Abimael Gonzalez Miranda
Expediente 10/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abimael Gonzalez Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, devuélvase al 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de la Unidad Norte del Sistema Tradicional (antes Séptima Agencia del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina), el duplicado de la indagatoria 260/2015/7APUE de su índice, que remitió en justificación a su informe (anexo I) y, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo del mismo. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa a equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 10/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Abimael González Miranda; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el tres de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Abimael González Miranda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "IV.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es en su doble carácter de ordenadora y ejecutora, el Ciudadano Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa de Tramite Matutina Delegación Séptima del Estado de Puebla, con dirección en Anillo Periférico Ecológico Km 4 5, 72702 Cuautlancingo, PUE. V.- ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN: Son: 1) La omisión de acordar acerca del nombramiento del nuevo nombramiento de abogados defensores solicitado con fecha 11 de abril de 2016, ante la responsable; 2) La falta de acuerdo a mi escrito presentado el 11 de Abril de 2016, ante la responsable; y 3) La falta de acuerdo acerca de la solicitud de copias certificadas de la AP-260/2015 solicitadas con fecha 11 de abril de 2016." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 8, 17, y 20 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, se registró bajo el juicio de amparo indirecto 10/2017 y se admitió a trámite la demanda promovida por Abimael González Miranda, se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado (fojas 7 a 10). TERCERO. Cita para audiencia. Previo trámite del juicio, en auto de treinta de enero de esta anualidad (foja 18), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierte del análisis integral de la demanda y su ampliación, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la quejosa esencialmente reclama: a) La omisión de acordar su escrito presentado el once de abril de dos mil dieciséis, en la averiguación previa 260/2015/7APUE del índice de la representación social responsable, en el cual solicitó nombrar abogados en dicha indagatoria, revocando los nombramiento anteriores y la expedición de copias certificadas de todo lo actuado. TERCERO. Existencia o Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, proceder al análisis del fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, antes denominada Séptima Agencia del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina, al rendir su informe justificado (foja 16), negó la existencia de la omisión reclamada. Inexistencia que se corrobora, con el duplicado de la averiguación previa 260/2015/7APUE, del índice de la autoridad responsable (anexo I), al cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: -El quejoso Abimael González Miranda presentó escrito el once de abril de dos mil dieciséis, ante la responsable, en la averiguación previa 260/2015/7APUE, en el cual solicitó nombrar como abogados patronos a José Manuel Mora Hernández y a María Elena Flores Robles, revocando los nombramiento anteriores y la expedición de copias certificadas de todo lo actuado (foja 80 anexo I). - Derivado de lo anterior, la representación social responsable, por auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, requirió al aquí quejoso, a efecto de que ratificara tal escrito, por certeza jurídica, reservándose a proveer al respecto de sus peticiones, hasta en tanto compareciera a realizar lo conducente (foja 78 anexo I). Por tanto, la omisión de acordar el escrito presentado el peticionario de amparo, al momento de presentarse la demanda de garantías, es inexistente, y sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario que desvirtué tal negativa. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De ahí que, si la demanda de amparo se presentó el tres de enero de dos mil diecisiete (foja 2) y el acuerdo que recayó como contestación a la promoción presentada el once de abril de dos mil dieciséis ante la responsable, en la averiguación previa 260/2015/7APUE, se emitió el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la omisión reclamada es inexistente. Por otra parte, esta Juzgadora advierte que en la razón que obra a foja 81 vuelta del duplicado de la averiguación previa 260/2015/7APUE, levantada por la representación social, donde notificó al peticionario de amparo, carece de fecha, toda vez que únicamente hizo constar la hora, el lugar y las características del inmueble señalado para recibir notificaciones por el peticionario de amparo, sin embargo, se actualiza la diversa causal de inejercitabilidad contenida en el artículo 61 fracción XI. En efecto, el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, si en la presente instancia constitucional se dio vista al peticionario de amparo con el informe justificado de la autoridad responsable quien remitió el duplicado de la averiguación previa 260/2015/7PUE, donde existe el acuerdo recaído a la promoción presentada el once de abril de dos mil dieciséis -omisión de acuerdo de la que se duele la parte quejosa-, aunado a que en auto de uno de este propio mes de febrero de dos mil diecisiete (foja 24) se le autorizaron copias certificadas de tales constancias (las cuales solicitó por escrito de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete), se pone de manifiesto que la respuesta a su escrito, ya se hizo del conocimiento del quejoso, por lo que se han destruido todos los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el mencionado acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicabilidad por su contenido la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no contraviene la Ley de amparo vigente, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. OFICIO DE REVOCACION NO NOTIFICADO. Si el oficio revocatorio del crédito fiscal impugnado, que en copia al carbón exhibe la responsable, se encuentra debidamente requisitado y fue emitido por la autoridad competente para ello, no existe razón alguna para no otorgarle valor probatorio respecto de la resolución que en él se contiene, así como tampoco para negarle el efecto de hacer cesar el acto reclamado, consistente en la determinación y cobro del impuesto combatido, que revoca, no obstante que no exista constancia o de que en efecto esa resolución no haya sido notificada previamente a la quejosa; pues al exhibirlo la responsable en el juicio y conocerlo la quejosa por habérsele dado vista con el informe justificado, se subsana la posible falta de notificación anterior." En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracciones IV y V del citado ordenamiento legal se decreta el sobreseimiento en la presente contienda constitucional. CUARTO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Abimael González Miranda, en contra de la omisión reclamada al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, antes denominada Séptima Agencia del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito signado por José Manuel Mora Hernández, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Abimael González Miranda, en atención a su contenido, expídanse a su costa las copias certificadas a que hace referencia en su ocurso de mérito, previa razón que de su recibo otorgue en autos, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones de las que se advierte que fueron señaladas las nueve horas con veinte minutos del uno de febrero del actual (foja 9 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil diecisiete (foja 17), se tuvo a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, antes denominada Séptima Agencia del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina, rindiendo su informe justificado; y, al ser un hecho notorio que no mediará el término a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes del contenido del referido informe; esto es, que deberán mediar por lo menos ocho días entre su notificación y la fecha para su celebración, por lo que, no se encuentra debidamente integrado el presente asunto, llegada la fecha antes citada. En razón de lo anterior, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las doce horas con cuarenta minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.
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