Abelardo Avilez Montenegro
Expediente 1318/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 35 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Abelardo Avilez Montenegro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Por lo expuesto y fundado, los efectos del amparo se traducen en que la autoridad responsable Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, realice lo siguiente: I. Deberá dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de los quejosos; II. Deberá realizar el pago de pensión futuros, la primera de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto; ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión de los agraviados, por lo que los efectos del fallo protector deben de comprender dichos desfases futuros por ser inminentes; y, el pago de la gratificación anual, dentro del plazo que se establece para la primera y segunda parte de cada año calendario. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión y gratificación anual; y, en su caso, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2015378 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 139/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 941 Tipo: Jurisprudencia PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo." Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a este Juzgado de Distrito para que pueda tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido; por lo que a fin de evitarlo, se estima razonable el plazo de tres meses, para vigilar que la autoridad responsable de cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitirse el pronunciamiento respectivo sobre si la sentencia de amparo fue o no cumplida. Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica, ya que se trata de un amparo indirecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2006184 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 33/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato." En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita." Recurso de revisión. Inconformes con dicha resolución, las autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión administrativo 248/2023. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Y una vez sustanciado el medio de impugnación aludido, por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que confirmó la sentencia recurrida. Se requiere cumplimiento. Por lo anterior, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector, en los términos precisados con anterioridad. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable estuvo constreñida a proceder básicamente en los términos siguientes: I. Dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de los quejosos; y II. Realizar el pago de pensión futuros, en los términos que se establecieron en el fallo protector. Actuación llevada a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficios recibidos en este Juzgado de Distrito el doce de septiembre y once de octubre de dos mil veintitrés, el delegado autorizado de las autoridades responsables, remitió copias certificadas las constancias de transferencia de los pagos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, todos del dos mil veintitrés, así como la relación de firmas de los pensionados quejosos. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, por auto de trece de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad; lo cual se le notificó a la parte quejosa el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2, de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron los lineamientos señalados en el fallo protector; dado que las autoridades responsables dejaron sin efecto cualquier acto que implicara suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de los quejosos, y realizaron el pago correspondiente a los quejosos (1) Abelardo Avilés Montenegro, (2) Francisco Javier Reyna Colmenares, (3) Sonia Sánchez Noriega, (4) Angélica María Nogales Federico, (5) Ma. de Jesús Salas Gallegos, (6) Elsa Beatriz Olivas Vallarta, (7) Yolanda Margarita Vázquez Araiza, (8) José Vázquez Sanguino, (9) Martha Lorena Angulo Guerrero, (10) Juan Nepomuceno Cruz Sánchez, (11) Alejandrina Valdez Estrada, (12) Jesús Acosta Salas, (13) Raymundo Salazar López, (14) Enrique Murillo Madrigal, (15) Andrés Hernández Razo, (16) Rodolfo Paulín Velasco, (17) Jorge García Rodríguez, (18) María Trinidad Navarro Chávez, (19) Gabriela Soto Castro, (20) Amparo Zaucedo, (21) Alicia Román Ceseña, (22) Jesús Gonzalo Gutiérrez Beltrán, (23) Alfonso Zepeda Silva, (24) Martha Silvia Delgado Maciel, (25) Valeriano Fernández Salvador, (26) María Eugenia Pérez Flores, (27) Efrén Solís Rea y, (28) Enrique Beltrán Meza; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el Delegado de la autoridad responsable, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y anexo que acompaña, mediante los cuales informa con relación al cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista y correr traslado a la parte quejosa, con el oficio y anexos de cuenta remitido por la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el Delegado de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede esta ciudad, y anexos que acompaña, mediante los cuales informa en relación al cumplimiento del fallo protector. Autoridad informa gestiones. Por tanto, se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento, e informando las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento al fallo protector y remitiendo las actuaciones que acompaña; para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.HTTH/RAR/lega
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense a los presentes autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por el Delegado Autorizado de las autoridades responsables, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Autoridades informan gestiones. Se tiene a las autoridades oficiantes, informando las gestiones que han realizado para dar cumplimiento al fallo protector y remitiendo las actuaciones que acompaña; para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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