Abel Ronces Barra
Expediente 302/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abel Ronces Barra
Actuaciones
- Principal
A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL dos de diciembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 302/2020, en presencia de la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de la secretaria Dora Alina González Díaz con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Cabe hacer la precisión de que la presente audiencia se celebra sin la asistencia física de las partes, en virtud de que, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, sin que en el caso, éstas hayan presentado escrito alguno. Además, de conformidad con el artículo 3° y 6° del referido Acuerdo General 21/2020, si las partes deseaban comparecer a la celebración de la audiencia constitucional, en todo momento estuvieron en posibilidad de manifestarlo por escrito ante este órgano jurisdiccional, a fin de que éste generara una cita desde la modalidad "Agenda OJ". A continuación, la secretaria certifica que da lectura a las constancias que obran en autos y que se tienen por reproducidas, entre las que destacan: demanda de amparo promovida por ABEL RONCES BARRA, por propio derecho; auto admisorio de demanda de seis de octubre de dos mil veinte; informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Numero Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad. Acto seguido la jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el período probatorio y la secretaria da cuenta con la prueba documental que la Junta responsable allegó a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 1061/2016 de su índice; y se hace constar que las partes no ofrecieron más pruebas. La jueza acuerda: De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por recibida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la prueba documental ofrecida por la autoridad responsable; por lo que, sin más pruebas por recibir según constancia secretarial de cuenta, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no existen alegatos formulados por las partes y que la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita no formuló alegato ministerial. La jueza acuerda: Al no existir alegatos que recibir, según constancia secretarial, se cierra el período respectivo y se dejan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver en el juicio de amparo indirecto 302/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad de Poza Rica de Hidalgo, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Abel Ronces Barra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE... IV. ACTOS RECLAMADOS: . La omisión de desahogar todas las pruebas ofrecidas en juicio, expediente 1061/2016 de su índice, pues entre la fecha de celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y la presentación de esta demanda han transcurrido 28 meses, sin concluir el desahogo total de las mismas, de manera particular la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el patrón, hecho que provoca una dilación con la que se encuentra violando lo consagrado por el artículo 17 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano y su garantía de obtener los gobernados impartición de justicia pronta y expedita." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 302/2020; se requirió el informe justificado, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional y se ordenó dar la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Además, en el propio acuerdo se tuvo como tercero interesado a Pemex Exploración y Producción a quien se emplazó, personalmente a su apoderado, el seis de noviembre de dos mil veinte. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor de acta que antecede, quedando el expediente en estado de resolución. Es importante destacar que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. El Acuerdo asumió la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial y, consecuentemente, mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, bajo un esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales. En relación con ello, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, instruyó la emisión de dos circulares, SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020 del diecinueve y veinticinco de marzo del mismo año, precisando algunos alcances del precitado Acuerdo. El trece de abril de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el cual se reformó y adicionó el diverso 4/2020, para ajustarlo en tres sentidos: (i) ampliar la descripción del concepto de casos urgentes; (ii) establecer medidas de apoyo a los órganos de guardia; y (iii) aumentar el número de órganos de guardia y reemplazar a la mayoría. Por otro lado, el veintisiete de abril siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 8/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, con la finalidad de establecer un nuevo esquema de contingencia en los órganos jurisdiccionales que mantuviera la atención a casos urgentes a partir de un catálogo nuevo, y agregando la posibilidad de resolver asuntos listos para sentencia que se hubieran sustanciado físicamente, así como la de tramitar y resolver asuntos mediante el esquema de "juicio en línea"; después, el veinticinco de mayo del mismo año, se emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del aludido Acuerdo General 8/2020 El ocho de junio siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, con una vigencia del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el Acuerdo General 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos a través de la modalidad de "juicio en línea". Posteriormente, el veinticinco de junio siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 15/2020, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, mediante el cual se amplió la vigencia del dieciséis de junio al quince de julio del año en curso. Más adelante, mediante el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se amplió la vigencia del dieciséis al treinta y uno de julio del año en curso. Así, mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio del año en curso, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020 -aludida en los párrafos que anteceden-, y estableció las reglas de actuación de dichos órganos durante el periodo del 3 de agosto al 31 de octubre del mismo año. Finalmente, en Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reformó el aludido 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, para extender su vigencia del 3 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto omisivo reclamado se atribuye a una autoridad de trabajo residente dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: La dilación en desahogar la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la parte patronal, en el juicio laboral 1061/2016 promovido por el quejoso Abel Ronces Barra en contra de Pemex Exploración y Producción por pago correcto de su pensión jubilatoria; que atribuye a la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Es así, porque si bien es cierto el quejoso alude a la "omisión de desahogar todas las pruebas ofrecidas en juicio", del contenido integral de su demanda se obtiene que su reclamo lo centra, fundamentalmente, en que de la fecha en que se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas a la de la presentación de la demanda de amparo, no se logrado desahogar la prueba pericial en materia de contabilidad que ofreció la patronal. Lo que se corrobora con las manifestaciones que expresó en el sentido de que: ". antecedentes de los actos reclamados. .2. En fecha 29 de noviembre del año 2017, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y a pesar de haber transcurrido más de veintiocho meses desde esa fecha, las mismas no se han desahogado en su totalidad. De manera especial se destaca que la pericial contable ofrecida por el patrón (aquí tercero interesado) no ha podido ser desahogada en su integridad, lo que se traduce en una injustificada dilación procesal. 3. Entre la fecha de celebración de la audiencia de ofrecimiento de pruebas dentro del juicio laboral antes citado, celebrada el 29 de noviembre de 2017 al día de hoy, a pesar de haber transcurrido más de dos años, no se ha concluido con el desahogo de las pruebas, de manera específica, no se ha concluido con la prueba pericial en materia de contabilidad, lo que se traduce en una indebida dilación del procedimiento. Conceptos de violación . si las autoridades responsables desde la fecha de 29 de noviembre de 2017, fecha esta última en que se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, al día de hoy, a pesar de haber transcurrido más de treinta y cuatro meses, a esta fecha no han dado el cierre de instrucción, ni dictado el laudo que en derecho corresponda, por encontrarse pendiente de desahogo la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el patrón. . por lo que pido en reparación . se conceda el amparo de la justicia de la Unión Federal para que la autoridad responsable proceda al desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el patrón dentro del juicio laboral con celeridad y prontitud a fin de estar en posibilidad de continuar la secuela procesal del juicio.". Lo que evidencia que lo que motivó la promoción del juicio de amparo es la paralización del juicio natural derivada de la dilación en el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad que refiere la parte quejosa, puesto que no alude o especifica algún otro medio de convicción. Lo anterior debe precisarse de esa manera, porque ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. De las manifestaciones expresadas por el presidente de la autoridad responsable, Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, se pone de manifiesto que es cierto el acto reclamado; lo que se tiene para todos los efectos legales a que haya lugar. Esto, porque si bien dice que es falso el acto que se le atribuye, en la forma en que lo expone el quejoso, realiza manifestaciones que evidencian su existencia, lo cual lleva a tener como cierto el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora de las constancias que remitió con su informe justificado. Documental pública que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo establece su artículo 2º. Tienen aplicación las jurisprudencias siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Toda vez que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público, su estudio es preferente y oficioso, las invoquen o no las partes, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Del artículo y la fracción invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo no es la simple paralización o destrucción del acto, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se precisó, la parte solicitante del amparo señaló como acto reclamado la dilación en desahogar la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la parte patronal, en el juicio laboral 1061/2016 del índice de la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de las constancias que, en copia certificada, remitió la referida autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se advierte que el siete de agosto de dos mil dieciocho tuvo por celebrada la audiencia pericial contable ofrecida por la demandada; asimismo, que por oficio SAPD/AMS/D.P.T.819/2019, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje residente en la Ciudad de México, le informó que designó perito tercero en discordia en materia contable a Juan Contreras, quien aceptó y protestó el cargo el veintitrés de julio del presente año, fecha en la que el referido perito nombrado tercero en discordia rindió su dictamen pericial en esa materia. Asimismo, se ve que, el seis de octubre del presente año, la autoridad de trabajo dio vista a las partes con tales constancias, consistentes en comparecencia del perito designado tercero en discordia en materia contable, así como el dictamen que emitió en esa materia, remitidas por la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, por un término de tres días para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; con apercibimiento, para el caso de no hacerlo, de tener por precluido su derecho. Lo antes reseñado evidencia que, si bien a la fecha en que Abel Ronces Barra promovió el juicio de amparo en que se actúa (uno de octubre de dos mil veinte), el juicio laboral se encontraba paralizado por el retardo en el desahogo de la prueba pericial en materia contable, lo cierto es que la omisión en que incurrió la autoridad responsable cesó con el dictado del acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, en el cual la autoridad responsable tuvo por recibido el dictamen pericial en esa materia, emitido por el experto tercero en discordia y ordenó dar vista a las partes con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. Esto, se insiste, porque si la inconformidad principal del quejoso se sustenta en que esa autoridad ha retardado el desahogo de la prueba pericial en materia contable, con el acuerdo de seis de octubre del presente año se le restituyó en el goce del derecho que originalmente señaló trasgredido ante esta autoridad federal y se destruyeron todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional como si se hubiera otorgado el amparo; actualizándose así la causal de improcedencia anotada. Por tanto, en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, se estima que cesó en sus efectos, debido a que la omisión en que incurrió la autoridad responsable desapareció, de tal suerte que se generó una situación jurídica similar a la que se hubiese generado con la concesión del amparo. Además de que, lo que acontezca a partir de esa actuación procesal, dependerá de la actividad de la propia Junta responsable y del impulso procesal que las partes impriman al juicio laboral. Lo anterior, en virtud de que la situación jurídica que dio origen al sumario constitucional que ahora se resuelve, así como sus consecuencias, dejaron de producir sus efectos de modo incondicional e inmediato, de tal manera que con dicho proveído se restituyó al solicitante de la protección constitucional en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo -uno de octubre de dos mil veinte-, es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que la omisión de la autoridad responsable desapareció, y con ello, cesaron los efectos del acto reclamado. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado, respecto del acto y autoridad aquí precisados. Cobra aplicación al caso por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra técnicamente impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, dado que el sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." QUINTO. Firma electrónica (FIREL). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presente sentencia se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 302/2020, promovido por Abel Ronces Barra, en contra del acto reclamado y por la autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución.
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