Abigail Cháidez Madrigal

Expediente 640/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
640/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Abigail Cháidez Madrigal
  • ABIGAIL CHÁIDEZ MADRIGAL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada en la propia data, quedando comprendido dicho plazo del veinticinco al treinta y uno siguientes. Sentado lo anterior, se declara que el auto de desechamiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE toda vez que se desechó la demanda por improcedente.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo presentada vía juicio en línea, por Abigail Cháidez Madrigal e Iván Andrei Espinosa Pereyra, contra actos del Congreso del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y otras autoridades. El Secretario encargado del despacho acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 640/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En la especie, la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "IV. Actos reclamados: 1. De las autoridades señaladas en los incisos 1) al 7), reclamamos en lo que a cada una en el ejercicio de las funciones que les corresponda, los actos de discusión, aprobación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa específicamente las fracciones II y III del artículo 50, que establece los derechos fiscales derivados de los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los actos de aprobación, firma promulgación y publicación del decreto que contiene la ley fiscal precisada, el refrendo constitucional de los actos reclamados, así como el encargo directo para la aplicación de la ley cuya constitucionalidad se reclama a través de los actos de recaudación, liquidación, cobro y administración de los derechos fiscales derivados de los servicios del registro público de la propiedad y del comercio contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. El artículo 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, que estipula los impuestos adicionales sobre el Impuesto a la Adquisición de inmuebles, en los municipios de Sinaloa, impuesto adicional a razón del 10%, y su aplicación, con motivo del pago consignado en el recibo P286591, de 28 de Junio de 2023, por concepto de 'ASISTENCIA SOCIAL'. Los artículos 50, fracción II, 53, fracción VII, y 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por el pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción de las operaciones de compraventa y de contrato de crédito hipotecario, así como el 10 %, con motivo del impuesto adicional Pro-Educ, consignados en los recibos 3126309 y 3126310, de dieciocho de julio de dos mil veintitrés. 2. De las autoridades responsables precisadas en los incisos 8) y 10), del capítulo que antecede, reclamo el pago y cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y el pago y cobro del impuesto adicional por concepto de 'ASISTENCIA SOCIAL'. 3. De las autoridades responsables enumeradas en los incisos 4), 5), 8) y 9) del capítulo III inmediato anterior, reclamo el pago y cobro de derechos por la inscripción del documento público consistente en: - Escritura pública número 37,373 (Treinta y Siete Mil Trecientos Setenta y Tres), Volumen LIV (Quincuagésimo Cuarto), libro 1 (Uno) del protocolo a cargo del notario público número 114 en el Estado de Sinaloa, Licenciado Luis Ernesto Escobar Ontiveros, con ejercicio en esta ciudad y cuyo pago se acredita con los recibos de pago con folios 3126309 y 3126310, de dieciocho de julio de dos mil veintitrés." En la especie, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. El precepto legal antes citado, exige para que opere la causa de improcedencia en él contenida, la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso y contra el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ilustra lo anterior la tesis VII.P. 83 K, de rubro "LITISPENDENCIA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Previo a demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, resulta pertinente traer a la vista los autos del juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, y de la jurisprudencia de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Del referido juicio de amparo ********************, promovido por la propia parte quejosa Abigail Cháidez Madrigal e Iván Andrei Espinosa Pereyra, se advierte que señaló como actos reclamados los siguientes: "IV. Actos reclamados: 1. De las autoridades señaladas en los incisos 1) al 7), reclamamos en lo que a cada una en el ejercicio de las funciones que les corresponda, los actos de discusión, aprobación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa específicamente las fracciones II y III del artículo 50, que establece los derechos fiscales derivados de los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los actos de aprobación, firma promulgación y publicación del decreto que contiene la ley fiscal precisada, el refrendo constitucional de los actos reclamados, así como el encargo directo para la aplicación de la ley cuya constitucionalidad se reclama a través de los actos de recaudación, liquidación, cobro y administración de los derechos fiscales derivados de los servicios del registro público de la propiedad y del comercio contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. El artículo 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, que estipula los impuestos adicionales sobre el Impuesto a la Adquisición de inmuebles, en los municipios de Sinaloa, impuesto adicional a razón del 10%, y su aplicación, con motivo del pago consignado en el recibo P286591, de 28 de Junio de 2023, por concepto de 'ASISTENCIA SOCIAL'. Los artículos 50, fracción II, 53, fracción VII, y 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por el pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción de las operaciones de compraventa y de contrato de crédito hipotecario, así como el 10 %, con motivo del impuesto adicional Pro-Educ, consignados en los recibos 3126309 y 3126310, de dieciocho de julio de dos mil veintitrés. 2. De las autoridades responsables precisadas en los incisos 8) y 10), del capítulo que antecede, reclamo el pago y cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y el pago y cobro del impuesto adicional por concepto de 'ASISTENCIA SOCIAL'. 3. De las autoridades responsables enumeradas en los incisos 4), 5), 8) y 9) del capítulo III inmediato anterior, reclamo el pago y cobro de derechos por la inscripción del documento público consistente en: - Escritura pública número 37,373 (Treinta y Siete Mil Trecientos Setenta y Tres), Volumen LIV (Quincuagésimo Cuarto), libro 1 (Uno) del protocolo a cargo del notario público número 114 en el Estado de Sinaloa, Licenciado Luis Ernesto Escobar Ontiveros, con ejercicio en esta ciudad y cuyo pago se acredita con los recibos de pago con folios 3126309 y 3126310, de dieciocho de julio de dos mil veintitrés." Y como autoridades responsables señalaron al Congreso del Estado de Sinaloa, Gobernador Constitucional, Secretario General, Secretaría de Administración y Finanzas, Director del Periódico Oficial del Estado, todos del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; Recaudador de Rentas, Presidente Municipal, Tesorería, Oficial del Registro Público de la Propiedad y del comercio y Dirección de Ingresos, todos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con asiento en esta localidad. La referida demanda se recibió vía electrónica el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, y fue radicada bajo el número de expediente ********************. De lo antes expuesto se dilucida que la parte quejosa promueve un diverso juicio de amparo contra los mismos actos reclamados en el juicio de amparo ********************, y en contra de las propias autoridades que señaló como responsables, es decir, contra actos que son materia de otro juicio de amparo, con lo que se encuentran colmados los supuestos a que aluden los incisos a) al c) antes precisados. Entonces, si la demanda de amparo correspondiente al juicio ********************, se recibió en este juzgado en primer orden, a saber, el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, y la diversa referida en la cuenta, fue recibida el veinte de julio de dos mil veintitrés, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Ello, en razón de que la parte quejosa promovió dos demandas de amparo, contra los mismos actos reclamados y autoridades responsables, por tanto, si la materia de reclamo en ambas demandas de amparo es idéntico, como también las autoridades responsables, es inconcuso que se actualiza la figura de litispendencia, generando la improcedencia del presente juicio en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que el sumario constitucional ********************, aún no ha sido resuelto y menos aún causa estado. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, de rubro "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS . Asimismo, sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala, registro 239124, intitulada "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO." DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. DOMICILIO. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************en esta ciudad. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que causa estado este acuerdo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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