Abelardo Mendoza Serrano

Expediente 784/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
784/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Abelardo Mendoza Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista, la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto dictado el nueve de septiembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Abelardo Mendoza Serrano y María de Lourdes Serrano Torres. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), relativo al citado Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de este Juzgado no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó por duplicado y separado incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos ni Tomos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo indirecto promovida por Abelardo Mendoza Serrano y María de Lourdes Serrano Torres, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 784/2021-IX, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 210751, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'." Así, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, 1) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, lo siguiente: a) El auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y requerimiento de pago que dictó el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral J/O/216/2018; y De la autoridad señalada como ejecutora, 2) Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez: b) El requerimiento de pago que fue ordenado en el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral número J/O/216/2018; y c) La falta de notificación del laudo dictado en el referido juicio laboral. En ese tenor, respecto de las actuaciones precisadas en los incisos a) y b), se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, ya que la misma forma parte del procedimiento de ejecución de laudo emitido en el expediente de origen, pues fue dictado para instar a los quejosos con el objeto de que voluntariamente cumplan la condena establecida en dicha resolución en el expediente laboral J/O/216/2018; además, la orden de requerimiento de pago contenida en el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve no constituye el último acto dictado en ejecución de la resolución respectiva, dado que de él todavía pueden derivar diversas acciones para la ejecución material de ésta, como pueden ser, entre otros, que los demandados inconformes cumplan o no voluntariamente con lo ordenado en el acuerdo aquí descrito. Por tanto, como los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), forman parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le resulta aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la específicamente referida a los actos dictados en ejecución de sentencia, al tratarse de una actuación estrictamente encaminada a obtener el cumplimiento del laudo que constituye cosa juzgada. Así, resulta inconcuso que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo que la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos y garantías en su perjuicio, en el momento en que se dicte el auto en el que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Y por identidad de razón, la diversa cuyo rubro y texto es el siguiente: "LANZAMIENTO. SUSPENSIÓN DE LA DILIGENCIA DE, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE ACTO DE EJECUCIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la suspensión de la diligencia de lanzamiento, realizada por el actuario adscrito al juzgado responsable, con motivo de la ejecución provisional de la sentencia emitida en el juicio natural; en tal circunstancia, aquélla no es la última resolución dictada en ejecución de la sentencia, la cual tampoco se puede considerar como la última en el procedimiento de ejecución; luego, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el diverso 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, sobreseer el juicio de amparo." En esa tesitura, se insiste, en relación con los actos sintetizados en los incisos a) y b), atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, precisadas en los numerales 1 y 2, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por otra parte, atinente al acto reclamado por los quejosos, indicado en el inciso c), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En principio, es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Conforme a este principio el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, contra el acto reclamado acotado con antelación en el inciso c), procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser nulificados; y en el caso, la parte quejosa al no haberlo agotado, no cumplió con el principio de definitividad por el cual se rige el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance la peticionaria de amparo para impugnar la actuación de una autoridad, es algún recurso ordinario por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología lato sensu, cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; de manera que para tener obligación la parte demandada, ahora quejosa, de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que los agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, el medio común de defensa ha de estar previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo trascrito, se colige que el juicio constitucional se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el juicio de amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En el caso en análisis, antes de instar el juicio de amparo indirecto, contra la falta de notificación personal de la resolución definitiva recaída en el juicio laboral número J/O/216/2018, debieron agotar el incidente de nulidad de notificaciones, en términos del artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Al efecto, es aplicable la tesis del tenor literal siguiente: "LAUDO, OMISIÓN DE SU NOTIFICACIÓN. PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POSTERIORES A ÉL Y NO POR MEDIO DE LA NULIDAD DE SU NOTIFICACIÓN. Cuando el quejoso señala como acto reclamado la falta de notificación del laudo, indicando que tuvo conocimiento del mismo hasta el momento en que se cumplimentó el auto de ejecución, ello determina que no fuera jurídicamente posible que el peticionario de garantías, previamente al ejercicio de la acción constitucional, promoviera la nulidad de una notificación inexistente, pero sí resultaba factible que intentara el incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, respecto de las actuaciones posteriores a dicho fallo, con motivo precisamente de la omisión de su notificación; de ahí que si dicho quejoso no procedió en este último sentido, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como el diverso criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 963, tesis I.3o.T.68 L, de rubro: "LAUDO, ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL. DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTE LA RESPONSABLE.". En efecto, del artículo legal en cita se obtiene que las cuestiones de nulidad, como lo es la falta de notificación de un laudo y del auto que requiere su cumplimiento, pueden ser impugnadas mediante el incidente de previo y especial pronunciamiento contemplado en la ley obrera. Por tanto, si los actos reclamados en vía de amparo se emitieron dentro del juicio laboral J/O/216/2018, del índice de la autoridad responsable citada en el ordinal 1, procede de forma genérica el incidente de nulidad, de conformidad con el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; entonces, resulta indudable que la parte demandada, ahora quejosa, previo a instar la vía constitucional debió promover el incidente de nulidad por las omisiones aquí reclamadas y al no haberlo hecho así, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo cual hace improcedente el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el otrora Tribunal Colegiado del Octavo Circuito: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, pues no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, ni se trate de órdenes privativas de la libertad o el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En efecto, para operar la causal de improcedencia anunciada, basta con que alguna ley ordinaria prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. En ese orden de ideas, contra el acto precisado en el inciso c), reclamados a la autoridad responsable indicada en el arábigo 2, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se itera, la legislación en materia de trabajo prevé el medio de defensa, en virtud del cual, dicha omisión pudo ser materia de nulidad. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala del más alto tribunal, visible en la página 729, Tomo 1, Libro X, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, y en la diversa fracción XVIII, del ordinal precisado en primer orden, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en su artículo 113, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Abelardo Mendoza Serrano y María de Lourdes Serrano Torres, por los motivos ya expuestos. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, página 509, Novena Época, registro 203580, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para efecto de recibir y oír notificaciones el que citan en su escrito, y como autorizado en los términos amplios del referido precepto a Raúl Adrián Cabrera Castellanos, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a Henrry Díaz Abarca, Ilsy Abigail Palacios Velázquez y Laura Carrillo López, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales ante la autoridad competente. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 784/2021 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo indirecto promovida por Abelardo Mendoza Serrano y María de Lourdes Serrano Torres, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 784/2021-IX, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 210751, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'." Así, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, 1) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, lo siguiente: a) El auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y requerimiento de pago que dictó el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral J/O/216/2018; y De la autoridad señalada como ejecutora, 2) Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez: b) El requerimiento de pago que fue ordenado en el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral número J/O/216/2018; y c) La falta de notificación del laudo dictado en el referido juicio laboral. En ese tenor, respecto de las actuaciones precisadas en los incisos a) y b), se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, ya que la misma forma parte del procedimiento de ejecución de laudo emitido en el expediente de origen, pues fue dictado para instar a los quejosos con el objeto de que voluntariamente cumplan la condena establecida en dicha resolución en el expediente laboral J/O/216/2018; además, la orden de requerimiento de pago contenida en el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve no constituye el último acto dictado en ejecución de la resolución respectiva, dado que de él todavía pueden derivar diversas acciones para la ejecución material de ésta, como pueden ser, entre otros, que los demandados inconformes cumplan o no voluntariamente con lo ordenado en el acuerdo aquí descrito. Por tanto, como los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), forman parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le resulta aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la específicamente referida a los actos dictados en ejecución de sentencia, al tratarse de una actuación estrictamente encaminada a obtener el cumplimiento del laudo que constituye cosa juzgada. Así, resulta inconcuso que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo que la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos y garantías en su perjuicio, en el momento en que se dicte el auto en el que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Y por identidad de razón, la diversa cuyo rubro y texto es el siguiente: "LANZAMIENTO. SUSPENSIÓN DE LA DILIGENCIA DE, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE ACTO DE EJECUCIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la suspensión de la diligencia de lanzamiento, realizada por el actuario adscrito al juzgado responsable, con motivo de la ejecución provisional de la sentencia emitida en el juicio natural; en tal circunstancia, aquélla no es la última resolución dictada en ejecución de la sentencia, la cual tampoco se puede considerar como la última en el procedimiento de ejecución; luego, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el diverso 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, sobreseer el juicio de amparo." En esa tesitura, se insiste, en relación con los actos sintetizados en los incisos a) y b), atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, precisadas en los numerales 1 y 2, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por otra parte, atinente al acto reclamado por los quejosos, indicado en el inciso c), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En principio, es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Conforme a este principio el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, contra el acto reclamado acotado con antelación en el inciso c), procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser nulificados; y en el caso, la parte quejosa al no haberlo agotado, no cumplió con el principio de definitividad por el cual se rige el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance la peticionaria de amparo para impugnar la actuación de una autoridad, es algún recurso ordinario por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología lato sensu, cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; de manera que para tener obligación la parte demandada, ahora quejosa, de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que los agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, el medio común de defensa ha de estar previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo trascrito, se colige que el juicio constitucional se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el juicio de amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En el caso en análisis, antes de instar el juicio de amparo indirecto, contra la falta de notificación personal de la resolución definitiva recaída en el juicio laboral número J/O/216/2018, debieron agotar el incidente de nulidad de notificaciones, en términos del artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Al efecto, es aplicable la tesis del tenor literal siguiente: "LAUDO, OMISIÓN DE SU NOTIFICACIÓN. PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POSTERIORES A ÉL Y NO POR MEDIO DE LA NULIDAD DE SU NOTIFICACIÓN. Cuando el quejoso señala como acto reclamado la falta de notificación del laudo, indicando que tuvo conocimiento del mismo hasta el momento en que se cumplimentó el auto de ejecución, ello determina que no fuera jurídicamente posible que el peticionario de garantías, previamente al ejercicio de la acción constitucional, promoviera la nulidad de una notificación inexistente, pero sí resultaba factible que intentara el incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, respecto de las actuaciones posteriores a dicho fallo, con motivo precisamente de la omisión de su notificación; de ahí que si dicho quejoso no procedió en este último sentido, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como el diverso criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 963, tesis I.3o.T.68 L, de rubro: "LAUDO, ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL. DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTE LA RESPONSABLE.". En efecto, del artículo legal en cita se obtiene que las cuestiones de nulidad, como lo es la falta de notificación de un laudo y del auto que requiere su cumplimiento, pueden ser impugnadas mediante el incidente de previo y especial pronunciamiento contemplado en la ley obrera. Por tanto, si los actos reclamados en vía de amparo se emitieron dentro del juicio laboral J/O/216/2018, del índice de la autoridad responsable citada en el ordinal 1, procede de forma genérica el incidente de nulidad, de conformidad con el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; entonces, resulta indudable que la parte demandada, ahora quejosa, previo a instar la vía constitucional debió promover el incidente de nulidad por las omisiones aquí reclamadas y al no haberlo hecho así, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo cual hace improcedente el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el otrora Tribunal Colegiado del Octavo Circuito: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, pues no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, ni se trate de órdenes privativas de la libertad o el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En efecto, para operar la causal de improcedencia anunciada, basta con que alguna ley ordinaria prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. En ese orden de ideas, contra el acto precisado en el inciso c), reclamados a la autoridad responsable indicada en el arábigo 2, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se itera, la legislación en materia de trabajo prevé el medio de defensa, en virtud del cual, dicha omisión pudo ser materia de nulidad. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala del más alto tribunal, visible en la página 729, Tomo 1, Libro X, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, y en la diversa fracción XVIII, del ordinal precisado en primer orden, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en su artículo 113, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Abelardo Mendoza Serrano y María de Lourdes Serrano Torres, por los motivos ya expuestos. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, página 509, Novena Época, registro 203580, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para efecto de recibir y oír notificaciones el que citan en su escrito, y como autorizado en los términos amplios del referido precepto a Raúl Adrián Cabrera Castellanos, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a Henrry Díaz Abarca, Ilsy Abigail Palacios Velázquez y Laura Carrillo López, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales ante la autoridad competente. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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