Abelino Marcelino Bastidas
Expediente 1654/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1654/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Abelino Marcelino Bastidas
- Junta Especial Numero Cuatro de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 4324, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de febrero de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio registrado con folio 3666, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de treinta y cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite para lo cual deberá remitir: Copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral de origen ********************, de su estadística Copia certificada de las constancias de notificación personal realizadas a las partes, respecto del laudo pronunciado. Conviene señalar que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal y atiende a la etapa procesal en que se encuentra el juicio laboral de origen, así como a los términos establecidos en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Además, a que es un hecho notorio para el suscrito las condiciones en que labora dicha autoridad, como lo es la falta de presupuesto, de personal y, desde luego, las altas cargas laborales. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2005325, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." No obstante lo anterior, se apercibe a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con treinta y cuatro minutos del día trece de noviembre de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1654/2017, promovido por , por conducto de su apoderado legal; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes; sin que obste para la celebración de la presente audiencia constitucional, que se encuentre transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la junta responsable; en virtud de que, con ello no se infringe lo dispuesto por el invocado precepto legal, en atención a que el acto reclamado en el juicio en que se actúa, es la denegación de justicia, lo cual genera, posiblemente, una violación a la garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, y de diferir la audiencia por tal circunstancia, redundaría en perjuicio de la parte quejosa, pues se retardaría el dictado de la sentencia constitucional que en derecho proceda, en este sentido, el estudio y análisis del acto de molestia versará únicamente respecto de las constancias que la responsable haya remitido como complemento a su informe justificado. Por otra parte, al no existir promociones pendientes por acordar; se declara abierto el periodo probatorio, en el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda; así como las que allegó la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, como soporte de su informe justificado. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; atento a lo anterior, al no existir promoción alguna pendiente de proveer, se procedió a cerrar el período de alegatos; consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y en vista de todo lo actuado, el Juez procede a dictar el fallo correspondiente. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo 1654/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el quejoso , por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y acto que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE *Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ACTO RECLAMADO *"Lo constituye la denegación de justicia por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por cuanto la omisión de dictar la resolución definitiva en forma de laudo". SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales, las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 1654/2017, por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite y se solicitó informe justificado a la autoridad responsable. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos asentados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 48, en relación con el 55, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." *El acto de molestia se hace consistir en la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral número . TERCERO. La Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, y con la finalidad de acreditar su legalidad, remitió copia certificada de algunas constancias que integran los autos del juicio laboral de origen número , entre los que se encuentra el proveído emitido el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el que se dio vista a las partes con la certificación respecto de que no existe prueba alguna por desahogar para que manifiesten lo que a sus intereses corresponda; medios de convicción a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de la Materia, en virtud de que cuenta con la certificación correspondiente asentada por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, hace prueba plena de los hechos afirmados por la propia responsable. Se cita por aplicable, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. En el presente asunto las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este Tribunal Federal advierte que se actualice alguna; por tanto, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación que hizo valer el peticionario de garantías en su escrito de demanda, ya que no se requieren para el desarrollo y dictado de la resolución, además de que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no la priva de la oportunidad para recurrirla y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Al caso, es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sustentado en la jurisprudencia número 477, visible en la página 414, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". QUINTO. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación expuestos por la parte inconforme. En efecto, aduce la parte quejosa que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto entre otros, en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no ha dictado el laudo correspondiente dentro del juicio laboral número , tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". Del precepto transcrito se advierte la garantía de seguridad jurídica, que se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia debido a que deben impartirla en forma pronta, completa, imparcial y gratuita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los plazos y conforme a los términos que establece la legislación aplicable. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, y expresó lo siguiente: "SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS; de los que se duele el quejoso, pero no en los términos y condiciones que así lo expresa; toda vez que la omisión de emitir el laudo correspondiente no obedece a una conducta de negligencia, dolo o mala fe, sino por la excesiva carga de trabajo que impera en esta junta, razón por la cual resulta imposible dar cumplimiento con los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo." Así, de la consulta de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, consistente en copia fotostática certificada de diversas actuaciones del expediente laboral número , a las que, por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se advierte que, mediante proveído dictado en treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la Junta responsable ordenó practicar la certificación respecto de que no existe prueba alguna por desahogar; lo cual se efectuó en la misma fecha y consecuentemente, se ordenó turnar los autos a su proyecto de resolución en forma de laudo; sin embargo, desde esa fecha han transcurrido aproximadamente siete meses trece días después de dicha actuación, sin que a la fecha se haya elaborado el proyecto de resolución en forma de laudo, por parte del auxiliar proyectista. Por tanto, es evidente que con su omisión y notorio retardo en el pronunciamiento de dicho proyecto, la responsable, transgredió la garantía de justicia pronta, prevista en el artículo 17 Constitucional, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezca en las leyes, con independencia de los impedimentos legales que pudiesen surgir, para ello. Lo anterior, en virtud de que los tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir tanto sus laudos, como resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso para pronunciar el proyecto de resolución en forma de laudo, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. Ahora, dada la naturaleza del acto reclamado, es oportuno citar que los artículos del 884 al 890 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: [.] V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenara al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". De los preceptos legales transcritos se advierten los siguientes plazos y términos: ( Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito (artículo 884). ( Una vez formulados los alegatos, el Secretario debe certificar que ya no quedan pruebas por desahogar (artículo 885). ( A continuación se da vista a las partes por el término de tres días para que expresen o no su conformidad con dicha certificación (artículo 885). ( Transcurrido dicho término, se declarará cerrada la instrucción (artículo 885). ( Dentro de los diez días siguientes al cierre de la instrucción se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo (artículo 885). ( Se entregará copia del proyecto a los miembros de la Junta, para que dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la misma, cualquiera de ellos pueda solicitar que se practiquen diligencias por las razones que indica el artículo 886 de la ley en estudio, procediéndose a su desahogo, en su caso. ( Concluido el plazo anterior o habiéndose desahogado las diligencias respectivas, dentro de los diez días siguientes se citará a los miembros de la Junta para la discusión y votación del proyecto de laudo (artículo 887). ( Aprobado el proyecto de resolución se elevará a la categoría de laudo (artículo 889). Sentado lo anterior, y tomando en consideración que han transcurrido en exceso los plazos que antes quedaron detallados, pues la autoridad responsable, pese a tener la obligación legal de actuar en los términos que marca la ley, ha sido omisa en proveer lo necesario a fin de que se elabore el proyecto de resolución en forma de laudo, por más de siete meses trece días, esto es, a la fecha, no ha justificado el por qué ha omitido agilizar el trámite para que se dé cumplimiento a los preceptos legales en cita, con la evidente transgresión del precepto constitucional 17. En efecto, el precepto en análisis pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Los atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. L/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en las obligaciones de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. De ahí, que le asista la razón a la parte demandante de amparo, al resultar evidente que la citada autoridad ha vulnerado en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, pues estaba obligada a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso. Sirve de apoyo el criterio que establece el alcance del artículo 17 constitucional, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis que dio lugar a la tesis jurisprudencial número P./J. 113/2001, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de 2001, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Toda vez, que del contenido del artículo 17 de la Constitución Federal se constata que los Tribunales estarán expeditos para administrar Justicia, lo que deberá ser en las formas y términos que fija la ley que rige el procedimiento correspondiente, máxime que el artículo 771 de la ley laboral, impone la obligación a los Presidentes de las Juntas y Tribunales laborales de cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios no queden inactivos. Bajo este orden de ideas, es patente que la responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ha infringido la garantía de expeditez en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, por lo que es procedente conceder el amparo solicitado por la parte impetrante, a efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dentro del término de los tres días posteriores, provea las gestiones necesarias a efecto de que se elabore el proyecto de resolución en forma de laudo, ello, dentro de los términos de ley, en la contienda laboral , y lo haga del conocimiento de la parte actora (aquí quejosa). Al respecto, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial IV.3o.T. J/57, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 1283, de rubro y texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Sin que en la especie se desatienda el contenido de la Jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 2005150, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página732, materia común, del texto literal que reza: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a en contra del acto que reclama, de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, de Cuernavaca, para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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