Abel Ramírez Ramírez

Expediente 312/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 24 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
312/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
12/01/2018

Partes del expediente

  • Abel Ramírez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Agréguese a los autos, el telegrama enviado por el Director General de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 22364/2017, con el que se le hizo del conocimiento los proveídos de veintinueve de septiembre y treinta de octubre, ambos de dos mil diecisiete, así como el diverso auto de dos de enero del presente año.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, la impresión del acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el siete de diciembre de dos mil diecisiete, de la que se advierte que el doce de diciembre del presente año, se reanudaron las labores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el domicilio que ahí se señala. Por lo anterior, en obvio de dilaciones innecesarias, se ordena reexpedir los oficios 16697/2017 y 18960/2017, con transcripción del presente priveído, vía telegráfica a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México. Asimismo, requiérase vía telegráfica a la referida autoridad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acusen recibo por la misma vía del citado oficio, señalando expresamente la fecha de recepción del mismo; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá indistintamente una multa por la suma de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de la materia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la impresión del acuerdo de cuenta, del que se desprende que con motivo del terremoto ocurrido en la Ciudad de México el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se encuentran suspendidas las labores en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en aquella ciudad, por un periodo indefinido. Por otra parte, agréguese el sobre devuelto por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, el cual contiene el oficio 16697/2017, dirigido al Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, y respecto del cual se reserva su reenvió, por las consideraciones precisadas en el párrafo que antecede, hasta en tanto se tenga conocimiento de que dicha dependencia reanudó sus labores. Sirve de apoyo, en la tesis de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, de agosto de dos mil dos, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, en la página 1306, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo."

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

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