Abel Torres Ruiz
Expediente 429/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/07/2023
Partes del expediente
- Abel Torres Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra del auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que no obra en autos ni en el expediente electrónico la constancia de notificación a la parte quejosa, ordenada en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en consecuencia, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial que corresponde para que de inmediato lleve a cabo la aludida notificación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LOS ACUERDOS DE FECHAS VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES Y TRENITA DE JUNIO DLE PRESENTE A ÑO UE A LA LETRA INDICA :En virtud de lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por ABEL TORRES RUIZ, por su propio derecho, contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 8, 17 y 27, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que el aludido artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, literalmente dispone "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la transcripción que antecede se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de ??????????????? demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Así pues, como se ve de la demanda de amparo, el impetrante de amparo reclama en esencia el acuerdo dictado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio agrario 350/2021, en el que la autoridad responsable declaró que carece de facultades para dejar insubsistente la sentencia emitida en el juicio agrario de origen, considerando que dicho ??????????????? asunto puede resultar de alta trascendencia por el criterio a resolver respecto de la sentencia, ya que en su ejecución existente elementos que substancialmente obstaculizan, pues hay sospecha fundada de incompetencia de dicho Tribunal por razón de tema; por lo que gira oficio al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, solicitando a los integrantes del Pleno, determinen si es su deseo de ejercer la facultad de atracción, a fin de resolver si se debe declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución emitida en dicho juicio y en consecuencia su ejecución. De acuerdo con lo precisado en lo párrafos que anteceden, este Órgano de Control Constitucional estima que, en la especie, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción V del numeral 107, aplicada a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de la Amparo Vigente, se advierte que el amparo bi-instancial procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose ésta como aquéllos que vulneran de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se afecten sólo derechos adjetivos o procesales; en ese contexto, y en virtud de que, el acto reclamado en la presente instancia es el acuerdo dictado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio agrario 350/2021, en el cual, solicita al Tribunal Superior Agrario, si es su deseo de ejercer la facultad de atracción, a fin de resolver si se debe declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución emitida en dicho juicio; dichos actos no puede considerarse como de imposible reparación, toda vez que, de momento no depara una afectación real y directa a los derechos públicos subjetivos de la parte promovente, si se parte de la premisa de que no se tiene la certeza de que efectivamente el Tribunal Superior Agrario, acepte o no la ejercer la facultad de atracción, a fin de resolver si se debe declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución emitida en dicho juicio, es decir, tal fallo se encuentra subjúdice, pues no se sabe el sentido en que resolverá al respecto; razón por la cual, es diáfano que hasta en tanto el Tribunal Superior Agrario, no resuelva sobre el citado planteamiento de atracción, no puede ??????????????? sostenerse que se esté ante un acto de ejecución irreparable, pues hipotéticamente, podría darse el caso de que no se acepte ejercer la facultad de atracción; ya que cualquier autoridad que conozca de una controversia sometida a su jurisdicción, que sea competente para conocer de la misma, por ser la competencia de un órgano jurisdiccional, sea cual fuere la naturaleza del conflicto, es un presupuesto que se debe satisfacer invariablemente, pues, implica la capacidad del órgano para actuar válidamente en el proceso y si no la tiene, no puede conocer del juicio ni proveer en relación a las demás cuestiones planteadas. Por ende, no basta que se alegue que un acto y sus consecuencias causen un perjuicio, si no que este debe tener una ejecución de imposible reparación, lo que en el caso a estudio no acontece, pues el acto reclamado, como ya se señaló, no transgrede de manera inmediata derechos sustantivos que la Constitución General tutela a favor de los gobernados como pueden ser la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; presupuesto indispensable a efecto de que sean susceptibles de impugnación mediante juicio bi-instancial, sino que, insístase, en su caso sólo vulnera derechos adjetivos o procesales, hasta en tanto el Tribunal Superior Agrario, acepte la atracción del juicio materia de la litis que le fue propuesta. Tiene aplicación, por analogía la jurisprudencia 2ª./J.10/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, .30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 18:18:02 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 2, Libro XVIII, Marzo de 2013, página 1380, que señala: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico." JUICIO DE AMPARO Cobra aplicación por las razones que la informan, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 333, que reza: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, página 827, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE. (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL).-. En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales "valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto JUICIO DE AMPARO judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva.". Además, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II, Octubre de 1995, página 333, que señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." Consecuentemente, al configurarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo Vigente, procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo Vigente. A la misma determinación debe arribarse, respecto de los actos reclamados consistente en la omisión de notificar de forma personal el acuerdo reclamado; la negativa para que la parte quejosa se imponga de los autos del juicio agrario de origen; así como, la omisión de proveer inmediatamente la ejecución de la sentencia dictada en el juico de origen; en virtud de que, de dichos actos negativos son en vía de consecuencia de la emisión del proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio agrario 350/2021, en la cual, se ordenó remitir los autos originales del juicio agrario al Tribunal Superior Agrario, para que ejerza la facultad de atracción, a fin de resolver si se debe declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución emitida en dicho juicio; y por lo tanto, dichos actos no pueden ser desvinculados del estudio del acto reclamado, consistente en la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, ya que, la parte quejosa reclama dichos actos como consecuencia de la legalidad de dicho acuerdo, por lo que el desechamiento de la demanda de amparo, se hace extensivo a los actos antes citados. Lo manifiesto e indudable es que aun cuando se admitiera a trámite la presente demanda de amparo, continuaría subsistiendo dicho motivo de improcedencia. Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que no obra en autos ni en el expediente electrónico la constancia de notificación a la parte quejosa, ordenada en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en consecuencia, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial que corresponde para que de inmediato lleve a cabo la aludida notificación.
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en el punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto siguiente, por medio del cual establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito y dado que se negó la suspensión definitiva solicitada, se consideran susceptibles de destrucción el original y el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa.
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