Abigail del Real Galván

Expediente 808/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
808/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Abigail del Real Galván

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El dos de septiembre de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dieciséis al veintinueve de agosto de dos mil veintidós; sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintidós. Si se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos y con un sobre devuelto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos en el que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del aludido Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyanse en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, del estado que guardan los autos se advierte que fue devuelta la pieza postal que contiene el oficio 25153/2022 dirigido al Coordinador de la Policía Ministerial desatacamentado en Fresnillo, Zacatecas; sin embargo, agréguese únicamente a sus autos ya que en fecha veintiséis de julio del año en curso, se tuvo por inexistente a dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy 19794 y 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795 16637 y 16638

  2. Principal

    El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con registro 15854. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido y como lo solicita remítasele copia certificada de las constancias que precisa en su comunicado. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 808/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Abigail del Real Galván, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 808/2022; se admitió a trámite mediante proveído de dos de junio de dos mil veintidós; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró el veintiséis de julio de dos mil veintidós, y concluye con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, los actos reclamados en el presente juicio de amparo y las autoridades responsables, son los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: 1) Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas; 2) Agente del Ministerio Público Martha Cristina Bañuelos adscrita a la Unidad Especializada de investigación de Jerez, Zacatecas, que tiene a su cargo la carpeta de investigación 337/2022. Autoridades responsables ejecutoras: 1) Coordinador de la Policía Ministerial destacamentado en Fresnillo, Zacatecas. Actos reclamados: De las autoridades ordenadoras, la orden de aprehensión y/o detención girada en su contra dentro de la carpeta de investigación por el delito de robo y/o el que resulte derivado del hecho de tránsito 080/2022. La orden de individualización. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas y Agente del Ministerio Público Martha Cristina Bañuelos adscrita a la Unidad Especializada de investigación de Jerez, Zacatecas, que tiene a su cargo la carpeta de investigación 337/2022. Al rendir su informe con justificación negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en la orden de aprehensión y/o presentación, sin que la quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado respecto a las mencionadas responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto. La autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Coordinadora del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al rendir su informe justificado señaló que es cierto el mencionado acto reclamado, toda vez que el veintiocho de abril del año que transcurre emitió el oficio de solicitud de investigación al Inspector Jefe en Turno de Policías de Investigación para que realizara la investigación tendiente al esclarecimiento que dio origen a la carpeta de investigación 337/2022, y que con motivo de esa orden se recabó el acta de datos de individualización de la quejosa. A fin de justificar lo anterior, la citada responsable, remitió copia fotostática certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación 337/2022. Medios de prueba que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo preceptuado por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". Ahora bien, respecto de la orden de individualización de la quejosa, dentro de la carpeta de investigación 337/2022, se advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, y 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". La primera de las normas transcritas establece, entre otras cuestiones, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, cabe señalar que acorde a lo preceptuado por el numeral 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Igualmente, faculta al citado representante social para ejercer la acción penal ante los tribunales. Así, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en accionar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad, y esta actuación del Ministerio Público no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. De lo cual es posible aseverar que el desahogo de diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado, porque el Ministerio Público, al realizar actos inherentes a su función, tales como la orden de individualización de la imputada, que se reclaman en esta instancia constitucional, no hace sino cumplir con una función de su cargo, lo cual es de orden público e interés social. Y en esa guisa, el aludido acto reclamado por la parte quejosa, no es sino aquel procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se reviste del carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de agravio al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Robustece las razones plasmadas la tesis II.2o.P.51 P (10a.), con registro 2015368, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, con el rubro y contenido siguientes. "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiene como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Aunado a lo anterior, si bien es verdad, que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Coordinadora del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al rendir su informe justificado señaló que es cierto el mencionado acto reclamado, toda vez que el veintiocho de abril del año que transcurre emitió el oficio de solicitud de investigación al Inspector Jefe en Turno de Policías de Investigación para que realizara la investigación tendiente al esclarecimiento que dio origen a la carpeta de investigación 337/2022, y que con motivo de esa orden se recabó el acta de datos de individualización de la quejosa. No menos cierto es, que de conformidad con el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales es obligación del Ministerio Público, entre otras: a) Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. b) Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubiesen practicado. c) Instruir a los policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación. De lo expuesto se obtiene que al ser el acta de datos para identificación o individualización de un imputado parte de las investigaciones que corresponde realizar al Fiscal del Ministerio Público por conducto de la policía de investigación, resulta improcedente el presente medio de control promovido por la quejosa. De tal forma que, al no estar justificado el daño irreparable a la quejosa, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, en términos del numeral 61, fracción XII, y 5º, fracción I, de la Ley de la Materia; lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Abigail del Real Galván, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos vertidos en los diversos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de, asistido del secretario Jorge Martín Zamora González, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. En Zacatecas, Zacatecas a nueve de agosto de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  4. Principal

    El veintisiete de junio de dos mil veintidós, el suscrito Jesús Romero Hernández, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Que el término de treinta días que se concedió a la tercero interesada Gloria Gurrola Bañuelos a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal, transcurrió del dieciséis de mayo al veinticuatro de junio del año en curso, sin que lo hubiera hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que el término de treinta días hábiles concedido a la tercero interesada Gloria Gurrola Bañuelos mediante edicto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que comparezca al presente juicio de garantías, transcurrió sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el referido edicto; en consecuencia, se determina que las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo. Ahora bien; en atención a que ya obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, con su contenido, dese vista a la citada tercero interesada para que en el término de ocho días manifieste lo que a su interés legal convenga. Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. REBB* En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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