Abigail Teniente Ruiz

Expediente 163/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
163/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Abigail Teniente Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio suscrito por el secretario del juzgado primero de distrito del centro auxiliar de la primera región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio al que se adjuntó el original de la demanda y el respectivo juicio de amparo 163/2017-II.2, promovido por ***; ello, a fin de que dicho órgano jurisdiccional se pronunciara sobre la constitucionalidad del acto reclamado en el presente expediente. Asimismo, informa que dicho órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiocho de abril del dos mil diecisiete, acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo en comento, quedando registrada bajo el número *** el cual fue acumulado al 1000/2017, de su índice. A virtud de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por último, atendiendo a punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente auxiliar deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de ocho de marzo actual, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos, de los que se advierte que el nueve de febrero del presente año, se reservó el envío del presente juicio de amparo, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, hasta en tanto se publicara el Acuerdo General relativo, lo cual ya sucedió; por tanto, se levanta dicha reserva y se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, La Ley de Hidrocarburos; el acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, preciso en al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero, y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la ciudad de México, en el que determinó, que los citados órganos jurisdiccionales conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señalen como actos reclamados, los ya citados, y dado que en el presente juicio se encuentra en dicho supuesto, toda vez que reclama: 4.- Reclamo la omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional, párrafo primero y segundo, donde tiene facultades constitucionales para fijar precios, la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abastos y precios del país, esto es, la conducta omisiva de no fijar los precios del combustible (gasolina). 1.- El artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación que faculta al ejecutivo para fijar los precios de los combustibles es inconstitucional porque se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo reconocida en el artículo 73 del pacto Federal. 2.- Las inconsistencias del Ejecutivo al Acuerdo 98/16 de los precios de la gasolina por región, toda vez que los Secretarios de Estado debieron de haber firmado y al no hacerlo de esa manera viola lo preceptuado en el punto inmediato anterior, es por ello, que carece de legalidad por no encontrarse acorde con el artículo 92 Constitucional, mismo que encuentra relación con el artículo 1° de este ordenamiento supremo invocado, atento al principio de equidad e igualdad. 3.- Que los precios de la gasolina carecen de fundamentación y motivación violando con ello los artículos 14 y 16 de nuestra norma suprema en el país. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le reclamo: En atención a lo normado en los artículos 72, 73 y 89 de la norma suprema del País, el NO ejercer la facultad de veto al aumento del impuesto a la gasolina, el no dar una solución pacífica a la controversia y, no fundar y motivar el aumento del impuesto a la gasolina. Por tanto, en acatamiento estricto al contenido del nombrado Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el Juicio de Amparo 163/2017-II.2, del índice de este Juzgado Federal, promovido por *** a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la ciudad de México, para que el órgano Jurisdiccional al que se turne la demanda, siga conociendo del trámite, resolución, ejecución y cumplimiento de la misma. Solicitándole al Juzgado Auxiliar de la Primera Región, que corresponda conocer del presente asunto, tenga a bien acusar el recibo de estilo condigno. Sin que haya lugar a ordenar que se forme el cuadernillo de antecedentes que corresponda, toda vez que se hizo lo anterior en proveído de nueve de febrero último.

  3. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de nueve de febrero actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, y tomando en consideración que ***, por propio derecho, presentó escrito por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que se acuerda lo siguiente: Téngase a la quejosa por dando cumplimiento al requerimiento realizado por auto de veintiséis de enero del año en curso, y por presentando copias del mismo. De la demanda de amparo se desprende que ****, por propio derecho, señala como autoridades responsables a las que denominó como: Secretaría de Economía y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ambos con residencia en la Ciudad de México, autoridades a las que reclamó, en lo conducente, lo siguiente: "4.- RECLAMO LA OMISIÓN DE APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL, PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, DONDE TIENE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA FIJAR PRECIOS, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS GENERALES DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INTERIOR, ABASTOS Y PRECIOS DEL PAÍS, ESTO ES, LA CONDUCTA OMISIVA DE NO FIJAR LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA). 1.- El artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación que faculta al ejecutivo para fijar los precios de los combustibles es inconstitucional porque se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo reconocida en el artículo 73 del pacto Federal. 2.- Las inconsistencias del Ejecutivo al Acuerdo 98/16 de los precios de la gasolina por región, toda vez que no lo (firmaron los)Secretarios de Estado debieron de haber firmado y al no hacerlo de esa manera viola lo preceptuado en el punto inmediato anterior, es por ello, que carece de legalidad por no encontrarse acorde con el artículo 92 Constitucional, mismo que encuentra relación con el artículo 1° de este Ordenamiento Supremo invocado, atentando el principio de equidad e igualdad. 3.- Que los precios de la gasolina carecen de fundamentación y motivación violando con ello los artículos 14 y 16 de nuestra norma suprema en el país. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le reclamo: En atención a lo normado en los artículos 72, 73 y 89 de la Norma Suprema en el País, el NO ejercer la facultad de veto al Aumento del Impuesto a la Gasolina, el no dar una solución pacífica a la controversia y, no fundar y motivar el aumento del impuesto a la gasolina. Mientras que, al dar cumplimiento al requerimiento formulado, la quejosa precisó en su demanda de amparo en los siguientes puntos: "1.- Se me tenga por señalando como autoridades ejecutoras a la Secretaria de Economía de México y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." "2.- En atención a este punto, le reclamo a la Secretaría de Economía de México y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación, por inobservancia del mismo." "3.- En este punto, desconozco quién haya emitido el Acuerdo 98/2016, y para tal efecto me permito señalar los siguientes criterios jurisprudenciales" (aquí el quejoso citó los criterios que consideró pertinentes). La parte promovente expone, en la relación de antecedentes de su demanda de amparo, que es una circunstancia pública que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, el precio de la gasolina tiene y continuará con aumentos hasta de un 20% durante todo el año. Asimismo, aduce que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los precios y los esquema de aumentos que tendrá el combustible durante el año dos mil diecisiete en las noventa regiones en las que fue dividido el país; precios máximos para cada región que están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía y además, el año comenzará con un solo precio máximo durante enero, hasta el tres de febrero; en las dos primeras semanas del anotado mes habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del dieciocho de febrero siguiente, los ajustes al precio serán diversos; y de igual forma, los precios máximos serán diferentes entre las distintas regiones del País, atendiendo a los costos de llevar los combustibles a cada región, los precios de referencia internacional de cada combustible, los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex y otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. Agrega además que, la Secretaría de Economía omite y/o inaplica el artículo 28 Constitucional y el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica esto es, la autoridad que señala como responsable no aplica y por ende, no cumple con su obligación Constitucional de fijar los precios máximos de los combustibles. Así, el artículo 28 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la quejosa menciona a la letra dice: "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria." "En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social." "Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses." Por su parte, el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica dispone: "Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que:" "I. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad;" "II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional;" "III. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social;" "IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros, y" "V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a dependencias o entidades de la administración pública federal." "Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, es menester señalar que las cuestiones de índole competencial son de orden público, por constituir un presupuesto procesal de la acción constitucional. Y que para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse, por regla general, no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados, a los preceptos constitucionales invocados, y a los hechos narrados en la demanda de amparo; sino también, a los antecedentes del caso, a las constancias e información aportada en el sumario y preponderantemente, el lugar en que se va llevar a cabo, o tiene su repercusión o ejecución el acto reclamado, lo que fijará de plano la competencia; salvo la hipótesis de especialización por materia, caso en el que, con independencia del lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado o haya prevenido el Juez de Distrito, conocerá del asunto el Juez Especializado en la Materia de que se trate de conformidad con los establecido por el artículo 34 párrafo segundo, parte final, de la Ley de Amparo. Por lo hasta aquí anotado, se considera que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato residente en Celaya, no es legalmente competente para conocer de la demanda promovida, en razón de que la solicitante del amparo reclama actos que se encuentran vinculados con la competencia económica, ya que se reclama la inobservancia del artículo 28 Constitucional, en relación con el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica, lo que podría traer como consecuencia, lo siguiente: 1. La liberación de los precios de la gasolina al libre mercado. 2. No se encuentran fijados los precios de las gasolinas en todo el aís. 3. Al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado de consumo, se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley. Sobre el tema, es aplicable, en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época Registro: 2008591 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) Página: 1746 "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. (El énfasis es añadido). PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República. Por ello, de acuerdo con el ya mencionado artículo 34 segundo párrafo, parte final, de la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el diverso numeral 48 primer párrafo del citado ordenamiento legal, este Órgano de Control Constitucional estima que corresponde el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, en términos del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región; con fundamento en el artículo 48 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo, sus anexos y sus copias, así como escrito aclaratorio, y copias, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México, para que de conformidad con el indicado artículo 48 segundo párrafo, primera parte, de la mencionada Ley, se pronuncie y resuelva sobre si acepta o no el conocimiento del asunto y lo informe a este Juzgado de la Federación. Fórmese cuaderno de antecedentes.

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