Abel Roberto Mercado Melendez

Expediente 247/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
247/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Abel Roberto Mercado Melendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que negó el amparo en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 247/2023. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Abel Roberto Mercado Meléndez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de febrero siguiente, se previno a la parte quejosa, dando cumplimiento en diverso proveído de veintiocho siguiente, en que se tuvo por admitida a trámite la demanda; se registró la demanda bajo el número de expediente 247/2023, del libro de gobierno correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y a de la adscripción de la autoridad responsable, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a la parte 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 2 tercero interesada y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se realizó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 de once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente; toda vez que se reclaman actos de ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 3 integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". 2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y sus anexos, se desprende que la parte quejosa reclama del 1Tribunal de Alzada Región 02, Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en esta ciudad: - La resolución de once de enero de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal 123-C1P02/2022-JA, que revocó el auto de no vinculación a proceso dictado el quince de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 259/2022, por el Juzgado de Control, Región 02, del Distrito Judicial de Tapachula, en esta ciudad, decretando en su lugar auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho calificado por la ley como delito de violencia familiar, cometido en agravio de María Guadalupe Vázquez Díaz. 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 4 Y del Juzgado de Control, Región 02, del Distrito Judicial de Tapachula, en esta ciudad, se reclama: - La ejecución de esa determinación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El 1Tribunal de Alzada y Juez de control responsables, al momento de rendir su respectivo informe justificado, análogamente aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la copia certificada del toca y proceso penal indicados, seguido en contra del aquí quejoso y las actuaciones digitalizadas en el disco compacto que se anexó (fojas 37 y 46). Pruebas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, ya que se trata de videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 5 ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos tres, del Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 6 debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertirse alguna que en el caso se actualice, ni las partes las invocaron, se procede al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados ya precisados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. 3 Registro: 205800, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, Página 60. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 7 QUINTO. Estudio de fondo. Resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Previamente, se precisa que en asuntos del orden penal opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un proceso penal donde la parte quejosa tiene el carácter de imputado; dicha figura sólo se aplicará siempre y cuando se le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento que derive en una concesión del amparo, por lo que no procede analizar el acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiarlo, lo perjudica o no le reporta utilidad alguna4 ; sin embargo, en el caso, no se advierte motivo alguno que amerite suplir los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparece probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni tomarán en consideración los datos de prueba que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, dado que las partes tienen igualdad procesal para sostener 4 Véanse las tesis siguientes: Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de julio de 2017, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Tesis (I Región) 8o.1 P (10a.) sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de julio de 2017, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO." 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 8 la acusación o la defensa, respectivamente y, con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Lo anterior de conformidad con la tesis 1a. CCLI/2011 (9a.), titulada: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. Sentado lo anterior, resulta menester precisar que conforme a la técnica del juicio constitucional, por ser de orden preferente previamente al estudio de los requisitos de fondo, se procede a examinar el acto reclamado con el objeto de determinar si el mismo satisface o no los requisitos formales de fundamentación y motivación que le son exigibles a todo acto de autoridad, dejando para un segundo momento el análisis de los requisitos de fondo concernientes a su procedencia. Lo anterior, habida cuenta que la omisión de los requisitos formales impide juzgar el acto reclamado en cuanto al fondo, por desconocerse precisamente sus motivos y fundamentos, originando que el juzgador constitucional sustituya al juez de la causa para dictaminar si existen en autos los datos de prueba que acrediten los requisitos legales y constitucionales para dictar una resolución de tal naturaleza. En este orden de ideas, del análisis minucioso de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, como a continuación quedará evidenciado del análisis exhaustivo que se realice a la misma. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 9 Así, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en sus artículos 67, 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 10 fracción IV, 313, 316 y 317, lo siguiente: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: [.] IV. La de vinculación a proceso [.]". "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 11 plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 12 imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la intelección de los ordinales en comento, puede advertirse que los requisitos que deben observarse al dictar un auto de vinculación a proceso, son los siguientes: 1) Constar por escrito, en el que deben precisarse los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos previstos en la ley para su emisión; así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. 2) Que previamente a su dictado se haya formulado imputación, para lo cual también debe observarse lo dispuesto por el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que el imputado esté presente en la audiencia relativa en la que el Fiscal expondrá al imputado el hecho que se le atribuye, la 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 13 calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención del imputado en el evento, así como el nombre de su acusador, salvo que el juzgador considere necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley; y que el Juez haya verificado que el imputado conoce sus derechos. 3) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, en la inteligencia de que sobre este tópico debe observarse lo establecido en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales5 , es decir, una vez formulada la imputación, se preguntará al imputado si entendió dicha imputación y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que el imputado desee declarar, la misma deberá efectuarse en los términos previstos por la legislación adjetiva en cita, esto es, en presencia de su defensor, y previa entrevista oportuna y privada con el mismo. 4) Que el mismo haya sido dictado en la misma audiencia de vinculación a proceso, o bien, dentro de las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro siguientes, a solicitud del inculpado, previo cuestionamiento que sobre el particular le formule el juez de control. 5) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Fiscal, se deriven datos de prueba que 5 Artículo 312. Oportunidad para declarar Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 14 establezcan que se ha cometido un delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que se pondera en razón de la existencia de indicios que razonablemente permitan tenerlo por así demostrado -de manera indiciaria-. 6) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. [.]". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 15 La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.." Como puede verse, los citados numerales -en la 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 16 parte que interesa-, consagran las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, siendo que la primera se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Sobre este tópico, el criterio que ha orientado la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, ha sido en el sentido de considerar que un acto está fundado y motivado, cuando para cumplir lo primero, se expresa con precisión el precepto legal aplicable al caso y, para satisfacer lo segundo, de conformidad con el estándar probatorio requerido en el sistema procesal penal acusatorio y oral, cuando al señalar los datos de prueba, resulta razonable presumir la probable responsabilidad del imputado en su comisión, excluyendo incluso en el análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado del auto de vinculación a proceso, no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 17 Judicial de la Federación, con número de tesis XV.3o.6 P (10a.), consultable en Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2167, con número de registro, de rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 18 valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente. Es decir, debe considerarse que para cumplir con la debida fundamentación y motivación, en tratándose de un auto de vinculación a proceso, deben colmarse los extremos del transcrito artículo 19 Constitucional, el cual dispone que en dicha resolución de plazo constitucional, se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Extremos que deben observarse para verificar la constitucionalidad del acto reclamado, habida cuenta que en el dictado del auto de vinculación a proceso también pueden infringirse derechos fundamentales diversos a los previstos en el artículo 19 de la Carta Magna; ello en razón de la imposibilidad material de encontrar contenidas dichas prerrogativas en un solo artículo, por lo que deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. Es ilustrativa la tesis XIII.P.A.30 P que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página mil doscientos veintiocho, del Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 19 EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Los artículos 14 y 16 constitucionales consagran los derechos fundamentales de audiencia y legalidad de los actos de autoridad al exigir que todo acto de privación de las propiedades, posesiones o derechos de los gobernados, se lleve a cabo previo juicio seguido ante los tribunales competentes previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: i. Notificación del inicio del procedimiento y sus 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 20 consecuencias; ii. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; iii. Oportunidad de alegar; y iv. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [.] II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; [.]". Ahora, el procedimiento penal se encuentra regido por los artículos 149, 307 al 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De los citados dispositivos legales se advierte que se debe cumplir con el siguiente procedimiento: Cuando fuere puesto a disposición un indiciado ante el Agente del Ministerio Público, por haber sido detenido en flagrancia, el representante social deberá ponerlo a disposición del Juez de Control en el plazo de cuarenta y ocho horas. Inmediatamente de la puesta a disposición ante el Juez de Control, se dará inicio a la audiencia inicial en la que se verificará que el detenido conozca sus derechos. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 21 Seguidamente se requerirá al detenido a efecto de que nombre un defensor, y en caso de no hacerlo se le nombrará al defensor público. Luego, el representante social justificará las razones de su detención e inmediatamente el Juez de Control determinará si la detención fue legal o no, examinando el cumplimiento del plazo constitucional y los requisitos de procedibilidad. En caso de considerar legal la detención la ratificará, y de lo contrario dejará en inmediata libertad al indiciado. Si se ratifica la detención, el ministerio público deberá formular la imputación. A continuación se le preguntará al imputado si entiende la imputación y si desea declarar o no hacerlo. Seguidamente la fiscal deberá solicitar oportunidad para discutir las medidas cautelares y la vinculación a proceso. Asimismo, se cuestionará al imputado para que manifieste si desea que se resuelva su situación jurídica en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, si solicita ampliación del término. En caso de acogerse al plazo constitucional de setenta y dos horas o ampliado, se deberá fijar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo. En la audiencia de vinculación a proceso, se desahogaran los datos de prueba ofrecidos por el 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 22 imputado, si los hubiere, posteriormente el Agente del Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; asimismo, se dará oportunidad al imputado o su defensor de contestar la misma, existiendo el derecho réplica y contrarréplica si se requiere. A continuación el Juez de Control determinará si vincula o no a proceso al imputado; si así lo hace, las partes propondrán plazo para la investigación complementaria y el juez establecerá el mismo. Pues bien, una vez agotado el procedimiento que previamente se ha mencionado, encontrándose en aptitud de resolver la situación jurídica del imputado, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como ya se puntualizó, se deben cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en expresar el o los delitos que se imputen; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que hacen probable la participación del imputado en su comisión. Asimismo, se debe verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 317 del último ordenamiento jurídico. En el caso que se analiza, en lo que corresponde al primero de los requisitos reseñados en el inciso 1), se observa que el auto de vinculación a proceso se emitió por escrito con motivo de la apelación interpuesta por la asesora de la víctima; además de existe constancia de la 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 23 audiencia de imputación, según el registro de audio y video que enviaron las responsables, así como la copia certificada que integran el toca penal de apelación y la causa penal condigna, de las que se advierte que obra testimonio escrito del auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso; acorde con el cual, en la emisión del acto reclamado se asentaron los datos personales del imputado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que la ley califica como delito y que se le atribuye al quejoso. En lo que ve a los requisitos en cita indicados en el inciso 2), se observa que en la resolución sujeta a examen, en congruencia con el registro de audio y video cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando tercero que antecede, la Fiscalía formuló la imputación al quejoso respecto de los hechos que la ley califica como delito; diligencia en la que estuvo presente el imputado y su defensor particular. En este punto, del registro audiovisual allegado, puede apreciarse que la Fiscal expuso oralmente los hechos que se le atribuyen al imputado, así como los datos de prueba relativos; la calificación jurídica preliminar de los mismos; la fecha, lugar y modo de su comisión y la forma de intervención en el evento que se le atribuye. De igual forma, se destaca el hecho de que previo a dicha exposición, el Juez responsable informó al quejoso el motivo de su presencia en el recinto judicial, así como los derechos que se establecen en su favor tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 24 dando contestación el imputado a cada una de las interrogantes formuladas por el Juez responsable relacionadas al ejercicio de esos derechos en el desarrollo de la audiencia inicial, evidenciando que entendía y tenía claro en qué consistían cada uno de ellos. En lo que tiene que ver con el tercero de los requisitos precisados en el inciso 3), se advierte que en audiencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público formuló imputación en contra del quejoso, y el Juez de Control responsable concedió uso de la voz al indiciado a efecto de que manifestara si deseaba declarar, a lo que contestó que sí era su deseo declarar, lo cual hizo en ese momento. En torno al cuarto de los requisitos descritos en el inciso 4), atinente a la temporalidad en la que debe emitirse el auto de vinculación a proceso, el Juez de Control le hizo saber al imputado y a su defensa, el derecho que tiene para que su situación jurídica se resolviera en el mismo acto de la audiencia, o en su defecto, dentro del plazo de setenta y dos horas, o dentro de la duplicidad de dicho término (ciento cuarenta y cuatro horas), a lo que el imputado y su defensa renunciaron al plazo constitucional y por consiguiente, en ese acto procesal se resolvió lo relativo a la vinculación a proceso del imputado, aquí quejoso. Hasta aquí es factible sostener que sí se observaron las formalidades esenciales que la ley exige para el dictado del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, con objeto de verificar los últimos dos requisitos reseñados en los incisos 5) y 6) antes referidos, es necesario tomar en consideración que el dictado del auto de vinculación a proceso sólo exige la justificación 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 25 de la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo en ello, pues la referida resolución solamente tiene como finalidad fijar la materia de lo que deberá ser objeto de investigación -formalizada-, y del eventual juicio; por ello, su pronunciamiento no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la responsabilidad. Luego, para verificar si la autoridad responsable colmó el requisito sintetizado en el inciso 5), se tiene presente que, como se destacó en la propia resolución reclamada, el proceso penal acusatorio y oral instaurado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció un proceso penal que comprende distintos estadios procesales, que se rigen por reglas específicas y, que tratándose del auto de vinculación a proceso, por los efectos que este produce en esa etapa del proceso, el estándar de prueba para su emisión es reducido, a diferencia del que se requiere al momento de dictar sentencia. Esa circunstancia se debe a que mientras en el auto de vinculación se determina que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, para el dictado de una sentencia es menester que se establezca la existencia de un delito; esto es, que existe una conducta típica, antijurídica y culpable. La diferencia sustancial entre el hecho delictuoso y el delito, es que en el primero no se realiza un juicio de 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 26 valoración en torno a la responsabilidad, porque ello debe ser materia de análisis por parte del tribunal de enjuiciamiento; el cual, con vista de las pruebas, debe formarse una convicción más allá de una duda razonable, de que tal o cual persona es responsable (culpabilidad) de la conducta que la ley señala como delito (tipicidad) y de la violación al bien jurídico tutelado (antijuridicidad). Para arribar a la conclusión de que se cometió un delito, además deben existir pruebas, mientras que para determinar que existe un hecho delictuoso, es suficiente que existan datos que así lo establezcan. La diferencia entre un dato de prueba, un medio de prueba y una prueba, se establece en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual establece lo siguiente: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación". No obstante que para la emisión de un auto de vinculación a proceso se requiera un estándar de prueba reducido, porque se insiste, en él no se establece la existencia de un delito sino la existencia de un hecho 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 27 delictuoso, ello no significa que la autoridad judicial soslaye el deber de precisar aquellos elementos que justifiquen los extremos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de pronunciarse sobre la licitud de los datos de prueba enunciados por el representante social, con objeto de acreditar la legalidad de las pretensiones que motivaron la audiencia inicial. Al respecto, del registro de audio y video, y de la copia certificada relativa a las constancias que integran la causa penal respectiva, se advierte que al momento de emitir el auto de vinculación a proceso reclamado, se relacionaron los siguientes datos de prueba: ? Declaración de la víctima María Guadalupe Vázquez Díaz, ante el fiscal del Ministerio Público de fecha quince de julio de dos mil veintidós, en la que narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos. ? Valoración psicológica efectuada el veintidós de julio de dos mil veintidós, a la víctima María Guadalupe Vázquez Díaz, por la psicóloga adscrita a la Fiscalía Fronterizo Costa, en esta ciudad. ? Placas fotográficas del lugar de los hechos, enviadas mediante oficio de veinte de octubre de dos mil veintidós, por la perito fotógrafa adscrita a la Fiscalía Fronterizo Costa, en esta ciudad. ? Informe policial homologado de veintiocho de agosto de dos mil veintidós, rendido por el elemento de la policía especializada y placas fotográficas anexas. ? Acta de nacimiento de la menor de iniciales M.A.M.B. de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 28 que demuestra el vínculo entre el quejoso y la víctima al ser padres de la menor mencionada. Datos de prueba, que como bien lo estimó la autoridad responsable son idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar el hecho delictuoso imputado al quejoso y su probable participación en el mismo, en los términos apuntados en la determinación reclamada, en la medida de que evidencian que el catorce de junio de dos mil veintidós, alrededor de las dieciséis horas, al encontrarse en el domicilio conocido en Cantón Leoncillos, cerca de la parada Jaritas de este municipio, el ahora imputado la agredió física y verbalmente, al percatarse que ella había publicado una fotografía en la red social Facebook, lo que generó molestia al hoy imputado, quien le pidió el celular, se lo arrebató, vio la foto y le dijo expresiones denostativas como que era una pendeja, una regalada, que tan siquiera cobrara, que era una puta, estúpida y que no servía para nada, que era como basura, con la intención de denigrarla, someterla o dominarla. Señalamiento de la paciente del delito que se encuentra corroborado con la pericial en materia de valoración psicológica realizada a la víctima, en la que la experta concluyó que los hechos causaron a la pasivo una afectación emocional sugiriendo intervención terapéutica de manera urgente, toda vez que tiene rasgados de depresión y ansiedad elevados en un parámetro de severidad con ideación suicida como principal sintomatología alarmante sin evolucionar e intento suicida, con lo cual se demuestra la afectación psicoemocional que ha sufrido la paciente del delito. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 29 Todo lo cual, se expuso de manera en la resolución reclamada de que se trata. Ahora, el solicitante del amparo alega, en esencia, que la autoridad responsable viola los artículos 14, 16 y 19 del Pacto Federal, puesto que la resolución reclamada no se encuentra ajustada a derecho, y para justificar su afirmación propone los conceptos de violación que a continuación se sintetizan: a) Que en no existen datos ni medios de prueba que corrobore la versión de la víctima. b) Que no existen datos ni medios de prueba que probaran su participación, y que por ello, no se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad penal del quejoso. Los argumentos sintetizados se estudiarán de forma conjunta dada su estrecha vinculación, pues el artículo 76 de la Ley de Amparo, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 5, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Registro digital: 2011406, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 30 CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. En efecto, resultan infundados los conceptos de violación referidos en virtud de que, adversamente a lo expuesto por el impetrante, el dictado del auto de vinculación se encuentra ajustado a derecho, pues la autoridad responsable valoró para esa etapa procesal, los datos de prueba recabados en la investigación, y que ciertamente dan cuenta de la existencia del hecho que la ley señala como delito imputado al quejoso, así como de su presunta participación en su comisión. Se afirma lo antepuesto, toda vez que se consideró que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito y la intervención del imputado en su comisión, siendo los que se mencionaron párrafos arriba. En esas condiciones, la responsable estimó que los datos de prueba antes relacionados constituían indicios suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por el artículo 198 párrafos primero y quinto (maltrato psicoemocional), 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 31 sancionado por el diverso 199, del Código Penal en vigor del Estado de Chiapas. Señalando que dichas pruebas resultan suficientes porque para dicha etapa procesal no se tiene un estándar probatorio máximo, como ya se explicó al inicio de este considerando. De la misma manera, es infundado el concepto de violación que indica el quejoso respecto de la clasificación del hecho delictivo en el auto de vinculación, porque esa determinación no es definitiva, puesto que el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, únicamente exige que para dictarlo que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, por lo que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable, ya que los efectos que genera dicha resolución, es la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, la clasificación jurídica del delito será determinada en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 32 Apoya esta consideración la jurisprudencia 35/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2014800, décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 33 de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Finalmente, refiere el quejoso que no existen datos ni medios de prueba que probaran su participación, y que por ello, no se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad penal del quejoso. Pese a ello, se estima que fue correcta la determinación de la responsable porque se actualizaron los supuestos previstos por los artículos 19 constitucional y 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ya que en la audiencia de formulación de imputación se expresaron los datos de prueba recabados por la fiscalía, los que resultaron suficientes para acreditar la existencia del delito señalado como violencia familiar. Ello porque el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para vincular a proceso a una persona, no basta que se acredite la existencia de un hecho delictuoso, sino que además deben existir datos que muestren la probable intervención del imputado, es decir, 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 34 que razonablemente conduzcan a estimar la intervención del imputado en la comisión de dicho hecho, pues solo así se cumple con los principios de fragmentariedad e intervención necesaria del derecho penal, y el de la exacta aplicación de la ley penal. Bajo ese contexto, es inconcuso que el quejoso probablemente intervino en la comisión del hecho que la ley señala como violencia familiar, pues de los datos de prueba se obtiene esa circunstancia. De ahí que los datos de prueba relatados por la fiscalía sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, la conducta desplegada por el imputado; la cual, desde luego, incursiona en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlo a proceso. Ello es así, porque el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso, y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 35 como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de un dato de prueba que constituye la información que proporciona el Ministerio y que el juez de control no puede valorar, si no es que no desahoga ante su potestad. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 35/2017 (10a.)6 , de rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Como conclusión, se estima apegada a derecho la resolución materia del acto reclamado, puesto que, tal y como concluyó la autoridad responsable, al menos por ahora, existen datos de prueba que evidencian la probable participación del imputado ahora quejoso, en la comisión del hecho con apariencia de ilícito que se le atribuye; lo cual es suficiente para sustentar el auto de vinculación a proceso tildado de inconstitucional, toda vez que, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, solo se requiere que el Ministerio Público 6 Registro digital: 2014800 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360 Tipo: Jurisprudencia. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 36 aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. Incluso, debe recordarse una vez más que en el auto de vinculación a proceso, el derecho fundamental se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de basamento, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probable comisión o participación en tal evento, tal y como lo hizo la responsable. En esas condiciones, desestimados los conceptos de violación, y al no demostrarse que el acto reclamado sea violatorio de derechos humanos, ni advertir este Juzgado de Distrito que en el caso el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, así como tampoco existe alguna violación manifiesta de la ley que autorice a suplir queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Abel Roberto Mercado Meléndez, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos y por cuanto ha transcurrido el término concedido en proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, a María Guadalupe Vázquez Díaz, a quien asiste el carácter de tercera interesada, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, por lo tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle, esta y las subsecuentes resoluciones así como las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este Juzgado. Por lo tanto, para efecto de no dejar en estado de indefensión a la referida parte tercera interesada, con 25/04/24 16:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 2 fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngasele a la vista el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como las constancias que se anexaron, por el término de ocho días, contado a partir de la notificación de este proveído, para el ejercicio de sus derechos si así lo estimare pertinente. DIFERIMIENTO. Por lo tanto, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del tres de mayo del año en curso, para que tenga verificativo ese acto procesal. Es aplicable al caso, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 1119, Tomo XXI, marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables toda vez que ya se encuentran emplazadas a juicio, y este Órgano 25/04/24 16:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 3 Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, glósese a los autos el oficio suscrito por la Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrita a la Unidad de Violencia Familiar y Delitos Sexuales, con sede esta ciudad, por el que manifiesta desconoce el acto reclamado y que quien se encuentra conociendo de la causa penal 259/2022, es la licenciada María del Rosario Cruz Morales, y por lo tanto, solicita que este juzgado omita seguir notificándole lo relacionado al juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, dígase a la Fiscal del Ministerio Público oficiante, que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, al haber intervenido en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado en el presente juicio, le asiste el carácter de tercera interesada, para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, gírese oficio a la referida Fiscal, haciendo de su conocimiento lo anterior. Notifíquese.

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