Abel Uscanga Reyes

Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
381/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Abel Uscanga Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en el sentido que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintitrés de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que se establece como fecha probable el diecisiete de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior tanto en la carátula del juicio principal como de los cuadernos incidentales. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes...

  2. Principal

    La licenciada Maribel Rodríguez Rojas, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con domicilio en esta ciudad de Boca del Río. C E R T I F I C O Que el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Presidencia de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, registrado con el folio 8438, alude al mismo contenido que el acordado el veintitrés de mayo del año en curso, por lo que se agrega al presente juicio sin ulterior acuerdo.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta y anexos, agréguense a los autos y téngase al Encargado del Despacho de la Presidencia en la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, rindiendo su informe justificado en alcance, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, remitiendo en vía de alcance al diverso oficio 490 una foja útil debidamente certificada dictada dentro de los autos del expediente laboral 1856/VIII/2018 de su índice, para los efectos legales conducentes. Ahora, del escrito inicial de demanda, origen del presente asunto, se advierte que fue promovido por Abel Uscanga Reyes, quien señaló de manera esencial, como actos reclamados, la omisión e inactividad inicial en la emisión del auto y acuerdo que diera respuesta a su solicitud de 1. Tenerlo por desistido a su entero perjuicio, por así convenir a sus intereses de la prueba documental consistente en el informe que se debió solicitar por escrito y con las inserciones necesarias al Organismo Público Descentralizado Telecom Telégrafos, Telecomunicaciones de México, Gerencia Regional Veracruz, Veracruz, con domicilio en calle Montesinos número 145, Zona Portuaria, código postal 91700, en Veracruz, Veracruz, sobre la que había ordenado el desahogo en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; 2. Dar fe y certificar que no queda prueba pendiente que requiera desahogo o diligencia que ordenar; 3. Cerrar el periodo de instrucción y otorgar término de alegatos realizada mediante memoriales de diecisiete de febrero de dos mil veintidós y uno de abril de dos mil veintidós, así como las consecuencias legales y jurídicas emanadas del incumplimiento del acto u omisión que de la autoridad reclama, dentro de los plazos y términos legales que establece la ley de la materia. Por su parte, de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado y las recibidas en esta data, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas; se advierte que en el juicio 1856/VIII/2018, el once de mayo del año en curso, fue acordado lo conducente a la promoción de la cual se duele la parte quejosa, teniéndosele por desistido a su más entero perjuicio de la prueba correspondiente al informe que debía correr a cargo del Organismo Público Descentralizado Telecom Telégrafos, Telecomunicaciones de México, Gerencia Regional Veracruz, que fuera admitido en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, habiéndose indicado que no existe prueba por desahogar, por lo que en ese mismo auto se decretó, con fundamento en los numerales 884, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, conceder a las partes el término de dos días, para que presenten por escrito sus respectivos alegatos, siendo notificado dicho auto por estrados a las partes en esa misma fecha, como advierte de la documental adjunta a dicho informe. Asimismo, mediante acuerdo de veinte de mayo pasado, se ordenó realizar, por conducto de la Secretaria, la certificación relativa a la existencia o no de pruebas pendientes por desahogar, lo que aconteció en esta data, en el sentido de que no existen, como se advierte del proveído y certificación anexas al oficio registrado con el folio 8366. Por lo anterior, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que, el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, al haberse acordado, respecto a la solicitud de desistimiento de la indicada prueba, destacándose que no existe medio de convicción pendiente por desahogar e incluso se concedió a las partes el término de dos días para que presenten por escrito sus respectivos alegatos, cuya omisión y/o dilación de proveer sobre dicha petición constituye el acto reclamado, dentro de los autos del expediente laboral 1856/VIII/2018 del índice de la Junta Local responsable, se pone de manifiesto que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, porque cesaron los efectos de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo además en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de garantías fuera de audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por cuanto hace a la certificación de la secretaria, en el sentido de que en este asunto se señalaron las doce horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, en razón de lo determinado en este acuerdo, se dejan sin efectos las mencionadas fecha y hora. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. ...

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 23-05-2021, POR NO ATENDER AL AVISO DE 26-05-2022: .. Boca del Río, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta y anexos, agréguense a los autos y téngase al Encargado del Despacho de la Presidencia en la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, rindiendo su informe justificado en alcance, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, remitiendo en vía de alcance al diverso oficio 490 una foja útil debidamente certificada dictada dentro de los autos del expediente laboral 1856/VIII/2018 de su índice, para los efectos legales conducentes. Ahora, del escrito inicial de demanda, origen del presente asunto, se advierte que fue promovido por Abel Uscanga Reyes, quien señaló de manera esencial, como actos reclamados, la omisión e inactividad inicial en la emisión del auto y acuerdo que diera respuesta a su solicitud de 1. Tenerlo por desistido a su entero perjuicio, por así convenir a sus intereses de la prueba documental consistente en el informe que se debió solicitar por escrito y con las inserciones necesarias al Organismo Público Descentralizado Telecom Telégrafos, Telecomunicaciones de México, Gerencia Regional Veracruz, Veracruz, con domicilio en calle Montesinos número 145, Zona Portuaria, código postal 91700, en Veracruz, Veracruz, sobre la que había ordenado el desahogo en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; 2. Dar fe y certificar que no queda prueba pendiente que requiera desahogo o diligencia que ordenar; 3. Cerrar el periodo de instrucción y otorgar término de alegatos realizada mediante memoriales de diecisiete de febrero de dos mil veintidós y uno de abril de dos mil veintidós, así como las consecuencias legales y jurídicas emanadas del incumplimiento del acto u omisión que de la autoridad reclama, dentro de los plazos y términos legales que establece la ley de la materia. Por su parte, de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado y las recibidas en esta data, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas; se advierte que en el juicio 1856/VIII/2018, el once de mayo del año en curso, fue acordado lo conducente a la promoción de la cual se duele la parte quejosa, teniéndosele por desistido a su más entero perjuicio de la prueba correspondiente al informe que debía correr a cargo del Organismo Público Descentralizado Telecom Telégrafos, Telecomunicaciones de México, Gerencia Regional Veracruz, que fuera admitido en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, habiéndose indicado que no existe prueba por desahogar, por lo que en ese mismo auto se decretó, con fundamento en los numerales 884, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, conceder a las partes el término de dos días, para que presenten por escrito sus respectivos alegatos, siendo notificado dicho auto por estrados a las partes en esa misma fecha, como advierte de la documental adjunta a dicho informe. Asimismo, mediante acuerdo de veinte de mayo pasado, se ordenó realizar, por conducto de la Secretaria, la certificación relativa a la existencia o no de pruebas pendientes por desahogar, lo que aconteció en esta data, en el sentido de que no existen, como se advierte del proveído y certificación anexas al oficio registrado con el folio 8366. Por lo anterior, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que, el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, al haberse acordado, respecto a la solicitud de desistimiento de la indicada prueba, destacándose que no existe medio de convicción pendiente por desahogar e incluso se concedió a las partes el término de dos días para que presenten por escrito sus respectivos alegatos, cuya omisión y/o dilación de proveer sobre dicha petición constituye el acto reclamado, dentro de los autos del expediente laboral 1856/VIII/2018 del índice de la Junta Local responsable, se pone de manifiesto que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, porque cesaron los efectos de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo además en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de garantías fuera de audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por cuanto hace a la certificación de la secretaria, en el sentido de que en este asunto se señalaron las doce horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, en razón de lo determinado en este acuerdo, se dejan sin efectos las mencionadas fecha y hora. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. ...

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