Abelardo Castillo López

Expediente 1170/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1170/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Abelardo Castillo López

Actuaciones

  1. Principal

    "... Téngase por recibido el oficio 86, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, y anexo, consistente en el testimonio de la ejecutoria de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 283/2022, de su índice, interpuesto por *****, en representación del quejoso *****; así como un cuaderno de copias certificadas deducidas del presente juicio. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que el Tribunal Colegiado aludido resolvió en los términos siguientes: "RESUELVE: PRIMERO.- Se declara INFUNDADO este recurso de queja. SEGUNDO. Se CONFIRMA por distintas razones el acuerdo recurrido de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población, en el juicio de amparo 1170/2022. TERCERO. Se DESECHA la demanda de amparo promovida por ******, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    ...Agréguese el oficio 4856/2022, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual trascribe el auto de nueve de noviembre del año en curso, pronunciado en el expediente 283/2022 de su índice, donde se advierte admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de cuatro de octubre del año en curso, donde se desechó la demanda, dictado en el juicio de amparo 1170/2022 del índice de este juzgado y acusa recibo. Del cual se toma nota. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    "... Agréguese el escrito de********************, en representación de ******************** en su atención, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente, y como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, 1) el expediente electrónico, debidamente vinculado; y, 2) el original y copia del escrito interposición del recurso y expresión de agravios. Se le instruye a la Oficial Judicial A, Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite la disponibilidad del expediente electrónico en el expediente que se actúa, a efecto de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de vincularlo con el recurso de queja que corresponda; lo que se le hace de su conocimiento para los efectos atinentes..."

  4. Principal

    ". Téngase por recibido el oficio procedente del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta localidad; y anexos consistentes en: 1) el juicio de amparo 1138/2022 de su índice, con el que remite la demanda de amparo promovida por ******, defensor particular y en representación de ******, contra actos de la Décima Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Acúsese recibo. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1170/2022. Acepta competencia Con apoyo en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, este Juzgado acepta la competencia declinada y se avoca a su conocimiento. Análisis de improcedencia En principio con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Décima Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otras autoridades, la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la cual resolvió en los términos siguientes: ********** Bajo esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior; así acontecía con el presupuesto de la personalidad, al cobijo de la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Como se adelantó, la parte quejosa se duele de la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la cual resolvió en los términos siguientes **** Así, la parte promovente aduce que la autoridad responsable no previó la posibilidad de impugnar mediante el recurso de apelación las pruebas indebidamente admitidas, pero sí de las indebidamente desechadas, estimando que ello es una deficiencia que transgrede el derecho a un recurso judicial efectivo, violentando el principio de legalidad. De esta forma, se estima que el acto que reclamado todavía no constituye un acto de imposible reparación o que viole derechos sustantivos del quejoso, cuya afectación, además, no es actual, ya que dependerá de que llegue o no a trascender al resultado del fallo. Se explica: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/2021, en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, analizó el tema de exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia y concluyó que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. La contradicción de tesis citada dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), undécima época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, diciembre de 2021, tomo II, página 1319, registro digital 2023906, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. De lo anterior, se obtiene que, por regla general, los actos con repercusiones en el proceso penal, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso escapan de la calificación de "actos de imposible reparación", por lo que, la cristalización de la violación en los derechos sustantivos de las partes podrá generarse hasta la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva, y no antes. Bajo esa tesitura, deviene improcedente el juicio de derechos humanos contra el acto aquí reclamado, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal que por sí mismo no implica un acto de imposible reparación, pues aún no repercute negativamente en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya ésta se encuentra supeditada al desarrollo de la audiencia de juicio ante el tribunal de debate. Asimismo, resulta pertinente indicar que en la citada ejecutoria la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que se debe realizar un ejercicio hermenéutico para verificar sí un acto es de "imposible reparación", que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto; ejercicio que debe comprender los siguientes requisitos: I. Que el acto reclamado pueda implicar por sí mismo una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Así, concluyó que por regla general, los actos con repercusiones en el proceso penal, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso escapan de la calificación de "actos de imposible reparación", por lo que, la materialización de la violación en los derechos sustantivos de las partes podrá generarse hasta la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva, y no antes. En este caso, hasta que se desahogue la audiencia de juicio oral ante el Tribunal de debate. Se reitera, en la especie, la parte quejosa reclama la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la cual desechó el recurso de apelación interpuesto por el licenciado *****, quien promovió con el carácter de defensor particular del acusado *****, en contra del dictado del auto de apertura ajuicio y los medios de pruebas admitidos, emitidos en audiencia intermedia con fecha 25 de mayo de 2022, en la causa penal *****. De donde se sigue que el acto reclamado no implica por sí mismo una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que el mismo, aún no repercute negativamente en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya la misma se encuentra supeditada al desarrollo de la audiencia de juicio ante el tribunal de debate, en el que se verifique si trascendió o no al resultado del fallo. En ese sentido, se estima que la determinación reclamada no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición. suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. De ahí que, la resolución reclamada se trate de un acto de naturaleza intraprocesal que por sí mismo no implica un acto de imposible reparación. Sin que sea óbice a lo anterior, que el procedimiento penal acusatorio y oral esté dividido en una serie de momentos o etapas, que tienen una función específica que se suceden irreversiblemente una tras otra sin la posibilidad de renovarlas o reabrirlas una vez superadas, como lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." En efecto, en el amparo directo en revisión 669/2015, que dio pauta, en lo posterior, a la jurisprudencia mencionada, la Primera Sala resolvió que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio, por lo que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. Sin embargo, recientemente al resolver el amparo directo en revisión 7955/2019, la propia Primera Sala del Máximo Tribunal del País, puntualizó que una violación procesal puede ocurrir en fase de investigación o incluso en la etapa intermedia, y aun así solo alcanzar la posibilidad de ser materia real de debate hasta la etapa de juicio oral y, por tanto, materializarse hasta ese momento, debido a los razonamientos probatorios que otorguen (o no) valor a sus posibles frutos. Al respecto, aclaró que esta "materialización" no solo se refiere a que la violación de derechos se produzca en la propia audiencia de juicio, sino también a que, acontecida en relación con los medios de prueba en etapa previa, haya sido materia de debate por la información que al respecto viertan las partes facultadas para producir prueba. Señaló que ello implica reconocer que una violación procesal puede materializarse (es decir, cobrar relevancia) no solo en el momento exacto de su origen, sino también posteriormente; aunque, por supuesto, esa materialización toma forma diferenciada en función de cada etapa del proceso. Así, en la de juicio oral, lo que importa para efectos de analizar la procedencia del juicio de amparo directo es el debate sobre la valoración probatoria de los frutos o productos de la alegada violación; es decir, la información que de él surja. Eso que ocurra durante su desarrollo es el condicionante para analizar alegatos sobre cualquier violación fundamentada en el artículo 173, inciso b, de la Ley de Amparo. Así, concluyó que la violación en cuestión debe tener materialización (cobrar relevancia) en la etapa de juicio oral para poder ser materia de juicio de amparo directo. De lo narrado se desprende que es perfectamente posible examinar una violación procesal originada en una etapa previa a la audiencia de juicio oral cuando sus efectos perduren hasta esta etapa, toda vez que es en esta fase donde las partes tienen la oportunidad de exhibir con amplitud y flexibilidad argumentos dirigidos a evidenciar alguna forma de indefensión durante el proceso. Por ello, ciertos aspectos sobre lo ocurrido en fases preliminares admiten, por lógica, ser introducidos al debate de la audiencia. Por tanto, sí es posible analizar esas violaciones procesales en la etapa de juicio oral, es inconcuso que pueden ser examinadas en el juicio de amparo directo. Lo que en la especie sucede, pues como se ha venido precisando la parte quejosa reclama la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la cual desechó el recurso de apelación interpuesto por el licenciado ****, quien promovió con el carácter de defensor particular del acusado *****, en contra del dictado del auto de apertura ajuicio y los medios de pruebas admitidos, emitidos en audiencia intermedia con fecha 25 de mayo de 2022, en la causa penal ****; de ahí, que si en términos del artículo 173, apartado B, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en el juicio oral penal se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando no se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido. Es claro, que dichas violaciones procesales pueden ser alegadas en la etapa de juicio oral, aun cuando se hayan generado en la etapa intermedia; por consiguiente, también podrán ser examinadas en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, donde se le repararían las violaciones procesales y posibles perjuicios que se le hubiesen causado al justiciable. En esas consideraciones, al actualizarse la causa de inejercitabilidad invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo."

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