Abigail Carranco García
Expediente 522/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Abigail Carranco García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto en el que se tuvo por no presentada su demanda, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme dicho proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
No se ratifica la demanda; se tiene por no presentada.
- Principal
Registro de demanda Visto el escrito de demanda presentado por **********, en favor de ************ y *************, en contra de los actos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato y otras autoridades. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); regístrese con el número ********* En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Precisión preliminar. Ahora, del escrito de cuenta se desprende que la promovente reclama en esta instancia lo siguiente: "VI.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Único. La privación ilegal de la libertad, tortura y la incomunicación de que pueda ser objeto [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS. A.- La privación ilegal fuera de procedimiento que se trata de ejecutar en contra de "**********, ya que no existe mandamiento por autoridad competente" Ahora, no es inadvertido que la promovente aduce que comparece en representación de los quejosos directos y de la lectura de la demanda no se desprenden, en forma expresa, manifestaciones o argumentos relativos a incomunicación o manifestaciones en el sentido de que los peticionarios se encuentran imposibilitados para signar la demanda y promover, por sí, el amparo en términos del artículo 15 de la ley de la materia; o, en su caso, algún tipo de representación con la que cuente en favor de ellos. No obstante, de una lectura integral a la luz del artículo 1º constitucional permite interpretar que sí se ha obstaculizado la comunicación con ellos, en la medida en que afirma que desconoce dónde se encuentran recluidos, además de que no ha tenido comunicación con agentes del Ministerio Público ni con ningún juzgador. De ahí que se le da tramite excepcionalmente al presente asunto como incomunicación. Por tanto, se tiene como acto reclamado en esta instancia constitucional la incomunicación de los directos quejosos, el cual es prohibido por el artículo 22 constitucional. Suspensión de plano y efectos Ahora bien, como del análisis del escrito de cuenta se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la incomunicación de que están siendo objeto los directos quejosos **********, con apoyo en el numeral 126, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que de inmediato cese el referido acto a que se encuentran sujetos, así como para que no se les apliquen los actos prohibidos previstos en el ordinal 22, de nuestra carta magna, por lo cual queda en cuanto a su persona, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables y deben informar ésta, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento que se dé a este mandato judicial; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable por medio de oficio. Si el acto reclamado se trata de la privación de la libertad fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 164 y 165, se concede también la SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: En caso de que la privación de libertad de los quejosos sea por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora los pongan de inmediato a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que los directos quejosos sean puestos en libertad (artículo 164). Además de lo anterior, y a fin de cumplir cabalmente con los dispositivos en cita, se precisa que si la detención deriva de una orden emitida por el Ministerio Público y se encuentran a su disposición, la medida cautelar tendrá como efecto que el fiscal, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, debe consignar a los directos agraviados ante el juez penal correspondiente, o ponerlos en libertad (artículo 165, primer párrafo). En el entendido de que, si la detención fue por flagrancia y se encuentra a disposición del Ministerio Público, el plazo se contará a partir de que sea puesta a su disposición (artículo 165, segundo párrafo). En cualquier caso, distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de los agraviados directos, la suspensión se concederá para el efecto de que, de inmediato, sean puestos en inmediata libertad o consignados al juez respectivo (artículo 165, tercer párrafo). Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que deberán realizar lo siguiente: 1. Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el cual se confirmará y acusará recibo por la misma vía. 2. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo antes determinado, se harán acreedoras a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta veces, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación con motivo de la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción II de la ley de la materia. Comisión a los actuarios de la adscripción Se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal, para que procedan a la búsqueda y localización de los quejosos directos Juan Pablo Carranco García y María Fernanda Vallejo Torres, en las instalaciones policiales, de detención y de investigación que existen en este municipio, es decir, en las diferentes corporaciones policiales, en donde existan separos o celdas, así como en centros de reclusión, instancias gubernamentales (autoridades: federales, estatales y municipales), Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías de la Entidad, Delegaciones Estatales en la Fiscalía General de la República, y en caso de que no los encuentren en alguno de esos lugares, preguntar si estuvieron; en su caso, la causa de ingreso, la fecha y motivo del egreso, la autoridad ante la cual estuvieron a disposición; para lo cual se les faculta para que hagan uso de los medios de apremio correspondientes previstos en la Ley de Amparo. En la inteligencia de que en el acto de la diligencia deberán realizar lo siguiente: Se constituyan de manera física y personal en los correspondientes domicilios y soliciten que le permitan el ingreso; Vocear o llamar a los peticionarios de amparo en el lugar respectivo; Notificarles el presente proveído y requerirlos para que en ese momento, o dentro del término de tres días contado a partir de su notificación, manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda de amparo presentada a su favor, bajo el entendido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las medidas adoptadas, lo anterior de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la ley de la materia; Dar fe de su estado físico, y en su caso, recabar imágenes fotográficas de las lesiones que pudiera presentar y cuestionarlo sobre la causa de éstas; Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresaron las personas buscadas al lugar donde se ubicaron; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentran a su disposición en cuanto a su libertad personal.; Notificarle a la autoridad ante quien estén detenidos, la suspensión de plano decretada; En caso de no encontrarse ya internados en esos lugares, el fedatario deberá recabar la información necesaria que permita advertir a dónde fueron trasladados y ante qué autoridad fueron puestos a disposición, y proceda a su búsqueda para los efectos precisados en los lugares donde puedan estar y que se ubiquen en esta ciudad; y, Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Además, hará saber a las autoridades ante quien se presente que, dada la modificación constante en las denominaciones de las autoridades que conforman el organigrama de las Fiscalías tanto General de la República como del Estado y, al tratarse de un asunto urgente y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, de no ser la denominación correcta, deberá recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que se tuviere; deberá apercibirlo que de negarse a recibir el oficio, se hará acreedora a una multa de MIL DÍAS, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Domicilio Se tiene como domicilio procesal de la parte promovente, el ubicado en calle **********, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Habilitación de días y horas Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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