Abigail Barrera Lazaro

Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
49/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2023

Partes del expediente

  • Abigail Barrera Lazaro
  • ABIGAIL BARRERA LAZARO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por la Síndica Procuradora y representante legal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, a través del cual solicita la consulta del expediente electrónico. Atento a lo anterior, y toda vez que ni de las constancias de autos ni del escrito que se provee se advierte documento idóneo que acredite la personalidad con la que se ostenta la promovente, no ha lugar a proveer de conformidad con su petición. Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso que queja contra el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso b), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Devolución de documentos. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, serán depurados y en su momento destruidos junto con éste de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que exhibió la parte quejosa. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto el expediente físico como el electrónico coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 35 del acuerdo general citado. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, ********************contra actos de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número ********************, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda Por otro lado, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo materia del presente asunto, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese orden, se advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Previamente a realizar el estudio correspondiente es necesario establecer que el acuerdo inicial, excepcionalmente es el momento oportuno para determinar si se actualiza, respecto de la autoridad a quién se atribuye el acto reclamado, el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, cuando se actualice el supuesto de que exista la certeza y plena convicción de que pese a admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una conclusión diversa. Ahora, del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se destaca que el juicio de amparo es improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas constitucionales o las contenidas en la Ley de Amparo no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, del artículo 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se colige que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. En esa tesitura, existen tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Del contenido de los artículos antes mencionados y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al supuesto de que los hechos que en el mismo se reclamen provengan de un acto de autoridad, o bien, de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, y que además, afecten los derechos supremos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que aquellos actos emanados de relaciones de supra subordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso concreto, de la demanda de amparo se observa que el acto reclamado a la Gobernadora Constitucional del estado de Guerrero, consiste en la omisión de dar contestación a los escritos presentados el diecisiete de julio de dos mil veintidós y catorce de febrero de dos mil veintitrés, por medio de los cuales solicitó interviniera con la introducción de los servicios públicos de agua, energía eléctrica, y drenaje, mismos que ya habían sido pagados a las dependencias estatales derivado de un contrato de compraventa a crédito que celebraron los quejosos con el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano INVISUR, subdelegación zona norte de la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. En esa medida, este juzgador considera que la autoridad que la parte quejosa señaló como responsable, no actúa en su carácter de autoridad, sino en un plano de coordinación con la parte quejosa. Esto es, el acto reclamado deriva del vínculo jurídico existente entre el los quejosos y la vendedora, puesto que esta última dentro del contrato de compraventa se comprometió a introducir los servicios públicos de agua, energía eléctrica y drenaje, tan es así que los quejosos aseguran que pagaron por los mismos. Por ende, como de los antecedentes de la demanda se advierte que la quejosa acude a reclamar una omisión cuyo origen deriva del incumplimiento de una prestación contractual, que se otorgó en un plano de supra a subordinación; no le asiste el carácter de autoridad responsable a la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, para efectos del juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Autorizados Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** por tener registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del precepto legal antes citado a las diversas personas descritas en su escrito de demanda. Aviso de transparencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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