Abelardo Florencio Martínez Pérez y Otros.

Expediente 187/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
187/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Abelardo Florencio Martínez Pérez y Otros.
  • Abelardo Florencio Martínez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 17 a 22), precisa los actos que atribuye a las autoridades que señala como responsables, y amplia los hechos que constituyen los antecedentes de los mismos; por tanto se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular, de un análisis realizado a la demanda, es de obtenerse que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: "IV.- ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA; a).- JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DISTRITOS JUDICIALES SAN CRISTOBAL Y BOCHIL, CHIAPAS, el acto que reclamo, consiste en que dictó en mí contra una citación a la Audiencia inicial de la cual se me pretende indebidamente (FORMULAR IMPUTACIÓN Y VINCULAR A PROCESO), por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de ***, para las 11:00 horas del día 12 de marzo de 2019 dos mil diecinueve, en la causa penal ***, delito de cual no he cometido en ningún momento, ni tiempo, por lo tanto el Fiscal Investigador carece de elementos suficientes para poder solicitar la vinculación a proceso. [.] DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EJECUTORA; a).- el acto que reclamo, consiste en que la Fiscal Investigador solicitó indebidamente al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Distritos Judiciales San Cristóbal y Bochil, Chiapas, una audiencia inicial para formularme imputación y vincularme a proceso en mi contra por el delito de violencia familiar en supuesto agravio de mi exconcubina ***, a pesar que carece de elementos insuficientes para vincularme indebidamente a proceso en la causa penal *** derivado de la carpeta de investigación número ***". Atento a lo anterior, a juicio de quien esto determina, considera que la demanda de cuenta resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del precepto transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de garantías, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, la parte quejosa debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la Tesis I.1o.A.18 K , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que tiene por rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN." Expuesto lo anterior, resulta evidente que tanto la solicitud de formulación de vinculación a proceso, como la citación a la audiencia inicial derivada de la causa penal ***, del índice del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas y Bochil, Chiapas, no constituyen actos que irroguen perjuicio al aquí quejoso, a menos que esa determinación vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. Al efecto, conviene destacar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende de tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial. Ahora, la interpretación de los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito, y considera que es oportuno la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente en el caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. De esa forma, el numeral 141, fracción I, del Código en consulta, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al numeral 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: I. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, en caso de que no se los hayan comunicado previamente. II. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. III. Se formulará la imputación. IV. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. V. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. VI. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, debe decirse que la citación del aquí quejoso a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que ocasione un perjuicio a la esfera de los derechos del promovente, como es su derecho a la libertad o algún otro, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; máxime que en dicha audiencia podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, ser sometido o no, a una medida cautelar. Ello es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado quejoso no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la causa penal determine si resulta procedente o no vincular a proceso al imputado; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." Asimismo, se sustenta lo anterior, en la tesis 2o.1P (10a.) , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con el rubro siguiente "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Además, debe decirse que en este momento, no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad al quejoso, máxime que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de desahogo de prevención; por tanto, si el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse como un acto que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado, por lo que el acto que por esta vía combate no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 17 a 22), precisa los actos que atribuye a las autoridades que señala como responsables, y amplia los hechos que constituyen los antecedentes de los mismos; por tanto se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular, de un análisis realizado a la demanda, es de obtenerse que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: "IV.- ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA; a).- JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DISTRITOS JUDICIALES SAN CRISTOBAL Y BOCHIL, CHIAPAS, el acto que reclamo, consiste en que dictó en mí contra una citación a la Audiencia inicial de la cual se me pretende indebidamente (FORMULAR IMPUTACIÓN Y VINCULAR A PROCESO), por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de ***, para las 11:00 horas del día 12 de marzo de 2019 dos mil diecinueve, en la causa penal ***, delito de cual no he cometido en ningún momento, ni tiempo, por lo tanto el Fiscal Investigador carece de elementos suficientes para poder solicitar la vinculación a proceso. [.] DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EJECUTORA; a).- el acto que reclamo, consiste en que la Fiscal Investigador solicitó indebidamente al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Distritos Judiciales San Cristóbal y Bochil, Chiapas, una audiencia inicial para formularme imputación y vincularme a proceso en mi contra por el delito de violencia familiar en supuesto agravio de mi exconcubina ***, a pesar que carece de elementos insuficientes para vincularme indebidamente a proceso en la causa penal *** derivado de la carpeta de investigación número ***". Atento a lo anterior, a juicio de quien esto determina, considera que la demanda de cuenta resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del precepto transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de garantías, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, la parte quejosa debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la Tesis I.1o.A.18 K , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que tiene por rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN." Expuesto lo anterior, resulta evidente que tanto la solicitud de formulación de vinculación a proceso, como la citación a la audiencia inicial derivada de la causa penal ***, del índice del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas y Bochil, Chiapas, no constituyen actos que irroguen perjuicio al aquí quejoso, a menos que esa determinación vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. Al efecto, conviene destacar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende de tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial. Ahora, la interpretación de los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito, y considera que es oportuno la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente en el caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. De esa forma, el numeral 141, fracción I, del Código en consulta, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al numeral 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: I. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, en caso de que no se los hayan comunicado previamente. II. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. III. Se formulará la imputación. IV. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. V. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. VI. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, debe decirse que la citación del aquí quejoso a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que ocasione un perjuicio a la esfera de los derechos del promovente, como es su derecho a la libertad o algún otro, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; máxime que en dicha audiencia podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, ser sometido o no, a una medida cautelar. Ello es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado quejoso no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la causa penal determine si resulta procedente o no vincular a proceso al imputado; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." Asimismo, se sustenta lo anterior, en la tesis 2o.1P (10a.) , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con el rubro siguiente "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Además, debe decirse que en este momento, no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad al quejoso, máxime que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de desahogo de prevención; por tanto, si el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse como un acto que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado, por lo que el acto que por esta vía combate no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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