abigail martinez zarate
Expediente 650/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2017
Partes del expediente
- abigail martinez zarate
Actuaciones
- Principal
IV. SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO EJECUTORIA...
- Principal
V. ACUSA RECIBO DE CONSTANCIAS. Téngase por recibido el oficio de cuenta, por el que la Oficial Mayor de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México, acusa recibo del diverso 8599-V del índice de este órgano jurisdiccional, por el cual se le devolvieron las constancias en él descritas, que remitió como complemento a su informe justificado en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 1845/2016-I, promovido por Alejandro Álvarez Soto, por conducto de la defensora pública federal María Eugenia López Fuentes Arévalo. ANTECEDENTES PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso se encuentra interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, México. Manifiesta que durante su detención (2014) fue golpeado por los agentes aprehensores, y como consecuencia de ello, actualmente padece una afectación muy grave, incluso, con la posible pérdida del ojo derecho, sin que la fecha se le haya brindado la atención médica que necesita. Esta última omisión constituye el acto reclamado en este juicio. SEGUNDO. DEL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Presentación de la demanda: 29 de noviembre de 2016. (foja 2) Admisión con suspensión de plano: 29 de noviembre de 2016. (foja 11) Emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado: 30 de noviembre de 2016. (foja 16 vuelta) Pedimento ministerial: 20 de diciembre de 2016 (foja 72), quien en esencia solicitó que se sobresea en el juicio por inexistencia del acto reclamado. Cambio de titular. 28 de febrero de 2017 (foja 95). Audiencia constitucional: 13 de marzo de 2017. (foja 101) CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsable radica donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es la omisión de proporcionarle atención médica por diversos padecimientos. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Orden Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja 1 Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México. La omisión de proporcionarle atención médica especializada por diversos padecimientos. Negó (desvirtúa) 31 2 Coordinación del Área Médica del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México. La omisión de proporcionarle atención médica por diversos padecimientos. Negó (desvirtúa) 46 Sí existe el acto reclamado, sin que sea óbice que las autoridades responsables hubieren negado su existencia. Esto es así, pues al ser un acto omisivo, la carga de la prueba, tratándose de existencia del acto reclamado, se le revierte a las autoridades responsables, quienes en todo caso deberán demostrar que no han incurrido en tal omisión, en el caso, se les atribuye que no han proporcionado atención médica al quejoso, por lo que para demostrar su inexistencia, tendrían que acreditar que sí han proporcionado tal atención médica, lo que en la especie no sucedió, como enseguida se explicará. En su demanda inicial, el quejoso refiere que derivado de la golpiza que recibió por parte de los policías que lo detuvieron (año 2014), sufrió una afectación grave, con el riesgo de la pérdida del ojo derecho, pues sufre fuertes dolores, ya que le está causando infecciones crónicas y, que incluso, le diagnosticaron su extracción total. Por su parte, las autoridades responsables sostienen la inexistencia de la omisión que se les atribuye, bajo los argumentos torales siguientes. - Desde el mes de mayo de 2015, el quejoso ha estado siendo valorado por el médico especialista, tanto en urgencias como en consulta externa de oftalmología. - Tiene cita programada en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, el 28 de diciembre de 2016. - El 30 de noviembre de 2016, fue llevado a urgencias para su atención. Para demostrar esta circunstancia, exhibieron los medios de prueba que a continuación se mencionan. Solicitud de traslado del quejoso al Hospital Adolfo López Mateos, de 30 de noviembre de 2016, en el que se asentó que refirió dolor importante en el ojo derecho, así como pérdida total de la visión, y que ha presentado cuadros infecciosos de manera reiterativa, siendo tratado con analgésico y antibiótico, sin presentar mejoría. (foja 33) Factura con folio 105124 de 18 de noviembre de 2016, relativo a la "consulta de especialidad, primera vez". (foja 34) Oficio SM/759/2016, firmado el 19 de septiembre de 2016, por médico del centro de reclusión, por el que solicitó el traslado médico hospitalario del quejoso, por cursar el diagnóstico de disminución de la agudeza visual, probable glaucoma (foja 36). Oficio sin número, firmado el 25 de junio de 2015, por médico del centro de reclusión, por el que solicitó el traslado médico hospitalario del quejoso, por cursar el diagnóstico de conjuntivitis crónica. (foja 37) Receta médica firmada el 15 de junio de 2015, por cirujano oftalmólogo, en la que prescribió gotas oftálmicas. (foja 38) Oficio sin número, firmado el 15 de junio de 2015, por médico del centro de reclusión, por el que solicitó el traslado médico hospitalario urgente del quejoso, por cursar el diagnóstico de ceguera, infección crónica y dolor crónico agudizado en ojo derecho. (foja 39) Nota de 15 de junio de 2015, suscrita por "la enfermera Angélica", quien manifestó que el peticionario de amparo acudió a la especialidad de urgencia y canalizado a la especialidad de oftalmología, en donde se le realizó estudio de agudeza visual, refiriendo el oftalmólogo que el paciente no tenía nada de gravedad, y se le entregó receta para compra de su medicamento. (foja 40) Historial médico del 10 al 23 de junio de 2015, el que se obtiene que el peticionario de amparo, en esas fechas, presentó ceguera de ojo derecho con presencia de conjuntivitis infecciosa crónica, así como diabetes melitus tipo 2. (foja 42) Receta médica firmada el 25 de mayo de 2015, por cirujano oftalmólogo, en la que prescribió gotas oftálmicas. (foja 43) Oficio sin número, firmado el 7 de mayo de 2015, por médico del centro de reclusión, por el que solicitó el traslado médico hospitalario del quejoso, por cursar el diagnóstico de conjuntivitis crónica. (foja 44) Oficio sin número, firmado el 30 de noviembre de 2016, por la encargada de la Coordinación del Área Médico del reclusorio, en el que informó al Director, que respecto de la diabetes melitus, el quejoso está siendo tratado por el personal médico a base de hipoglucemiantes orales, manteniéndose estable; y referente a la atención médica oftalmológica, tiene programada una cita en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, el 28 de diciembre de 2016. (foja 47) No obstante, tales medios de prueba son insuficientes para sostener la inexistencia de la omisión reclamada, esto es, para acreditar, hasta este momento, que el quejoso ha recibido atención médica proporcional a su padecimiento. Se afirma lo anterior, por las siguientes consideraciones. Atendiendo a las manifestaciones del quejoso, de la autoridad responsable, así como a las documentales allegadas, hasta este momento sí está demostrada la existencia del acto reclamado, pues el quejoso no ha recibido atención médica proporcional a su padecimiento. Es así, ya que de las constancias allegadas se aprecia que al menos desde el mes de mayo de 2015, el quejoso presenta un padecimiento en el ojo derecho; además de diabetes melitus tipo 2 y, en ese sentido, manifestó que desde hace 2 meses ha solicitado atención médica, sin que se aprecie que la haya recibido. Sin que obsten para ello, las documentales exhibidas por la autoridad responsable, porque si bien demuestran que el peticionario de amparo ha tenido, de alguna forma, tratamiento médico, lo cierto que de acuerdo con las propias documentales, sólo se le proporcionó en el lapso comprendido entre mayo y junio de 2015. Sin que se desconozca la existencia del oficio SM/759/2016, firmado el 19 de septiembre de 2016; sin embargo, sólo se aprecia que se solicitó traslado hospitalario del peticionario de amparo, por un cuadro de disminución de la agudeza visual, probable glaucoma, pero no advierte que se le haya proporcionado atención médica. En cuanto a la constancia referente a la consulta médica de 18 de noviembre de 2016, tampoco se aprecia que se le hubiese administrado atención médica. Es más, obra la solicitud de traslado del quejoso al Hospital Adolfo López Mateos, de 30 de noviembre de 2016, en el que se asentó en cuanto al padecimiento del ojo derecho, el quejoso fue tratado con analgésico y antibiótico, sin presentar mejoría, por lo que no se puede hablar de atención médica proporcional a su padecimiento. Por otra parte, en cuanto a la documental consistente en el oficio formado por la Coordinación Médica del centro carcelario, por sí sola es insuficiente para demostrar la inexistencia del acto reclamado, pues aunque se refiere que el solicitante de amparo, ha sido tratado mediante hipoglucemiantes orales, y que tiene cita con el oftalmólogo del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, lo cierto es que no obra constancia que acredite tal circunstancia. Atentas las consideraciones anteriores, está demostrada la existencia de la omisión reclamada, por lo que se desvirtúan las negativas de las autoridades responsables. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Dado que no se advierte causal de improcedencia alguna, procede el estudio del fondo del asunto. El peticionario de amparo, básicamente adujo que la omisión reclamada es violatoria de su derecho a la salud. Dicho concepto de violación es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo, aunque parcialmente suplido en su deficiencia. Los artículos 4 y 18, párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: "Artículo. 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." "Artículo 18. (.) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. (.)" Además en cuanto una definición de derecho a la salud, se tiene que la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página 7, lo define como: "El conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud." De lo anterior, se advierte el derecho fundamental que toda persona tiene de que su salud sea protegida y la obligación del estado de definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en las diferentes instancias, lo que es consecuente con los principios rectores de la reinserción social de las personas que por alguna razón están privadas de su libertad personal. Ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Ahora, de autos se aprecia que al menos desde el mes de mayo de 2015, presenta padecimiento en el ojo derecho que se traduce en diversos diagnósticos médicos, como dolor importante; disminución de la agudeza visual, probable glaucoma; conjuntivitis crónica; ceguera, infección crónica y dolor crónico agudizado en ojo derecho. Además de que en el historial médico que obra en foja 42, se le diagnosticó también diabetes melitus tipo 2. En esas condiciones, las autoridades penitenciarias no han otorgado el debido cumplimiento a su deber de proveer el tratamiento proporcional al padecimiento de Alejandro Álvarez Soto, lo que se traduce en violación al derecho de salud implícito en los artículos 4 y 18, párrafo tercero, constitucionales. En conclusión, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación en estudio, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, SE CONCEDE EL AMPARO, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente. En el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán proveer lo necesario para que se proporcione a Alejandro Álvarez Soto, la atención médica proporcional al padecimiento que actualmente presenta. QUINTO. DENUNCIA DE ACTOS DE TORTURA. En su demanda de amparo, el quejoso manifestó que el padecimiento que actualmente presenta en el ojo derecho, se debió a la tortura y golpiza que recibió al momento de ser detenido, con la finalidad de aceptar un hecho delictuoso que no cometió. En ese sentido, de conformidad con el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan del os derechos humanos reconocidos por el mencionado ordenamiento legal, así como de las garantías para su protección; de manera que las autoridades tienen el deber de proteger esos derechos humanos, entre los que se encuentra la prohibición de la tortura como se prevé en el diverso artículo 22 constitucional; de ahí, que esa obligación no sólo recae en las autoridades que deban investigar o juzgar el caso de quien refiera haber sido víctima de dichas violaciones. En ese contexto, si al conocer del juicio de amparo, el juzgador advierte que el quejoso denuncia actos de tortura durante su detención, el juez de amparo estará obligado a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para actúe dentro de sus facultades legales de investigación del delito. Atentas las consideraciones anteriores, dése vista al agente del ministerio Público adscrito a este juzgado, con las manifestaciones vertidas por el quejoso, en cuanto a la denuncia de actos de tortura durante su detención, para que actúe dentro de sus facultades legales de investigación del delito. SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73 a 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Alejandro Álvarez Soto, por conducto de la defensora pública federal María Eugenia López Fuentes Arévalo, contra las autoridades y por el acto reclamado precisados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, acorde a los fundamentos y motivos y para el efecto precisados en el considerando cuarto. SEGUNDO. En términos del considerando quinto, dése vista al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, con las manifestaciones vertidas por el quejoso, en cuanto a la denuncia de actos de tortura durante su detención, para que actúe dentro de sus facultades legales de investigación del delito. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma Michele Franco González, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado, ante David Andrés Mata Ríos, Secretario que autoriza y da fe.
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