Abel Sánchez García

Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
41/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Abel Sánchez García

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida por dicho órgano colegiado en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al recurso de queja 48/2023, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 41/2023." Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), acúsese recibo de estilo correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso d), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; este expediente es destruible en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que, de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el artículo 2º de la Ley de Amparo; agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informa que la parte quejosa no interpuso recurso de reclamación contra el proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el recurso de queja 49/2023, de su índice estadístico, por el que desecho dicho medio de impugnación; exponiendo que aquél quedó firme y por tanto ordenó el archivo de dicho asunto. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está en espera de lo que tenga a bien determinar la Superioridad, en el diverso recurso de queja ********************, el cual se encuentra pendiente de resolución.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los escritos de cuenta signados por ********************autorizada del quejoso ********************, mediante los cuales interpone recurso de queja en contra de la determinación de dieciséis de enero del año en curso, a través de la cual se desechó la demanda de amparo que originó el presente juicio. En ese sentido, con fundamento en lo establecido en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, ténganse por interpuestos los recursos de queja, y ríndase el informe correspondiente. Remítase el original de los escritos de agravios y copia de éstos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Asimismo, a fin de que la Superioridad pueda consultar íntegramente las constancias del presente sumario constitucional, y esté en posibilidad de resolver el medio de impugnación interpuesto; se comisiona a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que una vez que se tenga conocimiento de la autoridad a la que correspondió el conocimiento del aludido medio de impugnación, realice las gestiones pertinentes a fin de que se habilite en el expediente electrónico del presente asunto, la herramienta "Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen"; en el entendido que, si el Tribunal Colegiado competente considera que las constancias electrónicas no son suficientes y requiere las físicas, le serán remitidas a la brevedad. Lo que a su vez es concordante con las políticas de eficacia y eficiencia en la impartición de justicia, y en el ejercicio racional de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación, establecidas en el Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; de ahí que se estime que la remisión de las copias certificadas de este asunto para la resolución del recurso interpuesto resulte innecesaria, salvo que la Superioridad las requiera.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, través de la cual solicita la protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo 41/2023. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama: La sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de veinte de octubre de ese mismo año, en la que se determinó que el aquí quejoso no justificó la excepción procesal de cosa juzgada, ordenando la continuación del procedimiento y una vez que cause ejecutoria referida interlocutoria se acordará la apertura del plazo probatorio en el juicio de donde emana el acto reclamado. Hecha tal precisión, respecto del acto reclamado de referencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que este no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos implican afectaciones que tienen una ejecución de imposible reparación, y en el caso, el acto reclamado en el cual esencialmente no se justificó la excepción procesal de cosa juzgada, ordenando la continuación del procedimiento; no constituye un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino que se trata de determinaciones que, en todo caso, podrían constituir afectaciones a derechos procesales de la parte quejosa, esto es, el acto reclamado podrían constituir violaciones de carácter formal (procesal) que no afectan de forma material, actual y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural durante la etapa probatoria; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se trata de eventuales violaciones procesales que podrán ser reparables en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable en el juicio de origen, radicado ante el Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México; de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, de recaer una sentencia adversa, el acto que ahora reclama podrá ser combatido en la vía directa como violación procesal, ello conforme a lo dispuesto en las fracciones XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una posible violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una sentencia favorable. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Además, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De acuerdo a la sustancia de las anteriores jurisprudencias, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando estos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en ese sentido, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues el no tener por justificada la excepción procesal de cosa juzgada planteada por el aquí quejoso, no resulta automáticamente concluyente o inminentemente determinante para resolver el fondo del asunto de origen, ya que el Juez encargado de dirimir la controversia en cuestión, tiene la obligación de emitir una sentencia fundada y motivada tomando en consideración la multiplicidad de pruebas ofertadas y el cúmulo de circunstancias fácticas alusivas a las pretensiones, excepciones y defensas de las partes; a efecto de emitir una resolución razonada y congruente. A su vez, el hecho de no declarar justificada la excepción de cosa juzgada, constituye una violación que podría resultar intrascendente si al resolverse en definitiva el juicio, se emite una sentencia favorable a la parte quejosa, y aún incluso si se emitiere un fallo adverso, la parte peticionaria de la Justicia Federal está en posibilidad de impugnar la sentencia definitiva a través del amparo directo, en el que podrá plantear la posible violación procesal que refiere en la demanda de amparo que nos ocupa, en términos de las aludidas fracciones XI y XII del artículo 172 de la Ley de la materia. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu; pues como se ha expuesto, el amparo contra actos emitidos dentro de juicio, únicamente se pedirá ante el Juez de Distrito, contra aquéllos que afecten materialmente y de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso no ocurre. En otras palabras, las violaciones procesales dentro de juicio son impugnables por regla general en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, y, solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten actual y directamente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sin embargo, en el caso particular, no se actualiza la excepción en comento. Lo anterior, ya que puede recaer una sentencia benéfica a los intereses de la parte quejosa; de ahí que no se pueda considerar que el acto reclamado por la parte quejosa vulnere de manera actual, real e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 12/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017109, que establece: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." Así pues, se pone en evidencia que si se diera tramite a la pretensión del impetrante, se llegaría al extremo absurdo de sustanciar un juicio de amparo que podría tornarse infértil, si en el fondo del asunto se dicta un sentencia favorable a sus intereses, lo que habría implicado no solo una utilización injustificada y excesiva del juicio de amparo, sino además, un derroche de recursos técnicos, humanos y financieros sin sentido alguno, lo que desde luego resulta contrario a los propósitos de procedencia del juicio constitucional, que está instituido para reparar violaciones a derechos humanos y fundamentales reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional, y no para fungir como un mero juicio de instancia, o una herramienta ordinaria o preventiva. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 8/2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, Décima Época, materia constitucional, con número de registro 2021551, que establece: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO. Si bien los derechos mencionados giran en torno al derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente que dichas prerrogativas son autónomas, con dimensiones y alcances propios que exigen desarrollos interpretativos individualizados que abonen en el entendimiento y configuración del núcleo esencial de cada derecho. Ahora bien, en cuanto al juicio de amparo, la Corte Interamericana ha establecido que éste se encuentra en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", reconociéndolo, por su naturaleza, como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada; el mismo Tribunal Interamericano precisó que el recurso consagrado en el aludido artículo 25 no es el recurso de apelación, el cual está previsto, en el artículo 8.2 h), del mismo tratado. Esta diferencia entre el derecho a la protección judicial y el derecho a la revisión, es de suma relevancia para entender cuándo se está en presencia del derecho a recurrir un fallo ante una instancia superior, en respeto al derecho al debido proceso, y cuándo se está ante la exigencia del derecho a un recurso que ampare derechos fundamentales de fuente nacional o convencional, por tanto, el juicio de amparo debe considerarse como un medio de defensa diseñado para proteger los derechos consagrados en la Constitución y la Convención Americana, y no como un mecanismo de segunda instancia, esto es, un recurso que sirve de margen para la revisión de una decisión en el marco de un proceso." En consecuencia, respecto del acto reclamado en estudio, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu; por notoriamente improcedente. Ahora, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este Juzgado, toda vez que el correo electrónico que proporciona, no se encuentra previsto como medio legales para tal efecto, en términos de lo que establece el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, téngase en consideración como medio de contacto idóneo para comunicaciones no procesales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días horas inhábiles. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José ********** y **********, al contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "**********"; en ese sentido, comisiónese a la Oficial Judicial "A", a fin de que realice la habilitación correspondiente. Luego, desde este momento se autoriza a las partes la utilización de medios electrónicos para imponerse del contenido del presente expediente; siempre y cuando su actuar se ajuste a lo establecido en la circular 12/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivada de la sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 263, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; infórmese a las partes que, están en posibilidad de consultar las determinaciones derivadas del presente asunto, a través de la página web del Consejo de la Judicatura Federal, en el rubro de "servicios y trámites", seleccionando la opción "lista de acuerdos", para lo cual se proporciona la liga electrónica siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/index.htm#Servicios. Por otra parte, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, proporcionen un número telefónico y/o de mensajería instantánea, así como un correo electrónico a través del cual, de ser necesario, se pueda entablar un contacto oportuno para las comunicaciones no procesales, en el entendido de que el mismo no hará las veces de notificación oficial, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo. En ese sentido, desde este momento se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano de control de constitucionalidad para que, en caso de haber entablado alguna comunicación no procesal con alguna de las partes, registren dicho acontecimiento de manera oportuna, y formulen la razón correspondiente, misma que deberá obrar glosada en autos. Se precisa que, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si alguna autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, el Actuario Judicial deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. De igual manera, las notificaciones por oficio que hayan de realizarse, se efectuarán en términos de las fracciones I y II del artículo 28 de la Ley de Amparo, y de ser necesario, por cualquier medio oficial en términos de la fracción III, a través del oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica, de cuyo envío habrá de formularse la constancia respectiva. Asimismo, tratándose de autoridades federales, la notificación respectiva deberá reparar en el contenido del "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte, por la Secretaría de la Función Pública. (...) Notifíquese. (...)

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