Abigail León Cruz
Expediente 634/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/04/2023
Partes del expediente
- José Francisco Nava Hernández, concubino de la extinta María Isabel Pérez Hernández
- María Guadalupe Flores Mejía
- Abigail León Cruz
- Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Archivo y valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Al ubicarse en los supuestos por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y derivado de que se trata de un expediente jurisdiccional sin relevancia, se considera destruible dentro de los tres años siguientes al dictado del presente acuerdo; lo cual deberá anotarse en su carátula la valoración dada así como la fecha del presente proveído.
- Queja
Cuenta con la certificación. Vista la certificación hecha por el secretario, en la que se hizo constar que en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del presente expediente, cuya valoración documental se determinó como destruible. Acuerdo. Ahora bien, de las actuaciones del presente expediente se advierte que la clasificación y valoración correcta del presente asunto es depurable, en consecuencia se provee: Al ubicarse en los supuestos por el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y derivado de que el presente asunto no tiene relevancia documental, se considera depurable; lo cual deberá anotarse en su carátula la valoración dada así como la fecha del presente proveído. Hágase la anotación respectiva en la carátula del presente asunto con su valoración correcta. Por último, devuélvase el presente recurso de queja al archivo de este órgano jurisdiccional.
- Juicio de Amparo Directo
Remisión al juzgado de Distrito. Por otra parte, en atención a lo ordenado en acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, remítase los autos del presente asunto -previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo- al Juzgado de Distrito en el Estado de México en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para que conozca del mismo, solicitando el acuse de recibo respectivo.
- Juicio de Amparo Directo
Registro, trámite e integración del expediente electrónico. Se tiene por recibido la papeleta de cuenta, con la cual se remite el original de la demanda de amparo, promovida por J***, por propio derecho, y anexos; con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno como amparo directo 634/2022. Acúsese recibo. Asimismo, de conformidad con el artículo 22 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario de acuerdos formar el cuaderno auxiliar del presente asunto, vigilar que las constancias recibidas físicamente se digitalicen y se integren al expediente electrónico y sean agregadas al cuaderno referido. Declaratoria por la cual este órgano carece de competencia por razón de vía y por territorio. Esta presidencia considera que este tribunal carece de competencia legal por razón de vía para resolver este juicio de amparo, por lo que debe remitirse al Juzgado de Distrito en el Estado de México, en turno, tal y como se demostrará a continuación. Conforme a los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presupuestos procesales que deben verificarse al recibir la demanda de amparo directo son los siguientes: a) Procedencia de la vía, b) Competencia, en cuanto que son competentes para conocer los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia, en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben hacerse valer los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 6/2015 (10a), de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese sentido, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. Ahora bien, para analizar la procedencia de la vía, se debe acudir a lo dispuesto en los artículos 107, fracciones V, inciso b) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 170, de la Ley de Amparo; así como el diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen por su orden, y en lo que aquí interesa, lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;". Ley de Amparo "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. [.]". Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.] b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; [.]" De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede, de manera concreta, si se reúnen los siguientes requisitos: Que se trate de una sentencia definitiva o de una resolución, entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Que la misma ponga fin a juicio. Que sea dictada por un tribunal judicial, administrativo agrario o del trabajo. Lo anterior significa que, para controvertir un acto mediante el juicio de amparo directo, es imprescindible que se identifique como una sentencia definitiva, en sentido amplio, y además, que sea emitido por un tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo, aunado a que aquella debe poner fin al juicio. Así, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión de contestación al escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, presentado en oficialía de partes en la Ciudad de México, ante la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, al que se le asignó el folio 001064, en la que solicita la suspensión de pagos de pensión, tal y como se aprecia del acuse del escrito en mención que se exhibe en original a la demanda de amparo que se provee. En ese sentido, es posible advertir que no se trata de un acto que pueda reclamarse en la vía directa, pues si bien se trata de un acto en donde se reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de dar contestación a escrito de petición, y por ende, no es de aquellas que ponen fin al juicio. Por tanto, es válido concluir que lo reclamado no constituye una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al proceso, en términos de lo previsto en el numeral 170 de la Ley de Amparo. De ahí que, si el acto reclamado no es de los descritos anteriormente, este órgano no tiene competencia para conocer del juicio. Entonces, es claro que el acto aquí reclamado hace procedente la vía indirecta, ante un juez de distrito. Siendo importante señalar que esta presidencia no prejuzga sobre la procedencia en cuanto al juicio; pues como se ha indicado, so corresponde al juez de distrito, en el entendido que conserva plenas facultades para pronunciarse respecto de su admisión, prevención o desechamiento, en términos de los artículos que regulan la procedencia del juicio de amparo indirecto. Remisión al juzgado de Distrito. Luego, al no ser procedente la vía, este órgano jurisdiccional no puede atender al siguiente presupuesto procesal, por lo que debe actuar conforme lo que dispone el artículo 45 de la Ley de Amparo, esto es, declarar carecer de competencia y ordenar la remisión de los autos -previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo-, a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para que conozca del mismo, solicitando el acuse de recibo respectivo. Esto, una vez que transcurra el plazo a que refiere el artículo 104 de la Ley de Amparo, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO EMITIDO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN EL QUE DECLARA QUE DICHO ÓRGANO CARECE DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO O VÍA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO Y, POR ENDE, DECLINA EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO A UN JUEZ DE DISTRITO". Así, una vez que ocurra lo anterior, dese nueva cuenta para ordenar la remisión correspondiente. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ***, toda vez que se encuentra dentro de la jurisdicción de este órgano colegiado. Autorizados. Se tiene como autorizado, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, en el entendido de que si tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; se le tendrá como autorizado en términos amplios del precepto legal antes mencionado. Exhorto a las partes. Atento a lo dispuesto por el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Medios de contacto con este tribunal. Se hace de conocimiento a las partes que pueden establecer contacto con este órgano de control de constitucionalidad, para cuestiones no procesales, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, seleccionando el apartado de "Servicios Jurisdiccionales"; en términos de lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos. Transparencia y protección de derechos ARCO. Finalmente, en atención a lo que establecen los artículo 6 y 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; lo dispuesto por el artículo 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por la fracción I, del artículo 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, de conformidad con los artículos 4, 5, 9, 17, 18, 19 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlas arbitrariamente; por lo que, se hace de conocimiento a las partes que en todo momento, el titular o su representante, podrán solicitar ante este Órgano Jurisdiccional, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, con las limitantes que la propia normativa en materia de transparencia señala Los datos anteriores solo deberán utilizarse para consultar los expedientes radicados bajo el índice de este Tribunal. Integración de expediente electrónico. Finalmente, se instruye al oficial que corresponda, para que tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia se incorporen de inmediato y en su totalidad al expediente electrónico. Asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el presente asunto en que se actúa, en el entendido de que deberá ingresarlas al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) haciendo uso de la FIREL, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 263 del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. ***
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