Abelardo Velázquez Guzmán
Expediente 498/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 57 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abelardo Velázquez Guzmán
- Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Región Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia, dictado en este juicio de amparo el uno de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, glósese el original del incidente de suspensión y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de uno de junio de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción II del Acuerdo en mención. Por otra parte, en resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, aunado a que por interlocutoria de cuatro de octubre de esa misma anualidad se declaró sin materia dicho incidente, el mismo es CONSERVABLE, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN por ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el cual por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés ante la falta de su notificación se requirió que se notificara, se solicitó a la parte quejosa para que manifestara la denominación correcta de las autoridades que señaló como responsables "PRIMER COMANDANTE DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FISCALÍA REGIONAL Y, COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA REGIONAL AMBAS DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN", lo cual se notificó el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por lo que el citado plazo transcurrió del veintisiete de febrero al uno de marzo ambos del año en curso, el cual contenía el apercibimiento de dejar como autoridad inexistente, sin que a la fecha se advierta manifestación alguna, por lo que se tiene por inexistente las autoridades antes referidas y se suspende toda comunicación con las mismas. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 153/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 440, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021029, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." Por tanto, instrúyase al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las modificaciones correspondientes respecto de las citadas autoridades responsables en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, agréguense sin mayor proveído los sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, relativo a los oficios número 12105/2023 y 12106/2023, dirigidos al "PRIMER COMANDANTE DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FISCALÍA REGIONAL Y, COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA REGIONAL AMBAS DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN", por los que se les pretende notificar el auto de uno de junio de dos mil veintitrés, relativo al sobreseimiento fuera de audiencia, en los que aparece la leyenda: "No existe autoridad en la dirección citada"; toda vez que en párrafos que anteceden se dejaron como inexistentes a las citadas responsables. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, referente a que dentro del término de veinte días compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos y acreditar los trámites a fin de llevar a cabo su publicación a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada..., término que ya transcurrió, sin que a la fecha la parte quejosa hubiere comparecido a este Juzgado Federal a recoger los mismos. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 62, en relación con el 5°, fracción III y con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción II de la Ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1859, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013740, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA].No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Materia Constitucional, Común, Tomo I, Libro 5, Abril 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento". Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para recoger los edictos de mérito, la parte quejosa, por sí, o bien, por conducto de sus autorizados, no manifestó su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar a la tercera interesada..., y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Materia Común, Tomo XXXII, Agosto 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo. Lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia II.2o.C. J/27, visible en la página 1868, Materia Común, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados". En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, referente a que dentro del término de veinte días compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos y acreditar los trámites a fin de llevar a cabo su publicación a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada..., término que ya transcurrió, sin que a la fecha la parte quejosa hubiere comparecido a este Juzgado Federal a recoger los mismos. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 62, en relación con el 5°, fracción III y con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción II de la Ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1859, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013740, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA].No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Materia Constitucional, Común, Tomo I, Libro 5, Abril 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento". Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para recoger los edictos de mérito, la parte quejosa, por sí, o bien, por conducto de sus autorizados, no manifestó su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar a la tercera interesada..., y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Materia Común, Tomo XXXII, Agosto 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo. Lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia II.2o.C. J/27, visible en la página 1868, Materia Común, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados". En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). Notifíquese personalmente.
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