Abigail Berenice Castro Flores

Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
777/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Abigail Berenice Castro Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, por medio del cual, remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de dos de diciembre de dos mil veinte, en los autos del recurso de queja 146/2020, interpuesto por el autorizado de la quejosa ---------, en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada por este Juzgado Federal, en el que resolvieron: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la quejosa --------- a través de su autorizado ---------, contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto número 777/2020-VII." De lo anterior este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar, glósese la ejecutoria de referencia y como lo solicita el Tribunal Colegiado oficiante, acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese orden de ideas, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, mediante el cual acusa de recibo de las constancias que le fueron remitidas vía interconexión relativas al presente asunto, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el autorizado de la quejosa -------------, contra el auto de veintiocho de octubre pasado, dictado por este juzgado federal. Asimismo, de la misiva de cuenta se advierte que se admitió a trámite el medio de impugnación y que se registró con el número de queja 146/2020, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por --------------, en su carácter de autorizado en términos amplios por la quejosa --------------, mediante el cual interpone recurso de queja contra la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veinte, emitida dentro del presente juicio de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99, todos de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, en el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/2182/2020 de veintinueve de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial, y en lo dispuesto por el artículo 39 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, remítase vía interconexión de manera digitalizada al Tribunal de Alzada el informe materia de la queja y escrito de agravios, previa petición de papeleta y turno que se solicite a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Civil del Segundo Circuito. En el entendido de que la acción de vinculación de expedientes entre el órgano de origen y el órgano de destino, se encuentra habilitada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico del presente juicio, y se esté en posibilidad de resolver el recurso que nos ocupa. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por --------, por su propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otras autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 777/2020-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dice "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia por lo siguiente: Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La inconstitucionalidad de los artículos 2.27 y 2.28 del Código Civil de Procedimientos Civiles del Estado de México. Como primer acto de aplicación de dichos artículos, el auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el juicio ordinario civil 342/2020, por el cual tuvo por contestada la demanda ordinaria civil interpuesta en contra de la aquí quejosa e inadmitió la reconvención que intentó, al no poderse ejercitar acciones contrarias ni contradictorias, en términos de los numerales señalados como inconstitucionales. En virtud de lo anterior, se estima que respecto de la determinación reclamada se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Así, del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución que estime le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, tomo XV, julio de dos mil dos, página novecientos dos, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Así pues, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Bajo este contexto, y a fin de apuntalar la determinación de este juzgado, se debe tomar en cuenta que el acto que se analiza consiste en el auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el que el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, entre otras cosas, inadmitió la reconvención planteada por la aquí quejosa dentro del juicio ordinario civil 342/2020. En ese orden, los artículos 1.192, 1.360, 1.366, 1.377 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su orden, dicen: "Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal." "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja.". "Artículo 1.377. Las sentencias definitivas son apelables con efecto suspensivo, salvo cuando la ley determine lo contrario." "Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, permite considerar que los decretos son simples determinaciones de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes y sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal, asimismo, como dato relevante se advierte que la procedencia del recurso de apelación es de naturaleza casuística, pues, el artículo 1.378, estatuye que serán apelables los autos que de manera específica señala el propio código adjetivo civil local. Asimismo, el artículo 1.362 del código procesal citado, versa: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables." La disposición transcrita establece la existencia del recurso de revocación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra decretos y autos dictados en la instancia, que no son apelables, lo cual implica una procedencia genérica establecida por el legislador. En ese contexto, la revocación procede por exclusión respecto de los autos y decretos que no sean apelables, tal como lo establece la tesis emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aduce: "REVOCACIÓN, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." De lo transcrito, alude que en contra del acto como el que reclama la parte quejosa, procede el recurso de revocación previsto en la legislación de la materia de donde deriva el acto reclamado. Lo anterior es así, pues a través de ese medio de defensa legal, puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que tacha de ilegal. Para corroborar la procedencia del recurso de revocación, es menester verificar que se encuentren colmados los requisitos previamente señalados. En ese sentido, por lo que respecta al requisito señalado en el inciso a, se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo llevó a cabo el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, esto es, proviene de un tribunal judicial. Respecto al inciso b, también se encuentra satisfecho, al tenor de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente en el artículo 1.362, donde se establece la procedencia del recurso de revocación. En ese sentido, si la quejosa reclama en la presente instancia constitucional el auto por el que se inadmitió la reconvención, entonces es inconcuso que dicha actuación puede ser nulificada conforme al recurso aludido, tomando en consideración que el auto que ahora reclama, no fue dictado dentro de alguna audiencia. Con relación al inciso c, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, es decir, en la citada controversia. Finalmente, se encuentra acreditado el requisito mencionado en el inciso d, habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del recurso de revocación, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. No es obstáculo para lo anterior el criterio jurisprudencial que señala la parte quejosa, que a su decir evidencia la procedencia del presente juicio de amparo, de rubro: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LA DESECHA.", puesto que si bien la misma prevé la procedencia del amparo contra actos relativos al desechamiento de la reconvención, también cierto es que se refiere a aquella resolución que confirma dicha inadmisión, luego si en el presente asunto no se advierte que se haya confirmado dicho desechamiento, puesto que no se ha agotado el recurso respectivo es evidente que no es aplicable hasta este momento. Igual consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 146/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Página 20, que dice: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio general que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención planteada procede el juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho acto procesal debe considerarse como de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis. Por otro lado, en virtud del carácter especial y sui generis de la resolución que confirma aquella que desechó la reconvención, este Máximo Tribunal advierte que también, por excepción, es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de carácter procesal, como lo es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo Juez y no ante otro, así como el derecho que tiene de que un solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes. En las condiciones anotadas, se pone de manifiesto que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo a la inconstitucionalidad de los artículos 2.27 y 2.28 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que se reclama con motivo del primer acto concreto de aplicación que se materializó en el auto dictado por la autoridad responsable el treinta de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil 342/2020. Ello, debido a que no puede desvincularse el estudio de la norma con el que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley por sí sola, considerada en abstracto; por lo que, la vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la norma. Así, al ser improcedente de manera notoria y manifiesta el juicio de amparo respecto del acto de aplicación, también debe desecharse la demanda respecto del ordenamiento en el que se apoya, a saber: los artículos los artículos 2.27 y 2.28 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 254, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3904, tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Recursos en el amparo contra leyes, materia constitucional, del Apéndice de dos mil once, cuyos rubro y texto son: "LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO. Si se impugna la constitucionalidad de una ley no a raíz de su sola vigencia, por afectar desde luego a la parte quejosa, sino a consecuencia de actos concretos de aplicación, y la sentencia sobresee el juicio respecto a todos los actos de aplicación de la ley, y en el recurso se combate únicamente la sentencia en cuanto negó el amparo respecto a la ley, no así en cuanto sobreseyó el juicio a propósito de los actos de aplicación, lo anterior tiene como consecuencia que deba revocarse la negativa del amparo y decretarse el sobreseimiento del juicio, también en relación a la ley que se reclama, porque si se impugnó su constitucionalidad por haberse producido actos de aplicación, y tocante a éstos se sobreseyó el juicio, y contra el sobreseimiento no se inconforma el recurrente, desaparecidos los actos de aplicación, el sobreseimiento debe pronunciarse también sobre la ley." Asimismo, cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 27, volumen 217-228, primera parte, materia constitucional, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Por todo lo anterior, es que de conformidad con el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por Abigail Berenice Castro Flores, por su propio derecho, contra los actos aquí precisados. A mayor abundamiento, sólo resta decir que similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 162/2019, en el que se analizó una cuestión como la aquí planteada en relación a la inconstitucionalidad de normas procesales, derivado de la improcedencia del acto de aplicación. ----------- En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Calle-----------------------, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, Código Postal 55290. -------------- Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del fedatario judicial que, para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tienen como autorizadas de la parte quejosa, a las personas que índica en su demanda de amparo, de las cuales únicamente ------------ y ------------, podrán gozar de las amplias facultades que le confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en tanto que las diversas personas que señala en tales términos, de momento únicamente podrán oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta que acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su patente profesional se encuentre dada de alta en el aludido sistema. También, se tienen como autorizados en el juicio a ------------, ------------ y ------------, quienes solamente quedan facultados para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos y recoger documentos, por así haberlo manifestado expresamente la parte quejosa. En otro orden de ideas, toda vez que se proporcionó el nombre de usuario "arturo_floresj" para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice las gestiones necesarias. Asimismo, acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de medios electrónicos digitales para la consulta de este expediente. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 5553870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, ello dentro de un horario a partir de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano