Abel Raymundo Montes
Expediente 284/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Abel Raymundo Montes
Actuaciones
- Principal
Solicita Copia Certificada. Visto el escrito suscrito por el autorizado legal de la parte quejosa; en atención a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y como lo solicita expídasele copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previa constancia que de su entrega quede agregada en autos. En el entendido de que la parte interesada, para la consulta del expediente físico y entrega de los documentos, deberá generar la cita correspondiente, de conformidad con los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Notifíquese personalmente a la quejosa. (I)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de veintiocho de febrero dos mil diecinueve...Este juzgador considera que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia, relativa a que el acto reclamado no se trata de un acto en juicio que sea de imposible reparación, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, los que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." Del examen relacionado de las disposiciones transcritas, se desprende que cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, procederá el juicio de amparo indirecto. A su vez, que se está en presencia de actos dentro del juicio que sean de imposible reparación, cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el citado artículo 107, señalando que ahora el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio cuando se afecten "materialmente derechos sustantivos", lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando solo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Así se advierte de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J 37/2014 (10A), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 39, libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y texto establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En tal virtud, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador, de acuerdo con un criterio racional orientado en la jurisprudencia obligatoria emitida sobre el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta materialmente derechos sustantivos que prevén los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales; y en segundo término, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Con base en las anteriores premisas normativas, este juzgador estima que el acto reclamado no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución ni en los tratados Internacionales, sino que la eventual violación de derechos que pudieran producirse únicamente son de carácter formal dentro del proceso del que derivan. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza alguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera). Obsérvese como en la especie, la quejosa en su conceptos de violación propuestos en su demanda, no señala de manera específica que en el acto reclamado se hubiere afectado algún derecho sustantivo, por ejemplo el de propiedad. Por el contrario, se advierte que se queja de que indebidamente la responsable no considero, lo que a su juicio constituyen violaciones a las formalidades del emplazamiento a juicio. En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, cuenta habida que incluso se puede obtener un fallo definitivo favorable, en el procedimiento del que emana el acto reclamado, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente en el juicio, cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del quejoso y en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, mientras tanto la parte quejosa tiene la posibilidad de combatirla conjuntamente con la sentencia definitiva que resuelva el juicio, si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Se afirma lo anterior, además, pues el acto reclamado al versar esencialmente sobre actos de naturaleza meramente adjetiva (que tiene que ver con la improcedencia de nulidad de emplazamiento), no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa. Esto último es así, porque para que la afectación a derechos sustantivos se actualice, respecto de actos en juicio de imposible reparación, debe ser de manera evidente e inmediata, es decir que la afectación a los derechos sustantivos, verbigracia, libertad de trabajo, libertad personal, seguridad jurídica, legalidad, etcétera, deben verse afectados inmediatamente con el acto de autoridad, lo que en el caso no acontece, porque el acto que se reclama no está dirigido a afectar de manera directa ni inmediata alguna de las libertades del quejoso, sino que se trata de medidas procesales que permiten darle cause el juicio en el que se emitieron, de tal forma que tales actos no inciden en la esfera de derechos sustantivos del quejoso, sino que se erigen, como se ha insistido, en eventuales afectaciones procesales que de trascender en el resultado del procedimiento del que derivan, el quejoso estará en aptitud de reclamarlos como violaciones procesales, en el juicio de amparo directo que en su caso llegare a presentar, en términos de los numerales 170, fracción I, y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, o incluso mediante el amparo adhesivo, en el caso de resultarle favorable el fallo, de conformidad con el artículo 182 fracción II de la misma norma, a efecto de hacer valer las violaciones procesales correspondientes. De lo anterior se sigue, que cuando un particular -como en el caso del quejoso- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una acción autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, que pretenda privarlo de dichos derechos, sino que se da justamente dentro del mismo: consistente en la improcedencia de la nulidad del emplazamiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. En suma, si los actos que reclama no afectan sus derechos sustantivos, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional, así como que no se trata de persona extraña al procedimiento de origen, lo que no acontece en la especie, por ser la quejosa una parte formal (demandad) del juicio; máxime que compareció a promover el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento; además, subsiste la posibilidad de que la parte promovente del amparo obtenga satisfecha su pretensión de en caso de obtener resolución favorable a sus intereses en el juicio, o en su defecto, que haga valer las violaciones procesales que estima existentes, en diversa instancia constitucional contra la sentencia definitiva desfavorable que en su caso se dicte, por tratarse dicha infracción de una violación procesal y no de un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues lo cierto es que la resolución al recurso de apelación reclamada, no produce de manera inmediata afectación a derecho fundamental alguno, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de que es parte el Estado Mexicano, ya que a través del citado acto no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio natural, en los términos ya apuntados. Es aplicable por el tema tratado, la tesis 1V.1º.t.1k (10ª.), la cual aparece publicada en la página 2162, del Tomo III, febrero de 2014, de la Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia." De igual manera, es aplicable por no oponerse a las disposiciones de la vigente Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 167896, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En las relatadas consideraciones, como el acto reclamado, no es de imposible reparación, por no vulnerar materialmente derechos sustantivos, ante lo indudable y manifiesto de dicha causal de improcedencia, se impone desechar la demanda de amparo promovida por Abel Raymundo Montes, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.--(I)
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