Abela José Manuel
Expediente 346/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abela José Manuel y Otros.
- Abela José Manuel
- Abundia María Manuel María
- Ageo José Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número 13904/2023, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; en su atención, se le tiene informando que se avocó al conocimiento del juicio de amparo número 346/2023, mismo que le fue remitido por incompetencia planteada, quedando registrado con el número 496/2023 de su índice. Ahora, al ser aceptada la incompetencia planteada; además, de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, ni obran en este expediente documentos originales, con fundamento en el inciso a), de la fracción I, del artículo 19, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes. Por lo que procédase a su destrucción transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo. Lo anterior, al no ubicarse en alguno de los supuestos de relevancia documental señalados en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 346/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la diligencia que antecede, se advierte que el quejoso, en cumplimiento al requerimiento al acuerdo de diecisiete del mes y año en curso, ratificó el escrito presentado ante este Juzgado el dieciséis de agosto en curso. Ahora, de la lectura de la diligencia de que se trata, el promovente reiteró su voluntad de ampliar la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable "Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV-7 Salina Cruz en el Estado de Oaxaca", precisando que el acto que le reclama es la "omisión de seguir investigando los hechos por los que se inició la carpeta de investigación ***, con motivo de la denuncia presentada por ***". En tales condiciones, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnado físicamente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, en esa misma fecha; *********************************, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades ahí precisadas. 2. En acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (expediente electrónico), el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicó la demanda de amparo con el número 144/2023, y previno a la parte quejosa en los términos ahí precisados. 3. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (expediente electrónico), se tuvo por no presentada la demanda de amparo por lo que respecta a los quejosos E*********, ***********, *************, ************ y ***************. 4. Mediante acuerdo de once de abril de esta anualidad, el referido órgano jurisdiccional separó los autos, y por razón de turno correspondió conocer a este juzgado respecto del acto reclamado al Fiscal General de la República, Delegación Oaxaca, respecto del acto consistente en: "La omisión de dar seguimiento a la denuncia presentada ante dicha autoridad, referente a la portación, acopio y tráfico de armas, introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, conspiración, asociación delictuosa, uno indebido de uniformes de las fuerzas armadas y delitos de biodiversidad, respecto de la cual refieren no se ha realizado ninguna acción después de presentada (Omisión dentro de carpeta de investigación)". 5. Por auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número 346/2023, y se requirió al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, copia certificada de las constancias ahí precisadas. 6. Cumplido lo anterior, en proveído de veintiséis de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo por las razones ahí expuestas. 7. Inconforme con lo anterior, Aristeo Aragón José, representante común de la parte quejosa, interpuso recurso de queja, y mediante ejecutoria dictada el veinte de junio de esta anualidad, en el recurso de queja número 186/2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este Municipio, declaró fundado el medio de impugnación interpuesto. 8. En cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés; se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se citó a las partes a la audiencia constitucional. 9. Por auto de doce de julio de esta anualidad, se tuvo Delegado Estatal en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, rindiendo su informe justificado, y mediante diverso acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV-7 Salina Cruz en el Estado de Oaxaca, lo que aconteció en la diligencia de veintidós del actual. Ahora, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas, conforme al diverso numeral 17 de la Carta Magna. Al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo transcrito establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; y, 3. Que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda. En el caso, en principio, es pertinente indicar la forma como se dividen los actos, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019 (ahora contradicción de criterios), los actos se dividen en: a) positivos, b) negativos y c) omisivos o abstenciones. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Los actos negativos se subdividen en: 1) actos negativos simples; 2) actos negativos con efectos positivos; y, 3) actos negativos prohibitivos. Los actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. En cambio los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Por otra parte, los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Ahora bien, para tener por actualizada una omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. En ese sentido, las omisiones de practicar diligencias tendentes a la integración de una carpeta de investigación, son actos omisivos, pues en su caso, el Ministerio Público tiene la obligación de realizar la investigación de los delitos, es decir, debe realizar toda las diligencias correspondientes a efecto de esclarecer los hechos que se investiguen, de conformidad con el primero párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precepto constitucional que permite establecer, que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional, de investigar los delitos, en ese sentido, no practicar las diligencias respectivas, a efecto de integrar la carpeta de investigación y con ello conocer la verdad legal, tiene naturaleza jurídica de omisión, pues no se cumple con una obligación determinada establecida constitucionalmente. En relación con este derecho, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, prevé el derecho a la administración de justicia pronta, completa e imparcial, en los siguientes términos: Art. 17.-(.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Por su parte, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce este derecho de la siguiente forma: "ARTÍCULO 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.)". En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Delegado Estatal en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, "la omisión de dar seguimiento a la denuncia presentada ante dicha autoridad, referente a la portación, acopio y tráfico de armas, introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, conspiración, asociación delictuosa, uno indebido de uniformes de las fuerzas armadas y delitos de biodiversidad, respecto de la cual refieren no se ha realizado ninguna acción después de presentada", y del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV-7 Salina Cruz en el Estado de Oaxaca, la "omisión de seguir investigando los hechos por los que se inició la carpeta de investigación FED/OAX/SC/0000806/2022, con motivo de la denuncia presentada por Urbano Esteban Morales Vásquez". Por otra parte, del informe justificado rendido por el Delegado Estatal en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, y las constancias que remitió en su apoyo, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se conoce que la carpeta de investigación FED/OAX/SC/0000806/2022, iniciada con motivo de la denuncia presentada por Urbano Esteban Morales Vásquez, se encuentra radicada ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación, Célula IV-7 en Salina Cruz, Oaxaca. Ahora, si bien el acto reclamado por los quejosos en esta instancia es un acto omisivo, constituye un acto que tiene ejecución material, pues su naturaleza forma parte de un deber de hacer insuspendible del Agente del Ministerio Público, en investigar los hechos denunciados, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de la parte quejosa, ya que la circunstancia de que la autoridad ministerial sea omisa, se traduce en un acto omisivo que, por sí, trae consigo un efecto de ejecución material, pues al rehusarse la responsable a investigar los hechos, ésta adopta una conducta omisiva, con efectos de no hacer y, por tanto, sus consecuencias o efectos también consisten en un no hacer, cuya consecuencia es de efectos positivos al vulnerar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa. En ese sentido, de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra un acto de tal naturaleza debe fincarse a favor del Juez de Distrito en materia penal, en cuya jurisdicción radica la Fiscalía o Agencia del Ministerio Público que investigación esos hechos, ya que es el lugar donde se materializa positivamente la omisión, por lo tanto, su ejecución, que es el elemento que toma en cuenta dicha porción normativa para determinar la competencia. Por tanto, si en el caso, la carpeta de investigación ***, se encuentra radicada ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación, Célula IV-7 en Salina Cruz, Oaxaca, además de que la parte quejosa amplía su demanda de amparo contra el titular de dicha Agencia, es el Juez de Distrito en turno con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, quien es el competente para conocer y resolver del presente asunto, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito, reformado mediante el diverso Acuerdo General 45/2016, que establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo". Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.P. J/4 P (11a.) sustentada por Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 2922, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, Materias(s): Común, Penal, Registro digital: 2026195, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE INVESTIGAR ACTOS DE TORTURA, TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES Y DELITOS VINCULADOS; Y DE ESTABLECER Y COORDINAR EL REGISTRO NACIONAL DEL DELITO DE TORTURA, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN DE ESOS HECHOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Uno de los tribunales contendientes consideró que tales actos constituyen omisiones con efectos positivos que traen como consecuencia una ejecución material en el lugar en donde se recibió la denuncia, por lo cual estimó competente al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en donde reside la autoridad que recibió la denuncia; mientras el diverso órgano contendiente determinó que dichos actos carecían de ejecución material y la circunstancia de que se tenga que integrar una carpeta de investigación no se traduce en un acto de ejecución, al constituir una actuación posterior a los actos de abstención reclamados, por lo que no debía confundirse la naturaleza de los actos con el perjuicio que pudiera ocasionar, fincando competencia al Juez de Distrito ante el cual se presentó la demanda. Criterio jurídico: Es competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, porque las omisiones reclamadas tienen ejecución material en esa localidad, dado que allí radican las Fiscalías Especializadas en la investigación de ese delito. Justificación: Los actos reclamados consistentes en la omisión de investigar actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y delitos vinculados; la omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, en el plazo establecido por el artículo quinto transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, constituyen actos que tienen ejecución material, pues su naturaleza forma parte de un deber de hacer insuspendible de la Fiscalía Especializada en investigar ese delito, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de la parte quejosa, ya que la circunstancia de que las autoridades ministeriales sean omisas, se traduce en actos omisivos que, por sí, traen consigo un efecto de ejecución material, pues al rehusarse la responsable a investigar y a establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura, ésta adopta una conducta omisiva, con efectos de no hacer y, por tanto, sus consecuencias o efectos también consisten en un no hacer, cuya consecuencia es de efectos positivos al vulnerar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa; por tanto, de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra un acto de tal naturaleza debe fincarse a favor del Juez de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, en cuya jurisdicción radican las Fiscalías Especializadas en la investigación de esos hechos, ya que es el lugar donde se materializa positivamente la omisión, por lo tanto, su ejecución, que es el elemento que toma en cuenta dicha porción normativa para determinar la competencia". Así como la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1873, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Materias(s): Penal, Registro digital: 2023548, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". En consecuencia, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del juicio de amparo en que se actúa, y con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitirlo al Juzgado de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz. Se solicita al Juez de Distrito que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente; informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias relativas a este asunto. En razón de lo aquí determinado y en aras de garantizar el derecho al acceso a la justicia pronta y expedita de la parte quejosa, conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, se reserva a la autoridad a quien se declina competencia, dar trámite a la ampliación de la demanda de amparo. Asimismo, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para el veinticinco de agosto del año en curso. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito en el que al rubro aparece el nombre de ********************. Ahora, de la certificación que antecede, se advierte que la firma que calza el ocurso de cuenta, difiere notablemente de las diversas estampadas en el escrito inicial de demanda y el diverso escrito con folio de recepción 8793; por tanto, a fin de estar en aptitud de proveer lo relativo a su contenido y por seguridad jurídica, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 204, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha ley, en términos de su numeral 2o., requiérase a ********************, para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante el personal de este Juzgado, con documento oficial que lo identifique y copia del mismo; hecho lo cual, en diligencia formal manifieste bajo protesta de decir verdad, si reconoce como suya la firma estampada en el escrito de cuenta y si, en consecuencia, ratifica su contenido. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 3ª. /J., resuelta por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 385, Tomo III, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio 1989, Octava Época, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.". Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 345, del Tomo X del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Septiembre de 1992, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva". Se apercibe al promovente, que de no cumplir con lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y se proveerá lo conducente. Asimismo, se le apercibe para que se conduzca en este juicio de amparo con total veracidad y trasparencia, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda. De igual forma, comuníquese a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y el desahogo de la pericial en las materias de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza el libelo de cuenta. En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Finalmente, a efecto de no propiciar obstáculo en la tramitación de este juicio, requiérase a ********************, para que en el mismo plazo concedido o en el acto de la diligencia relativa, exprese con cuál firma se regirá este Juzgado, para las subsecuentes actuaciones o requerimientos; ello, para el caso de que existiera discrepancia en firmas, como las aquí señaladas. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al ocursante, en su carácter de representante común de la parte quejosa.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 346/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito en el que al rubro aparece el nombre de ********************. Ahora, de la certificación que antecede, se advierte que la firma que calza el ocurso de cuenta, difiere notablemente de las diversas estampadas en el escrito inicial de demanda y el diverso escrito con folio de recepción 8793; por tanto, a fin de estar en aptitud de proveer lo relativo a su contenido y por seguridad jurídica, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 204, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha ley, en términos de su numeral 2o., requiérase a ********************, para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante el personal de este Juzgado, con documento oficial que lo identifique y copia del mismo; hecho lo cual, en diligencia formal manifieste bajo protesta de decir verdad, si reconoce como suya la firma estampada en el escrito de cuenta y si, en consecuencia, ratifica su contenido. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 3ª. /J., resuelta por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 385, Tomo III, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio 1989, Octava Época, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.". Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 345, del Tomo X del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Septiembre de 1992, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva". Se apercibe al promovente, que de no cumplir con lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y se proveerá lo conducente. Asimismo, se le apercibe para que se conduzca en este juicio de amparo con total veracidad y trasparencia, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda. De igual forma, comuníquese a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y el desahogo de la pericial en las materias de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza el libelo de cuenta. En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Finalmente, a efecto de no propiciar obstáculo en la tramitación de este juicio, requiérase a ********************, para que en el mismo plazo concedido o en el acto de la diligencia relativa, exprese con cuál firma se regirá este Juzgado, para las subsecuentes actuaciones o requerimientos; ello, para el caso de que existiera discrepancia en firmas, como las aquí señaladas. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al ocursante, en su carácter de representante común de la parte quejosa.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Abel Vásquez Robles230/2014
- Abel Vásquez Robles1169/2016
- Abel Vásquez Robles1797/2016
- Abel Vasquez Robles969/2018
- Abel Velasco Ramírez1253/2014
- Abel Villegas Cuadriello1707/2014
- Abela José Manuel347/2023
- Abelardo Efraín Silvia Pastrana933/2023
- Abelardo Francisco Paz Duarte o Abelardo Paz Duarte1373/2017
- Abelardo Hernández Núñez y Otros.701/2015
- Abelardo Vásquez Castellanos172/2022
- Abelina Márquez Marroquín505/2015