Abel Yañez Escamilla

Expediente 1062/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1062/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Abel Yañez Escamilla

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el apoderado legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por el que exhibe diversas constancias con las que afirma dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, dese vista a la quejosa y requiérasele, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo exhibido por la autoridad, para que este juzgado de Distrito se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese y personalmente a la quejosa con copia del oficio de cuenta y anexos.

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Tramitación del incidente Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo previsto en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 147, 148, 157 y 158 de la Ley de Amparo, así como 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 763/2023 promovido********************, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Requerimiento de informes previos Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo con copia de la demanda de amparo y anexos, escrito aclaratorio y escrito de solicitud de suspensión con anexos se requiere a las autoridades responsables informe previo, que deberán rendir dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. En ese informe de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Amparo se requiere a las autoridades responsables para que acompañen al informe previo cualquier documento que estimen necesario para que esta juzgadora se pronuncie sobre la suspensión definitiva. En caso que las autoridades responsables sean omisas en rendir informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 142 de la Ley de Amparo y, con excepción de las autoridades legislativas, se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo previsto en los numerales 237, fracción I y 260, fracción I, del ordenamiento citado. De igual forma, se hace de su conocimiento que en términos de lo que se prevé en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Pruebas De conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de los quejosos, las documentales que anexaron a su demanda y escrito de solicitud de suspensión, sin que haya lugar a tener por admitidas la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones en razón de que en el incidente de suspensión no son admisibles tales medios de prueba. Señalamiento de audiencia incidental Con fundamento en lo previsto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial y excepcionalmente la testimonial, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, de reclamarse actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Determinación sobre suspensión provisional Es importante destacar que de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que los quejosos reclamaron los siguientes actos: El Oficio 100.-278 de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se informa a los directores generales de las instituciones de banca de desarrollo, que los trabajadores que laboran en dichas instituciones no tienen derecho a la participación de las utilidades y que cualquier disposición que pretenda normar o regular dicha participación será contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los efectos y consecuencias de la aplicación del oficio 100.-278 de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. La negativa de pago de las utilidades correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Ahora, resulta conveniente precisar que los quejosos solicitaron la medida cautelar en los términos siguientes: "(.) Para efectos de que SE NOS CONCEDA LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS y se nos realice el pago de nuestras utilidades correspondientes a los años fiscales dos mil diecinueve, (2019), dos mil veinte (2020), dos mil veintiuno (2021) y dos mil veintidós (2022), en virtud de las utilidades las veníamos percibiendo de manera continua y reiterada y de manera anualizada y las cuales se encuentran además dentro de nuestras prestaciones, siendo así que las mismas se nos dejaron de pagar; lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 128, 130, 131, 132, 136, 139, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo;. (.) Así, el pronunciamiento de la medida cautelar atenderá exclusivamente a dicha solicitud, lo que se traduce en: Se realice el pago de las utilidades de los ejercicios fiscales dos mil diecinueve al dos mil veintidós. Es conveniente mencionar que en la normativa encargada de regular las remuneraciones de los servidores públicos, se establece que todo servidor público federal debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades, estableciendo los principios rectores a los que se debe sujetar, así como los conceptos que la integran y las bases para su determinación, asimismo establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación, y tampoco igual o mayor que su superior jerárquico (esto último comprende diversas excepciones). También, se describe la figura de servidor público que desempeñará sus funciones en los entes públicos en el ámbito federal, señalando la forma en que recibirá sus remuneraciones por el desempeño de sus funciones, y se fijan los principios rectores a los que dichas remuneraciones estarán sujetas. Por su parte, el presupuesto de egresos de la Federación tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la obtención de derechos, dirigido en forma general y abstracta a regular de modo directo la conducta de los sujetos obligados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de todas las entidades en cuanto a la administración y gasto de los recursos públicos que integran el presupuesto. Por su parte en el artículo 53, de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se establece que previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esa ley le encomienda y que fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la institución, el saldo se aplicará en los términos previstos en el reglamento orgánico. Finalmente, el Manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones, aplicables al personal de confianza del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución nacional de banca de desarrollo, tiene por objeto establecer las disposiciones generales que regularán las remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones, aplicables al personal de mando y operativo de confianza de dicha institución bancaria. En ese sentido, en el artículo 32 de dicho manual, establece el derecho de los trabajadores de dicha institución de participar en el reparto de utilidades de la misma. Una vez expuesto lo anterior y a efecto de determinar si procede o no conceder la medida cautelar para suspender los efectos y consecuencia de los actos reclamados, debe realizarse en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un análisis ponderándose la apariencia del buen derecho con el interés social, en relación con los presupuestos y requisitos legales contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo que a continuación se indican: La certeza de los actos reclamados. Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. En virtud que, el otorgamiento de la suspensión requiere la integración de cada uno de los supuestos y requisitos anotados, conviene realizar el estudio de éstos en el orden apuntado, en atención a que la falta de una de las condiciones mencionadas implica que deba negarse la suspensión y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás requisitos legales. En la especie, respecto del efecto para el que se solicita la suspensión, se cumple con el requisito en estudio 1), debido a que la emisión del oficio 100.-278 de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se acredita de manera indiciaria su existencia, ello es así ya que obra agregado al incidente copia simple del mismo. Asimismo, respecto a la negativa de pago de las utilidades correspondientes a los ejercicios fiscales, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, los quejosos manifestaron en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad que el director general del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, de manera personal directa y de viva voz, el veintiuno de julio del dos mil veintitrés, aproximadamente a las dieciséis horas les informó la negativa de pago de sus utilidades. Ahora, dado que la suspensión provisional se resuelve sin audiencia de las partes, es válido partir de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad expresadas en la demanda de amparo, para resolver sobre la certeza de los actos reclamados, así en la especie dichas manifestaciones acreditan de manera indiciaria la existencia de los actos reclamados que en principio se tienen por ciertos, acorde a los razonamientos expuestos con antelación. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Al quedar satisfecha la premisa analizada, corresponde el estudio del siguiente requisito, esto es, determinar si la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización. En este contexto, los quejosos solicitan la medida cautelar para que se les realice el pago de la participación de las utilidades de los años dos mil diecinueve al dos mil veintidós. Al respecto, a consideración de esta juzgadora no se cumple con el segundo requisito (naturaleza del acto reclamado), ya que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, por lo que de concederse la medida cautelar en los términos solicitados se estaría dando efectos restitutorios, lo cual es materia de la sentencia que se dicte al resolver el juicio de amparo, ya que en caso de obtener el amparo y protección de la justicia Federal, las autoridades deberán restituir a los quejosos en el pleno goce de sus derechos, de conformidad con lo que se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Son aplicables en lo conducente los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros y textos siguientes: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados". Máxime que en el caso los quejosos reconocen expresamente que desde el año dos mil diecinueve no se les realiza el pago de la participación de utilidades. Cabe destacar que si bien es cierto que es obligación del juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en este caso, dado que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que los quejosos llegaran a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por tanto, se niega la suspensión provisional porque el acto motivo de estudio tiene efecto exclusivo de la sentencia de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    ... Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese.

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