Abel Rodrigo Percastres Verde

Expediente 565/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
565/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Abel Rodrigo Percastres Verde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    MESA V. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió en parte la suspensión provisional, así como la definitiva; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AUTO DE DIECISÉIS DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de dos de mayo pasado (foja 139), a efecto de que hiciera las manifestaciones que estimara pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiese hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 55 a 62), se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Abel Rodrigo Percastre Verde, resolución que fue recurrida por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, así como la autoridad responsable; asunto del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Mediante oficio recibido en este Juzgado el veintitrés de abril pasado (foja 108), el Secretario de Acuerdos del citado Tribunal Colegiado, remitió testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de doce de abril del año en curso, emitida en el R.P. 15/2018 (fojas 109 a 129). De la ejecutoria emitida por la superioridad, se advierte que se resolvió el recurso de revisión en los siguientes términos: ".PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ABEL RODRIGO PERCASTRE VERDE contra los actos que reclamó del agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX adscrita a la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, consistente en la omisión y denegación de copias certificadas de la averiguación previa 473/AP/DGDCSEI/11, para los efectos precisados por parte del juez de Distrito en la resolución que se revisa..." Ahora bien, cabe señalar que se concedió el amparo y protección constitucional, al quejoso Abel Rodrigo Percastre Verde, contra los actos que reclamó de la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX adscrita a la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, para los efectos siguientes: 1. Dejara insubsistente el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 473/AP/DGDCSEI/11. 2. Dictara otro en el que, sin aplicar el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, acordara favorablemente la solicitud de copias certificadas formulada por el quejoso, por escrito recibido en veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en razón de tener la calidad de probable responsable en la citada averiguación previa. En proveído de veintitrés de abril pasado (fojas 130 y 131), se requirió a la citada autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En vista de ello, mediante oficio recibido el treinta de abril del año en curso (foja 136), la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX, adscrita a la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, informó el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió copia certificada de los autos de veintiséis de abril de la presente anualidad, dictados en la averiguación previa 473/AP/DGDCSEI/11. Del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 473/AP/DGDCSEI/11. b) Dictó otro en el que acordó favorablemente la solicitud de copias certificadas formulada por el quejoso. En consecuencia, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional solicitada, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.

  3. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DOS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: " Agréguese en autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX, adscrita a la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República y anexo que acompaña, mediante el cual informa el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el oficio y anexo de mérito; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. "

  4. Principal

    MESA V Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo número 565/2017-V-Z y testimonio de la resolución relativa al recurso de revisión R.P. 15/2018; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, comuníquese a las partes, glósese al cuaderno principal las constancias generadas a partir de la remisión del recurso de revisión y acúsese recibo. Ahora bien, de la lectura de la ejecutoria emitida por el aludido Tribunal, se advierte que se resolvió el recurso de revisión en los siguientes términos: ".PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ABEL RODRIGO PERCASTRE VERDE contra los actos que reclamó del agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX adscrita a la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, consistente en la omisión y denegación de copias certificadas de la averiguación previa 473/AP/DGDCSEI/11, para los efectos precisados por parte del juez de Distrito en la resolución que se revisa..." En ese tenor, cabe señalar que se concedió el amparo y protección constitucional, al quejoso Abel Rodrigo Percastre Verde, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XIX adscrita a la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, para los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 473/AP/DGDCSEI/11. 2. Dicte otro en el que, sin aplicar el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, acuerde favorablemente la solicitud de copias certificadas formulada por el quejoso, por escrito recibido en veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en razón de tener la calidad de probable responsable en la citada averiguación previa. Por tanto, con sujeción a lo normado por el imperativo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que así lo acrediten. En estrecha relación con lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se apercibe a las autoridades antes citadas que de incumplir con lo ordenado sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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