Abelardo Mireles Díaz

Expediente 389/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
389/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Abelardo Mireles Díaz
  • Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría del Bienestar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra de la sentencia dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que la sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 17 fracción III inciso a), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es conservable. Cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá transferir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. En la inteligencia de que en el presente asunto, no obra algún documento original exhibido por las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A ocho de junio de dos mil veintitrés. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 389/2023-VII, promovido por Abelardo Mireles Díaz, contra el acto que reclamó al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el tres de abril siguiente, Abelardo Mireles Díaz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en concreto, la respuesta a su derecho de petición presentado en el escrito fechado el veintitrés de febrero del año en curso. SEGUNDO. Por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 389/2023-VII; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y finalmente, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y el acto reclamado no requiere ejecución material; por tal motivo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en concreto, la respuesta a su derecho de petición presentado en el escrito fechado el veintitrés de febrero del año en curso. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo. Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, al no invocar alguna causa de improcedencia que se hagan valer, ni que se advierta de oficio la actualización de alguna otra, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción, además que el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se transcriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo. Lo anterior encuentra soporte en la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 50/2010, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los de conformar la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de fondo. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son infundados, en atención a las consideraciones legales que se exponen a continuación. En efecto, el quejoso aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la respuesta que emitió a su petición es incongruente pues además de que la respuesta no está fundado ni motivado e incluso no se dio contestación a cada una de las solicitudes realizadas. El planteamiento que antecede es infundado por inexacto porque contrario a lo que afirma el impetrante, la autoridad responsable emitió la respuesta congruente a lo solicitado, fundada y motivada, es decir, aquélla en concreto, le contestó a su petición en el sentido de que la Secretaría de Bienestar ha cumplido y ha realizado puntualmente todos los pagos por concepto de pensión de adulto mayor del ahora quejoso. Que dichos pagos se encuentran depositados a disposición del quejoso y a su nombre, en la institución bancaria Banorte y a los cuales la Secretaría de Bienestar no tiene acceso alguno, al no ser parte del patrimonio del Estado sino del quejoso, razón por la cual, la institución bancaria "Banorte" a quien en todo caso se le debe de ordenar que haga entrega de su dinero. También agregó que la Delegación Chihuahua de la Secretaría de Bienestar no tiene la facultad de validar y procesar las altas, bajas y movimientos al padrón, pero que si coadyuva con la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios en la captura de datos a través del sistema de formato único (SIFUB), el cual no permite el avance de la captura, ya que los espacios donde se anexan apellidos de los datos obligatorios para su validaciones por parte de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, y en todo caso, el quejoso se debe constreñirse a las Reglas de Operación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el ejercicio fiscal 2023, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil veintidós. Por último, la citada autoridad responsable agregó que su actuar lo guía a los derechos humanos de todas las personas, y fundamentalmente en este caso, al grupo etario vulnerable al cual pertenece el quejoso, por lo que se le proporcionó un horario y dirección de atención al público en esta ciudad, en un módulo de atención a beneficiarios de la pensión de adulto mayor, donde podía acudir el quejoso; sin embargo, se desprende que el problema se encuentra en la institución bancaria Banorte y no de la Secretaría de Bienestar quien en todo momento ha cumplido con el pago de su pensión, pues el problema radica en el extravió de su tarjeta bancaria que le impide obtener el pago del importe de su pensión y en todo caso tiene que acudir a dicha institución para obtener una nueva tarjeta. De lo anterior se colige que la autoridad responsable contestó puntualmente la petición del quejoso, además cabe destacar que el sentido de la respuesta no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con lo solicitado. Se afirma lo anterior, en atención a que de la interpretación del artículo 8º de la Carta Magna permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. Ciertamente, el derecho de petición, está consagrado como garantía individual en el artículo 8º de la Carta Magna, que establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El derecho de petición es, por tanto, la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. El titular del derecho subjetivo público individual de petición, consagrado como derecho fundamental en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República; por consiguiente, cualquier extranjero o mexicano no ciudadano que eleve a cualquier autoridad una solicitud de índole política, no puede exigir que a su instancia recaiga un acuerdo escrito en los términos del segundo párrafo del artículo 8º de la Carta Magna. En tal virtud, con la excepción antes apuntada, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir a cualquiera autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8º Constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, lo que en la especie aconteció. Al respecto, debe decirse que ese acuerdo constituye el parecer del órgano del Estado sobre la petición formulada, mas no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Por tal motivo, la autoridad responsable para cumplir con este mandato constitucional, como se reitera, dio respuesta a la petición de la parte quejosa, y puntualmente atendió y gestionó la solicitud del quejoso, y que le corresponde resolver a la institución bancaria Banorte y no de la Secretaría de Bienestar quien en todo momento ha cumplido con el pago de su pensión, pues el problema radica en el extravió de su tarjeta bancaria que le impide obtener el pago del importe de su pensión y en todo caso tiene que acudir a dicha institución para obtener una nueva tarjeta, es decir, la respuesta que recayó a su petición está íntimamente ligada y congruente con lo solicitado; de ahí lo infundado de los conceptos de violación que hizo valer el inconforme. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.3º.38 A del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2519, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario." En mérito de lo anterior resulta, que no se infringieron en detrimento del inconforme el dispositivo constitucional que invocó como vulnerado por lo que procede negarle la protección constitucional impetrada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Abelardo Mireles Díaz, contra el acto reclamado al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Por consiguiente, notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, por oficio a la autoridad responsable.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy, ocho de junio de dos mil veintitrés, fecha en la que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, se tiene a la autoridad responsable Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, en esta ciudad, rindiendo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo, al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención al contenido del informe justificado rendido por la precitada autoridad responsable, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días manifieste si es su deseo o no ampliar la demanda respecto a la contestación a su derecho de petición, con el apercibimiento de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito resolverá el presente asunto, con las constancias que obran en autos. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 1a. /J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 92/2011. Publicada en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Por otra parte, en términos del artículo 9º de la citada Ley de Amparo, se le tiene nombrando como delegados de la autoridad responsable a las personas que se indica en el informe justificado, así como señalando el domicilio para oír y recibir notificaciones que menciona en su escrito de cuenta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Abelardo Mireles Díaz, por su propio derecho, contra actos que reclama al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua, de la Secretaría del Bienestar, con sede en esta ciudad, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno como juicio de amparo 389/2023-VII-A, para el control y registro de los datos estadísticos del índice de los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, los cuales deberán rendirlo dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes; apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá a las omisas como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Se señalan las diez horas con diez minutos del diez de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización 103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que las notificaciones se les harán en términos de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Sobre el particular, es oportuno citar, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1253, intitulada: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas de asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicada en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación sito en avenida Tecnológico número 1670 Tercer Piso fraccionamiento Fuentes del Valle, de esta ciudad. De conformidad con el artículo 12, de la ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos amplios a los Licenciados Cindy Bernal García, José Luis Jimarez Cabrera, Libertad Pinacho Martínez y Paola Janeth Siañez Heredia, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a Martha Maribel Ibarra Álvarez, Marco Antonio Ramírez Solís y Cassandra Alvarado Ruiz. Atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena dar de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación al usuario BERNAL1408; en virtud de ello, se instruye al Analista Jurídico de Sistema Integral de Expedientes, realice el alta respectiva, para los efectos legales procedentes. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. Asimismo, se le tiene por ofrecidas como probanzas de su parte, las cuales se tiene desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, en términos de lo previsto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto y deberán ceñirse a la temporalidad prevista en el cardinal 24 de la ley de la materia. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. En ese orden, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 y regularizó las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, que se puede consultar en el siguiente vinculo: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022/pdf/AcuerdoGeneral221014.pdf. Por lo que a partir del siete de noviembre del presente año, el público en general podrá acudir de manera presencial a los órganos jurisdiccionales, previa cita que deberá tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a consultar el expediente electrónico, que al efecto se genere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro del horario de atención al público que será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Licenciada Guadalupe Acosta García, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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