunidad como tercera interesada y hecho lo anterior, emita una nueva sentencia en la que resuelva el juicio agrario conforme en derecho proceda de acuerdo con la Litis planteada, prescindiendo de la demanda reconvencional.". (fojas 191-193). En consecuencia, al haber cumplido la autoridad responsable en sus términos con la ejecutoria de amparo en cita, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplido el fallo protector, en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable." Derivado de lo anterior, se aprecia de lo manifestado por la propia quejosa como acto reclamado forma parte de los lineamientos otorgados por la superioridad, pues el tribunal agrario, en el acuerdo dictado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho: "DEJA SIN EFECTOS LA ADMISIÓN DE LA RECONVENCIÓN HECHA VALER POR EL NÚCLEO AGRARIO DENOMINADO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS, EMPLAZAMIENTOS, CONTESTACIONES A LA MISMA, PRUEBAS RESPECTIVAS, SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE REFERENCIA, TÚRNESE LOS AUTOS A SECRETARÍA DE ESTUDIO Y CUENTA PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, INFÓRMESE AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO." Situación que impide a este órgano jurisdiccional analizar el acto reclamado en esta instancia constitucional, ya que el escrutinio de la actuación de la autoridad responsable podría ser en todo caso, materia del cumplimiento, es decir, si existe inconformidad con éste, pues incluso en sus conceptos de violación señala que la responsable se "extralimitó"; pero no de un nuevo juicio de garantías como aquí lo pretende la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia XX. J/3, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 251, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO JUICIO DE GARANTIAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías, contra una resolución dictada en estricto apego y en cumplimiento de la ejecutoria que resolvió el juicio constitucional, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la razón de que los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de garantías anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2010008, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 307, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." En consecuencia, lo procedente es el desechamiento de la demanda por notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y por autorizados para tales efectos así como para imponerse de los autos, a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. Notifíquese personalmente.

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