Abelardo Javier Done Romero
Expediente 832/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2022
Partes del expediente
- Abelardo Javier Done Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió del nueve al quince de noviembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días doce y trece del mismo mes y año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 2 En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso b), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 20179-IV-A, de la Secretaria del Juzgado Primero en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 197/2022 (número de orden 218/2022), derivado de este juicio de amparo. Lo anterior toda vez que, fue desahogada en sus términos la comunicación de cuenta, pues obra la razón actuarial de catorce de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, al constituirse en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria de la Delegación del Instituto Nacional de Migración, en San Francisco de Campeche, Campeche, y localizar a quien refirió llamarse Kamila Machado Morales, a quien, conforme a lo ordenado en auto de doce de octubre del año de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, notificó el auto en mención y la previno para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días siguientes, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor, explicándole el fedatario judicial a la quejosa de los alcances y consecuencias jurídicas que conlleva su decisión de continuar con la instancia; a lo cual, la quejosa manifestó que no ratifica la demanda de amparo promovida a su favor, toda vez que ratificó la demanda de amparo 1883/2022, y por eso no ratifica, negándose a firmar para no tener problemas con el otro amparo. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 2 En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de doce de octubre del presente año, por ende, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese vía electrónica al promovente.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. (...) Se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de Yurenia de la Caridad Martínez Díaz.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, la razón actuarial de trece de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierten los motivos por los cuales el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de los corrientes, en virtud de que al trasladarse a la Estación Migratoria en Ciudad del Carmen, Campeche, en busca de las quejosas Kamila Machado Morales y Yurenia de la Caridad Martínez Díaz, no se encontró registro alguno en los libros de ingreso de dicha institución, por lo que no fueron localizadas en dicha dependencia. Asimismo, se toma conocimiento que el Actuario Judicial procedió a vocear los nombres de las quejosas, así como a revisar el recinto migratorio con la finalidad de cerciorarse de que los mismos no se encontraban en el lugar, sin que obtuviera respuesta alguna. Por otra parte, téngase por recibido el oficio INM/ORECAM/DAJ/1360/2022 recibido vía electrónica, de Contralmirante (Ret) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, informa que Yurenia de la Caridad Martínez Díaz no se encuentra a disposición de esa autoridad; ahora bien por lo que respecta a Kamila Machado Morales, se encuentra en la Estancia Provisional dela Oficina de Representación en Campeche, así como que no se encuentra incomunicada, ya que tiene celular y puede realizar todas las llamadas que requiera; asimismo, refiere que se da cumplimiento a la suspensión otorgada. Ahora bien del oficio INM/ORECAM/RL/CDC/351/2022, signado por el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, manifiesta que Yurenia de la Caridad Martínez Díaz y Kamila Machado Morales no se encontraban en las instalaciones de esa autoridad cuando el Actuario de este órgano jurisdiccional se constituyó para localizar a las personas extranjeras de referencia; asimismo informa que Yurenia de la Caridad Martínez Díaz, fue puesta a su disposición a las veintiuna horas con treinta minutos del trece de octubre del año en curso, asimismo refiere que Kamila Machado Morales, no se encuentra alojada en esa institución. Con fundamento en los artículos 119 y 126 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables por exhibidas las constancias que adjuntaron a los oficios de cuenta, y por rendido su informe sobre la suspensión de plano aquí concedida. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señalan en sus oficios de cuenta. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de propia fecha, de Yurenia de la Caridad Martínez Díaz, mediante el cual, manifiesta que desiste de la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que del informe rendido por el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, se desprende que la directa agraviada Yurenia de la Caridad Martínez Díaz, fue puesta a su disposición el trece de octubre del año en curso, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones que ocupan las oficinas de dicha Estación Migratoria y realice lo siguiente: 1. Deberá verificar si se encuentra en ese lugar la quejosa Yurenia de la Caridad Martínez Díaz, y en caso de encontrarla, la requiera para que en el momento de la diligencia de notificación, en su caso, dentro del plazo de tres días siguientes, ratifique por escrito la demanda promovida a su favor, por sí o por medio de su representante y la aperciba que en caso de no ratificar por sí o por conducto de quien legalmente las represente, la demanda promovida en su nombre, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. 2. Deberá requerirla para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este juzgado, en términos de los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo. 3. Se faculta al fedatario judicial a fin de que de fe del lugar y de las condiciones físicas visibles en la que esté la directa quejosa y de todas aquellas circunstancias transcendentes en relación a la privación de la libertad y deportación; que se generen durante el desarrollo de la diligencia encomendada, es decir, si dicha persona estuvo o está incomunicada. 4. El fedatario encomendado a la presente diligencia deberá requerir al encargado o responsable de dicha oficina a efecto de que le brinde todas las facilidades para que realice la diligencia encomendada. 5. Se faculta al actuario judicial para que en el supuesto de que al acudir a notificar a la agraviada el presente proveído, ésta hubiera sido puesta a disposición de una autoridad distinta de las señaladas en el presente acuerdo, se constituya en el lugar en que se encuentre la misma, para hacerle saber la suspensión de plano concedida en su favor, las prevenciones apuntadas y la requiera para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición se encuentre y proceda a notificar a ésta el presente proveído, para que lo acate en sus términos. 6. Deberá requerir a la directa quejosa proporcione información de su nacionalidad, a efecto de hacerle saber el derecho a la asistencia consular a la que tiene derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desea que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberá hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. En el entendido que el Actuario Judicial en la diligencia en que se practique en cuanto a la ratificación o no de la demanda instada en su favor por Abelardo Javier Donde Romero, para el caso de que la directa quejosa Yurenia de la Caridad Martínez Díaz, manifieste que no ratifica la demanda interpuesta a su favor, deberá, explicarle los alcances y consecuencias jurídicas que conlleva su decisión de no continuar con la instancia, lo cual debe quedar asentado en la constancia judicial que al efecto se emita, pues sólo así se brindara certeza y validez total a esa decisión que entraña de manera indudable, completa e informada un consentimiento de los actos reclamados. Por otra parte, para el caso de que la directa quejosa Yurenia de la Caridad Martínez Díaz, si ratifique la demanda interpuesta a su favor por Abelardo Javier Donde Romero, ponga a la vista de la citada quejosa el escrito de propia fecha, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo promovida a su favor, a efecto de que, si es su deseo, lo ratifique. En el caso de que si ratifique el escrito de desistimiento, de igual manera, le explique los alcances y consecuencias jurídicas que conlleva el desistimiento, lo cual debe quedar asentado en la constancia judicial que al efecto se realice. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 74/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4371, Materias Penal, Común, Undécima Época, que dice: "DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE TRATA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. SOLAMENTE GENERA LA IMPROCEDENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO POSTERIOR, POR CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, SI AL DESISTIRSE DEL PRIMERO NO RESERVARON SU DERECHO DE PROMOVERLO CON POSTERIORIDAD. Hechos: Varias personas privadas de la libertad promovieron amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia que confirmó su condena por diversos delitos. Al momento de ser notificadas de la admisión del juicio manifestaron que deseaban desistirse con la finalidad de presentar un nuevo amparo con posterioridad. En atención a lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito desechó la demanda de amparo. Tiempo después, las personas promovieron un segundo amparo en contra de la misma sentencia de segunda instancia, pero el Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó el juicio al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión en el que se planteó la inconstitucionalidad del referido artículo. Criterio jurídico: Para que la causal de improcedencia por consentimiento del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, sea constitucional en el caso de personas privadas de la libertad que desistan de un juicio de amparo, atendiendo a su especial situación de vulnerabilidad, es necesario que el desistimiento sea indudable y completo, que exista constancia judicial de que son sabedoras de las consecuencias jurídicas de dicho desistimiento y que no expresen una reserva de promover el amparo con posterioridad. Justificación: Esta Primera Sala ya ha determinado que para garantizar que las personas privadas de la libertad estén informadas sobre los alcances del desistimiento del juicio de amparo o de sus recursos, la autoridad judicial debe cerciorarse de que en la diligencia en que se practique la ratificación del desistimiento, el funcionario judicial con fe pública les explique las consecuencias jurídicas de desistirse del amparo, lo cual debe quedar asentado en la constancia judicial que al efecto se emita, pues sólo así se brindarían certeza y validez total a esa decisión que entrañaría de manera indudable, completa e informada un consentimiento del acto reclamado. Sin embargo, a pesar de que se tenga por acreditado un consentimiento indudable, completo e informado, no se podrá tener por consentido el acto cuando la parte quejosa, al desistir del juicio, hace una reserva sobre su deseo de promover el amparo con posterioridad, ya que en ese supuesto es evidente que no existe un consentimiento del acto, por el contrario, implica una expresión de disconformidad con el mismo. Así, cuando la parte quejosa promueva un segundo juicio de amparo en contra de un acto respecto del cual promovió un primer juicio de amparo del que se desistió, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo sólo podrá aplicarse cuando se verifique que el desistimiento del primer juicio se hizo de manera completa, informada, indudable y sin reservas." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 19/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 1650, Materias Penal, Undécima Época, que señala: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." Cúmplase.
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