Abigail Rojas Barrera

Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
714/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Abigail Rojas Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Téngase a la Magistrada Semanera Integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo del oficio 18040/2022, por el que se le remitieron diversas constancias que acompañó a su informe justificado. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese, el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el catorce de julio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, se advierte que el Magistrado responsable, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 714/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentando el tres de mayo de dos mil veintidós ante la autoridad responsable la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, ************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. La sala responsable la remitió el trece de mayo siguiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México. De dicho amparo directo conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante resolución de incompetencia planteada por el órgano colegiado oficiante del diecinueve mayo de dos mil veintidós, y con el que remitió los autos que integran el juicio de amparo directo 355/2022, de su estadística, así como el toca de apelación 210/2022, el incidente de liquidación de pensiones del expediente 669/2015. Luego, dicho juicio se recibió el trece de junio siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el catorce de junio de este año a este Juzgado Federal. II. Mediante proveído del quince de junio de dos mil veintidós, se registró el juicio de amparo bajo el número 714/2022-V, éste órgano de control constitucional aceptó la competencia declinada por el Tribunal Colegiado oficiante y admitió a trámite la demanda de amparo, no se estimó necesario solicitar el informe con justificación, toda vez que la sala responsable ya había rendido su informe; se dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado José Antonio Gutiérrez Becerril, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclaman actos de naturaleza civil atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo se hacen consistir en: 1) De la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México: a) La sentencia del uno de abril de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca de apelación 210/2022, en la cual resolvió modificar la sentencia interlocutoria del catorce de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por el Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva adeudada, promovido por José Antonio Gutiérrez Becerril, en contra de Abigail Rojas Barrera, derivado del expediente 669/2015 relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar pensión alimenticia. TERCERO. La Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, por lo que se tienen por ciertos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó en apoyo a su informe justificado, relativas al toca de apelación 210/2022, el incidente de liquidación de pensiones del expediente 669/2015 relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar pensión alimenticia, promovido por José Antonio Gutiérrez Becerril, en contra de Abigail Rojas Barrera. Mismas que en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuentan con valor probatorio pleno al ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello, de los que se advierte la existencia del acto reclamado; por tanto, se tiene como debidamente probado de conformidad en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede el estudio de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, es pertinente destacar los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada y que son los siguientes: 1) El catorce de febrero de dos mil veintidós el Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, resolvió la sentencia interlocutoria en el incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva adeudada, promovido por José Antonio Gutiérrez Becerril, en contra de Abigail Rojas Barrera, derivado del expediente 669/2015 relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar pensión alimenticia. 2) Resolución en la cual declaró procedente el incidente de cuantificación y pago de pensiones alimenticias promovido por José Antonio Gutiérrez Becerril, en contra de Abigail Rojas Barrera, por lo que condenó a la quejosa, al pago de sus acreedores alimentarios la cantidad de $71,618.00 (setenta y un mil seiscientos dieciocho pesos, moneda nacional, 00/100), a razón de una unidad de medida y actualización en su valor mensual, por el monto de $2,568.50 (dos mil quinientos sesenta y ocho pesos, moneda nacional, 00/100), por el periodo de septiembre de dos mil diecinueve, a diciembre de dos mil veintiuno. 3) Aunado a ello, una vez que causara firmeza dicha determinación, en un término de ocho días ordenó requerir a la ejecutada, el pago de la cantidad cuantificada, apercibida de que de no hacerlo se dictaría auto de mandamiento en forma en su contra, en el que se recudiría a embargar bienes de su propiedad, que se pondrían en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designara el actor incidentista. 4) Inconforme con dicha determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, quien mediante sentencia del uno de abril de dos mil veintidós, declaró fundado el segundo motivo de disenso de la quejosa, procedió a modificar el resolutivo segundo de la sentencia recurrida del catorce de febrero de dos mil veintidós, se le condenó al pago de la cantidad de $70,823.79 ( setenta mil ochocientos veintitrés pesos, moneda nacional 79/100), por concepto de pensiones alimenticias provisionales no pagadas favor de sus acreedores alimentarios, por el periodo de septiembre de dos mil diecinueve, a diciembre de dos mil veintiuno. 5) Se dejaron intocados los resolutivos primero, tercero y cuarto, del fallo recurrido. Lo cual constituye el acto reclamado. SEXTO. La quejosa, en sus conceptos de violación refiere lo siguiente: 1) Que se violó en su perjuicio el contenido de los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2) Que la sala responsable La autoridad responsable viola los derechos humanos de la quejosa consagrados en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el considerando VII, de la resolución de uno de abril de dos mil veintidós, es inconstitucional debido a que a que no está fundado ni motivado y además se aparta de la garantía de legalidad y debido proceso, no es congruente no es exhaustiva con las actuaciones judiciales. 3) Que Los artículos 1.195 y 1.199 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, refieren que la autoridad judicial está obligada a fundar su sentencia conforme a las consideraciones que la sustenten, debiendo ser necesariamente congruente con la demanda, contestación y las demás pretensiones deducidas por las partes, deberá ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos. 4) Que en el caso no fue así, pues expone que la sala responsable revocó la sentencia dictada por el juez natural, en el sentido de hacer el acotamiento que es erróneo condenar a la quejosa, a pagar de manera completa el mes de septiembre de dos mil diecinueve como pensión alimenticia, siendo que el auto que decretó la pensión alimenticia provisional es de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, que le fue notificado por boletín judicial 8799 de fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, es decir que se hace obligatorio a partir del doce de septiembre dos mil diecinueve, y sucede que el a quem, en la sentencia interlocutoria de la materia de la apelación la condenó por todo el mes completo de septiembre de dos mil diecinueve, situación que considera ilegal. 5) Que del razonamiento que hace la autoridad responsable, menciona que es incorrecto condenarle al pago del mes completo de septiembre de dos mil diecinueve, porque fue hasta el día diez de ese mes cuando se decretó la pensión alimenticia, por lo que estoy obligada a pagar a partir de esa fecha, sin embargo, hace una cuantificación errónea, toda vez que dice si el mes de septiembre de dos mil diecinueve tuvo treinta días, debía pagar veintiún días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, apreciación que estima es incorrecta, toda vez que el auto del diez de septiembre de dos mil diecinueve se le notificó legalmente por boletín judicial número 8799 de fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, es decir que dicha resolución se hace legalmente obligatoria a partir del doce de septiembre de dos mil diecinueve. 6) Que ello sin considerar que debemos dejar pasar cinco días más, para que sea ejecutable, por tratarse de un auto, como lo establece el numeral 1.379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México) por lo que en dado caso serían diecinueve días del mes de septiembre de dos mil diecinueve que está obligada a pagar como pensión alimenticia, y no veintiuno, como erróneamente señala la autoridad responsable en la sentencia que se le reclama, en el considerando vii y en el resolutivo segundo. Los conceptos de violación son inoperantes por inatendibles. Ello porque en la determinación del uno de abril de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca de apelación 210/2022, en la cual resolvió modificar la sentencia interlocutoria del catorce de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por el Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva adeudada, promovido por José Antonio Gutiérrez Becerril, en contra de Abigail Rojas Barrera, derivado del expediente 669/2015 relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar pensión alimenticia. Los agravios que expuso la quejosa se basaron esencialmente en que: a) Que a sentencia interlocutoria causó agravios a la quejosa porque la autoridad responsable se aparta de los principios rectores en los artículos 1.134, 1.135, 1.136, 1.137 y 1.138 del Código Procesal Civil, pues el Juez debe actuar de manera imparcial, y resolver las controversias en base a la petición de la actora y a las excepciones hechas valer por la demandada, y en el presente caso, la solicitud de la parte actora, como ella la formuló debió declararse improcedente y desechar de plano debido a que en su escrito literalmente dijo: " vengo a formular demanda de liquidación de alimentos adeudados ", que con fundamento en el artículo 2.163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sino que al contrario, el Juez de primera instancia subsanó los errores del incidentista. b) Que la petición de su contraparte es improcedente debido a que dicho numeral forma parte del Título Quinto, Capitulo Primero, dentro del apartado de la Ejecución de las Sentencias, y sucede que en el presente caso aún no se dicta la sentencia, por lo que atendiendo al principio de debido proceso de legalidad contemplado en el artículo 16 constitucional, el tercer párrafo del artículo 1o del mismo ordenamiento, se deberá declarar improcedente. c) Que La sentencia recurrida le causa agravios debido a que no es congruente y no es exhaustiva con las actuaciones judiciales, los artículos 1.195 y 1.199 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, refiere que el Juez de primera instancia está obligado a fundar su sentencia conforme a las consideraciones que la sustenten debiendo ser necesariamente congruente con la demanda, contestación y las demás pretensiones deducidas por las partes deberá ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos, que es incorrecto condenarle al pago del mes completo de septiembre de dos mil diecinueve, porque fue hasta el día diez de ese mes cuando se decretó la pensión alimenticia, por lo que estoy obligada a pagar a partir de esa fecha, sin embargo, hace una cuantificación errónea, toda vez que dice si el mes de septiembre de dos mil diecinueve tuvo treinta días, debía pagar veintiún días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, apreciación que estima es incorrecta, toda vez que el auto del diez de septiembre de dos mil diecinueve se le notificó legalmente por boletín judicial número 8799 de fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, es decir que dicha resolución se hace legalmente obligatoria a partir del doce de septiembre de dos mil diecinueve. En tanto que la autoridad responsable sustentó su determinación en que: 1) Que los motivos de inconformidad planteados por la parte agraviada resultaban esencialmente infundados. 2) Que el motivo de disenso consistente en que el juez se apartó de los principios rectores del procedimiento, toda vez que resolvió la incidencia de manera parcial, dado que, la solicitud de la parte actora debió declararse improcedente y desecharse de plano, que, la parte actora incidentista fundó la misma en términos del artículo 2.163 del Código de Procedimientos Civiles, lo que es improcedente, en el presente asunto aún no se dicta la sentencia y que el juez subsanó el error; lo que la sala consideró infundado porque si bien es cierto actor incidentista invocó un numeral que no es aplicable, tal circunstancia resultaba irrelevante, pues del contenido del escrito presentado por el accionante se podían deducir con claridad los hechos que la motivaban y el objeto que persigue el promovente, motivo por el cual, estimó correcto el actuar del juez natural, al avocarse a resolver la controversia planteada con base en los preceptos legales aplicables. 3) Lo anterior, tomando en consideración que, la autoridad jurisdiccional está obligada a conocer el derecho y a aplicar en forma correcta la ley, pues su función de impartir justicia implica resolver los hechos que se someten a su competencia y consideración con base en los principios generales del derecho; consecuentemente, no es posible sostener que, ante el error u omisión en la cita de un precepto legal el juzgador pueda inadvertir la correcta interpretación y que artículo 17 constitucional, establece que la obligación de privilegiar la solución del conflicto por sobre establece para los órganos jurisdiccionales los formalismos procesales ello con el fin de lograr una tutela judicial efectiva. Ello lo fundamentó en la tesis en materia Civil, con número de registro 164590, Tesis VI.20.C. J/318, de la Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, en el Tomo XXXI, mayo de 2010, página 1833, cuyo rubro dice: "FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN. PARA CUMPLIR CON ESTAS GARANTÍAS EL JUEZ DEBE RESOLVER CON BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN CUANDO EXISTA ERROR U OMISIÓN EN LA CITA DEL PRECEPTO O LEGISLACIÓN APLICABLE, ATRIBUIBLE AL PROMOVENTE DEL JUICIO." 4) Que la planilla de liquidación de las pensiones alimenticias provisionales dejadas de pagar debe analizarse, tal y como lo hizo el juez primoinstancial, dentro del contexto establecido por el marco constitucional de derechos humanos de suplir la deficiencia de la queja en forma total, sin que para ello sean determinantes las formas que previene el orden jurídico, sino el de comprender cuál es su función y si éste puede ser cumplido sin perjuicio de la esencia de la controversia suplencia que opera desde la demanda y hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo omisiones de aquélla, de conceptos de violación, agravios, recabación oficiosa de pruebas, y de la deficiencia en la exposición de sus pretensiones, para lograr con ello no nugatorio su derecho a recibir alimentos y cumplir la obligación que le imponen los artículos 4º, párrafo octavo y 17 constitucionales, así como los diversos 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 5) Que no se advertía que se violaran principios rectores del proceso a que alude, sino que el actuar del juez fue correcto, que actuar de la resolutora, se encuentra apegado a los principios procesales de los artículos 4.127, 4.130 y 4.146 del Código Civil en relación a los preceptos 5.8, 5.16, 5.43 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles, pues el fondo de la litis en cuestión atendió al debido cumplimiento que debió haberse hecho al deber alimentario en favor de sus acreedores. 6) Que resultaba parcialmente fundado el agravio consistente en el ilegal cobro del mes de septiembre de dos mil diecinueve, que dicha determinación por parte del juez natural era inexacta, pues de la planilla de liquidación al realizar la operación aritmética correspondiente tomó en cuenta el valor mensual de la unidad de medida y actualización lo cual es contrario a lo ordenado en dicho proveído, es decir, únicamente por cuanto hace al número de días que queden pendientes de cubrir respecto del mes que transcurría (septiembre de dos mil diecinueve), conforme al valor diario de la unidad de medida y actualización. Consecuentemente, por las consideraciones referidas, estimó que resulta procedente ajustar la planilla de liquidación realizada por la jueza primigenia en los siguientes términos: La fijación de la pensión alimenticia provisional, debe surtir efectos desde el momento en que es determinada en el juicio respectivo y hacerse efectiva a través de los medíos y garantías que establece la ley para el! , en función a los sujetos que abarca (acreedores alimenticios) y los objetivos que se pretenden con la misma, al margen de los recursos o medios legales que hagan valer las partes; pues la fijación de la pensión aIimenticia provisional goza de la naturaleza de las medidas cautelares, da o que, su objeto consiste precisamente en proteger los derechos de subsistencia de los acreedores alimentistas, procurándoles a través de dicha fijación, los medios de vida suficientes para su manutención, hasta en tan se dicta la definitiva. 7) Que dicho cálculo debía hacerse desde el día diez de septiembre de dos mil diecinueve, conforme a dichos parámetros condenó a la demandada al pago de $70,823.79 (setenta mil ochocientos veintitrés pesos, moneda nacional 79/100), por concepto de pensiones alimenticias provisionales no pagadas favor de sus acreedores alimentarios, por el periodo de septiembre de dos mil diecinueve, a diciembre de dos mil veintiuno. Por lo que modificó el resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veintidós. De modo que tales consideraciones, constituyen los argumentos torales que rigen la determinación reclamada, la cual debe prevalecer ante su inadecuada impugnación. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa no controvierte los motivos por los cuales confirmó la resolución recurrida. Consideraciones que subsisten ante su inadecuada impugnación; por consiguiente, ello no permite a este juzgador proceder al examen de los argumentos que pretende establece, pues correcta o no la determinación expuesta sobre el particular, la misma subsiste con motivo de no haber sido impugnada debidamente en los motivos de inconformidad. Por tanto, los conceptos de violación deben declararse inoperantes, pues a efecto de proceder a su estudio, era necesario que el quejoso controvirtiera las consideraciones torales de la responsable y al no hacerlo de manera eficaz, como se precisa en párrafos precedentes, subsiste tal determinación que constituye un impedimento técnico a fin de proceder al juicio valorativo pretendido por el impetrante. Cobra aplicación la jurisprudencia 724, visible en la página 487, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO. Cuando no haya lugar a suplir la deficiencia de la queja, y el acto reclamado se sustenta en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otros, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo así, la resolución subsistirá con aquéllas que no fueron impugnadas, y por tanto los conceptos de violación, aunque fuesen fundados serían insuficientes para la concesión del amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados." Asimismo, la diversa 716, publicada en la página 482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir". En las narradas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación y al no haberse demostrado la transgresión alegada de garantías, sin advertir este Órgano de Control Constitucional motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse ninguno de los supuestos que al efecto prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección constitucional reclamada, negativa que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, al no reclamarse por vicios propios su actuar sino como consecuencia del acto ordenador. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por electrónica a la parte quejosa y al tercero interesado ***********, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, hasta hoy catorce de julio de dos mil veintidós, en que las labores de este Juzgado Federal, así lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al cual se encuentra anexo el juicio de amparo directo número 355/2022, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Segundo Circuito, promovido por **********, por derecho propio, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, así como la resolución de incompetencia planteada por el cuerpo colegiado oficiante el diecinueve de mayo del año en curso, el toca de apelación 210/2022, el incidente de liquidación de pensiones del expediente 669/2015 y un testimonio certificado; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 714/2022-V. Acúsese recibo vía interconexión. Este órgano de control constitucional acepta la competencia declinada, y en consecuencia se provee: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. Sin que sea necesario requerir a la autoridad responsable su informe justificado, toda vez que el mismo ya obra en autos. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que las comunicaciones correspondientes pueden ser enviadas al correo institucional de este Juzgado, siendo el siguiente: 3jdo2cto@correo.cjf.gob.mx. Infórmesele también que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la citada legislación, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista y los restantes por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002576, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Se señalan las ocho horas con cuarenta y dos minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención correspondiente. Háganse las notificaciones por lista electrónica a la quejosa, toda vez que el domicilio que indica se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito (Naucalpan de Juárez). Téngase por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberá contar con el registro correspondiente. Asimismo, este Juzgado Federal toma conocimiento del correo electrónico que refiere la peticionaria del amparo, sólo para el caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Ahora bien, dada la naturaleza de esta determinación, notifíquese por única ocasión de manera personal a la quejosa y al tercero interesado **********, en los domicilios señalados en la demanda de amparo. Por tanto, se comisiona a alguno de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que se constituya en los referidos domicilios, y les notifique este acuerdo. Además, requiera al tercero interesado en cita para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado Federal (Naucalpan de Juárez), apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se procederá en términos del artículo 27, fracción II de la ley de la materia, y se le realizarán las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista electrónica. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito realice la notificación encomendada. Es preciso destacar que, para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en esta determinación, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Por otra parte, en relación a lo señalado en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que adjunta el cuerpo colegiado oficiante, y dada su voluminosidad fórmense los tomos I, II y III de pruebas, respetándose folio, rúbrica y entresello. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la quejosa ********** y al tercero interesado **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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