Abelino García Gómez

Expediente 1080/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1080/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Abelino García Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes para que señalaran las constancias que estimaran necesarias para ser remitidas al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en Turno del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), y 101 de la Ley de Amparo y en vía de informe se hace saber al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, con domicilio en esta ciudad, que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el proveído de dieciséis de julio del actual (fojas 447-448); sin embargo, se aclara que el mismo se pronunció apegado a derecho, como así se justifica atendiendo a los motivos y fundamentos plasmados en tal acuerdo. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en cita, el informe sobre la materia de la queja, original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de las constancias que se consideren necesarias para la resolución del referido recurso. Notifíquese.

  2. Principal

    *******************Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por contra los actos reclamados a las siguientes autoridades: 1. Titular del Juzgado de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Director General de la Policía Especializada en el Estado de Chiapas, domiciliado en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1080/2019-III DESECHAMIENTO Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos, se observa que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Ahora bien, analizada la demanda de amparo de referencia, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La orden de aprehensión emitida en contra del aquí solicitante de amparo ********** dentro de la causa penal ********* del índice del Juzgado de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En ese contexto, este operador jurídico estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos a saber: 1) Desde el día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, 3) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. En el entendido, que en el caso, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio numeral 17 de la citada ley, pues en tal virtud el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que el quejoso ********* reclama por esta vía constitucional la orden de aprehensión emitida dentro de la causa penal********** del índice del Juzgado de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como su ejecución. Ahora, dicho solicitante de amparo, manifestó bajo protesta de decir verdad que el uno de julio de dos mil diecinueve, se presentaron en su domicilio elementos policiacos, quiénes no dejaron nombres ni se identificaron como tal, pero dijeron que eran de la Dirección General de la Policía Especializada en el Estado de Chiapas, señalando que dicho impetrante de amparo, tenía una orden de aprehensión en su contra; luego********* el diecisiete del citado mes y año, le manifestó que habían girado una orden de aprehensión en contra del supracitado quejoso ********** esto, dentro de la causa penal ********** del índice del Juzgado de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, toda vez que ella estuvo detenida dentro de la citada causa pero alcanzó su libertad bajo un beneficio. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, diciembre de 1993, en la página 857, registro electrónico 214035, Octava época, cuyo epígrafe y texto establecen: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Entonces, tomando en consideración que el solicitante del amparo señala que tiene conocimiento de los actos reclamados, inclusive datos como el número de la causa y autoridad que la emitió, al menos desde el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, es claro que el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió a partir del día hábil siguiente a dicha data; es decir, del dieciocho de julio al siete de agosto del año en curso; sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, si la demanda se promueve fuera de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parque quejosa con ello. Consecuentemente, al presentarse la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, hasta el nueve de agosto de dos mil diecinueve, como se observa del sello de recibido de aquella oficina (foja 2), es claro, que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo precluyó, resultando extemporánea su presentación. Tiene aplicación la jurisprudencia 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, registro digital 163172, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el dictado del acto reclamado pudiera traer aparejada la privación de la libertad del quejoso, no menos cierto es que dicho acto, tal como se advierte de la demanda, deriva de un procedimiento penal, pues se atribuye a Jueces Penales y Agentes del Ministerio Público de esta circunscripción; ante ello es inconcuso que al ser actos dictados dentro de un proceso penal le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2886, libro 11, tomo III, octubre de 2014, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro electrónico 2007769, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)].Además, como se expuso precedentemente, los actos reclamados no están en alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues, no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es aplicable, la jurisprudencia 12/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38, libro 18, mayo de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro electrónico 2009174, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XII, tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, registro electrónico 2001551, de la literalidad siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. Aunado a lo anterior, este operador jurídico tiene conocimiento en términos del oficio SECJ/2190/2019, signado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad, que los juzgados de control en el Estado de Chiapas, suspendieron labores del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve, con motivo del primer periodo vacacional del año en curso; sin embargo, de la referida comunicación, se evidencia que tales juzgados, dejaron guardias para atender asuntos urgentes, como la rendición de informes requeridos. Amén de lo anterior, es inconcuso que el quejoso tiene conocimiento como se expuso, de datos de identificación como el número de la causa penal de donde derivan los actos reclamados. De ahí que no puede interrumpirse con motivo del periodo vacacional de la autoridad responsable para la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, es incuestionable que la presentación de la demanda se realizó de manera extemporánea y, por ende, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que obliga a DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.En ese mismo tenor, es aplicable la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado y como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que designa, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito de demanda. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU L EY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ****************************

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