Abilene Ortiz Torres

Expediente 283/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
283/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Abilene Ortiz Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, no obstante que se haya concedido la provisional, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Incidental

    Único.- Se niega a ***, la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables en términos del considerando tercero. Notifíquese.

  4. Principal

    I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vistos los autos de cuenta y toda vez que se tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Quinto Distrito Judicial del Estado de Durango, con residencia en Canatlán, realizara lo siguiente: "1.- Que el Juez responsable deje insubsistente el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno; y, 2.- En su lugar, emita otro en el que, de manera fundada y motivada, siga los lineamientos especificados en el presente fallo". III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 1475/2021, informó que en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el diverso acuerdo de trece mayo del mismo año. Previo a fijar la convivencia de los menores con su progenitor no custodio, ordenó el estudio psicológico de los menores y ambos padres y requirió información a la Dirección Municipal de Seguridad Pública respecto a las llamadas de auxilio realizada por la madre de los menores en virtud de los posible actos de violencia del padre, cometidos contra los menores y su madre; para lo cual giró los oficios 1468/2021, 1469/2021 y 1470/2021. Por oficio 1593/2021 de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió el diverso oficio sin número del Departamento de Psicología SMDIF Canatlán, donde dicha autoridad fijó el día veintinueve del mismo mes y año para llevar a cabo la valoración psicológica indicada. Finalmente, por oficio 268/2022, la autoridad responsable remitió la resolución de uno de marzo de dos mil veintidós, donde indicó que la convivencia presencial del padre no custodio con el menor de iniciales ***, estaba condicionada a que previamente se efectuara terapia con los integrantes de la familia y, cuando el psicólogo lo estime pertinente, comience la convivencia presencial con dicho menor, por lo que de momento sería llevada cabo mediante videollamda; por cuanto al diverso menor de iniciales ***, ordenó la convivencia con su progenitor no custodio mediante videollamada, y una vez que cumpliera cinco años, serían llevadas a cabo las valoraciones correspondientes para la modalidad de convivencia presencial. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que el Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Quinto Distrito Judicial del Estado de Durango, con residencia en Canatlán, incurrió en un defecto en el acatamiento de la sentencia de amparo. En tal sentido, acorde con la tesis 1a. LXII/2018 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, intitulada: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO", las autoridades responsables deben acatar en la totalidad los efectos precisados en la tutela protectora, empero, aquellas no están desvinculados con las consideraciones y razonamientos plasmados en la sentencia de amparo. Así, las consideraciones de la sentencia de amparo evidencian que la autoridad estaba constreñida a valorar tres aspectos fundamentales previo a fijar el régimen de convivencia, a saber: 1. Situación actual respecto a la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2, en aras de velar por el derecho a la salud de los menores involucrados; 2. Examen de la situación psicológica de los menores y ambos padres; y 3. Atender los antecedentes de violencia para efecto de velar por la seguridad de los menores. Por lo que respecta al primer punto, la autoridad tomó en cuenta las variaciones del semáforo epidemiológico, por lo cual fijó un régimen de convivencia mediante el empleo de "videollamadas". Por lo que hace al segundo punto, fueron llevadas a cabo las valoraciones psicológicas de los menores y sus progenitores, para lo cual concluyó que, debido a las recomendaciones del "DIF Municipal", era necesario llevar a cabo "terapia" y, una vez que el psicólogo asignado a los menores y sus padres lo considere pertinente, sería fijada la convivencia presencial. Por lo que hace al menor de iniciales ***., debido a su edad, indicó que no era posible llevar a cabo una valoración psicológica según las recomendaciones del "DIF Municipal", por lo que fijó una convivencia a distancia por "videollamada" y, estimó que el momento prudente para fijar una convivencia presencial lo sería hasta que dicho menor cumpliera cinco año, previas valoraciones psicológicas. Ahora, el defecto en el que incurrió la responsable, deriva de la circunstancia de no haber valorado los antecedentes de violencia familiar imputados al padre de los menores y que fueron informados por la madre de éstos. Sobre ese tópico, en la sentencia quedó precisado lo siguiente: "Proceder que resulta jurídicamente incorrecto, habida cuenta que la responsable dejó de atender que en los escritos de referencia, se hizo del conocimiento al juzgador, de circunstancias que ponen en evidencia una situación que puede generar un peligro en la integridad de los menores; circunstancias que obligaban fueran atendidas para así dictar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los niños al momento de establecer el régimen de convivencia, dado que, como se ha establecido en párrafos precedentes, el juez de instancia, atendiendo al interés superior de los niños, cuya protección reforzada se encuentra constitucional y convencionalmente establecida, debe ponderar las medidas que resulten necesarias con la finalidad de proteger, garantizar y asegurar los derechos fundamentales de los menores. De ahí que, si la ahora quejosa hizo del conocimiento de la existencia de situaciones de violencia intrafamiliar que denotan un posible riesgo a la integridad de los niños, es inconcuso que independientemente de la etapa procesal en que se encuentre el juicio, debió atender esas manifestaciones al momento de establecer la forma en que debía materializarse el régimen de convivencia, mediante medidas idóneas que tiendan a salvaguardar la integridad de los aludidos menores. [.] Ello es así, cuenta habida, que el Juez responsable se encuentra en la necesidad de actuar con celeridad ante las manifestaciones de la accionante respecto a la posible violencia intrafamiliar, que aduce, ejerce el progenitor, a fin de no comprometer la integridad de los menores, desde luego desde la perspectiva de su interés superior. Es decir, la premura que el interés superior del menor apremia en las actuaciones jurisdiccionales, debe ser acompañada de un estudio pormenorizado del contexto, los elementos, necesidades y circunstancias específicas de cada menor, lo que implica actuar con celeridad, minuciosidad, creatividad y, de ser necesario, allegarse de las pruebas, máxime que en el caso se está fijando un régimen de convivencia, puesto que ante la existencia de esos datos, se justifica la imperiosa necesidad de recabar mayores elementos que permitan establecer la veracidad de esa información y así, determinar la forma en que debe llevarse a cabo el régimen de convivencia del progenitor con sus menores hijos. [.] Máxime, si existen indicios de que el comportamiento de su progenitor pudiera trascender en el ámbito emocional y psicológico de los menores. Entonces, resulta evidente que, en atención al interés superior de los menores, y al desprenderse de autos manifestaciones tendentes a evidenciar violencia intrafamiliar, debe tutelarse el derecho que tienen los infantes a vivir libres de violencia y al libre desarrollo de su personalidad, consagrado en los artículos 4º Constitucional y 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, así 46 y 47, fracción I, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De ahí que, resulte un imperativo para el Juez responsable, valorar y tomar en consideración, bajo un análisis de razonabilidad, las manifestaciones expuestas por la parte quejosa en los autos del juicio de origen, respecto a la violencia que podrían sufrir los menores al momento de determinar la convivencia de éstos con su progenitor, puesto que lo que se pretende es prevenir que dichos infantes corran riesgo de sufrir la mencionada violencia intrafamiliar". Lo anterior evidencia que la autoridad responsable estaba obligada, bajo un análisis de razonabilidad, a atender las manifestaciones expuestas por la madre de los menores, respecto a la violencia que podrían sufrir los menores, lo cual no aconteció en la especie; inclusive, la autoridad solicitó información respecto a las llamadas de auxilio efectuadas por la quejosa por actos de violencia familiar, sin embargo, no se advierte que la autoridad responsable haya realizado manifestación alguna respecto a la recepción de esa información. Por ende, existe un defecto en el cumplimiento de la sentencia, en la medida de que el Juez responsable no valoró las manifestaciones relativas a la violencia familiar, lo cual debía ser concatenado con el resultado que arrojó el examen psicológico efectuado al padre de los menores y con la información que haya recabado respecto a las llamadas de auxilio por violencia familiar, lo que era fundamental para velar por la integridad de los menores en atención al interés superior del menor, lo cual fue la materia de concesión en este juicio de amparo. Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que la ejecutoria de amparo no ha quedado cumplida, por lo que la autoridad responsable deberá dejar insubsistente la determinación de uno de marzo de dos mil veintidós y emitir una nueva donde subsane las irregularidades advertidas. En tales condiciones, de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Quinto Distrito Judicial del Estado de Durango, con residencia en Canatlán, para que dentro del término de tres días computados legalmente, cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo; apercibido que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes al día del eventual incumplimiento, en términos de los artículos 237, fracción I y 238 de la ley en cita. Asimismo, se les apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.

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