Abimael Tuz Mena

Expediente 412/2013 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
412/2013
Año
2013
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2013

Partes del expediente

  • Abimael Tuz Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio y anexo que remite el Secretario de Acuerdos del segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja de su estadística, la cual en lo conducente establece: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja" En ese contexto, se ordena el archivo del presente asunto

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad remitente acusa recibo del informe justificado que la suscrita rindió, para la substanciación del recurso de queja interpuesto, e informa que tuvo por admitido el recurso en comento.

  3. Principal

    Visto el contenido del aviso de veintiocho de junio de dos mil trece, se gace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintiséis de junio del año en curso, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de catorce de junio de dos mil trece, en consecuencia se tiene por interpuesto el recurso en mención, en su oportunidad envíense los autos al Tribunal de alzada para la substanciación del mencionado recurso.

  4. Principal

    En atención al citatorio de catorce de junio del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y se notifica por lista el auto de trece de junio de dos mil trece a la parte quejosa, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Abimael Tuz Mena, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de seis de junio de dos mil trece, bajo protesta de decir verdad manifiesta que la fecha de conocimiento del acto reclamado fue el uno de marzo del año en curso, por tanto, se tiene por cumplida la prevención efectuada en el auto antes descrito. Como cuestión previa y dado el sentido que regirá esta determinación, se considera dable destacar lo siguiente: Mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación se abrogó la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis. En esta Ley de Amparo abrogada, en su artículo 21 establecía que el término genérico para promover el juicio constitucional era de quince días. Asimismo, indicaba los tres momentos a partir de los cuales debía computarse. Empero, en su diverso numeral 22 señalaba los casos específicos de excepción; así, por ejemplo, en la fracción II refería que tratándose de actos que importaran, entre otros, ataques a la libertad personal la demanda de amparo podía interponerse en cualquier tiempo. Ahora, en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en su artículo 17 prevé que el término para promover juicio de amparo lo es de quince días y menciona los casos de excepción, de los cuales destaca, atendiendo lo controvertido en este juicio, que cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. Dicho lo anterior, cabe indicar que en la especie del análisis integral de los escritos inicial y aclaratorio de demanda, se advierte que el quejoso reclama: "IV.- ACTOS DE AUTORIDAD RECLAMADO: Reclamo el auto de formal prisión decretado en mi contra por el Juez Penal de Primera Instancia del distrito Judicial de Felipe carrillo Puerto UNO DE MARZO DE AÑO DOS MIL TRECE, en la causa penal 140/2012 por el delito de ROBO CALIFICADO." Ahora, atendiendo que la resolución reclamada implica ataques a la libertad personal del quejoso, pues se trata del auto formal prisión dictado en su contra, se puede concluir que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, estos es, tres de abril de dos mil trece, el amparista estaba en posibilidad de promover juicio de amparo biinstancial contra dicha resolución en cualquier momento, dado que se trata de un acto de aquéllos que la Ley de Amparo abrogada tenía como excepción del término de quince días para instar el juicio de amparo. Sin embargo, la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema, especifica que la excepción de merito es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en efecto, el numeral 17, dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por ende, si en la especie el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por el quejoso en el apartado de antecedentes, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. Ahora, el quejoso en su escrito aclaratorio manifiesta que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el uno de marzo de dos mil trece; sin embargo, se considera que el término para computar los quince días que tenía el quejoso para presentar su demanda de amparo, lo es a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, esto es, del tres de abril de dos mil trece, dado que la Ley de Amparo abrogada no le exigía término alguno para instar el juicio de amparo contra la determinación reclamada, por ello, no sería válido concluir que esta resolución fue consentida antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente. No obstante lo anterior, se considera actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que prevé el primero de ellos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del numeral previamente reproducido se tiene que cuando un juicio de amparo no sea promovido dentro de los términos mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra de actos que en opinión del amparista lo agravian, los mismos se reputan tácitamente consentidos, para efectos de la procedencia de ese medio extraordinario de control constitucional. Por tanto, como se mencionó anteriormente, si el término para computar los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, será en la especie a partir del tres de abril de dos mil trece y el escrito de demanda fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, el cinco de junio de dos mil trece, según se advierte del sello de recibido, válidamente se concluye que la presentación de la demanda resulta notoriamente extemporánea al haber transcurrido en exceso el plazo de quince días que la ley concedía para instar el juicio constitucional y, como consecuencia de ello, los actos reclamados se consideran como tácitamente consentidos. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, respecto a los actos que en este amparo se reclaman, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.

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