Abel Rafael Viveros Bremont
Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abel Rafael Viveros Bremont
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ******, mediante el cual señala domicilio, designa autorizado y exhibe seis copias del ocurso de cuenta; en consecuencia, se provee como sigue: Al respecto, se tiene por señalado el domicilio que el promovente señala; asimismo, sin perjuicio de los anteriores autorizados, se tiene por facultado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de amparo, por no proporcionar su número de cédula profesional, cuyo requisito es indispensable para la consulta en el Sistema Computarizado Para el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Finalmente, únicamente glósese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, toda vez que por auto de tres de los cursantes, se realizó el pronunciamiento respectivo al desechamiento de la demanda de amparo. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el ocurso presentado por el promovente del amparo, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de once de mayo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, vista la demanda de amparo promovida por *******, por derecho propio, contra actos del titular y del secretario de acuerdos, ambos del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la misma debe desecharse. Se arriba a la conclusión anterior, dado que de su estudio integral, se advierte que el acto reclamado por el inconforme se hace consistir en lo siguiente: El proveído dictado en la audiencia celebrada el uno de junio de dos mil diecinueve, en los autos del juicio ordinario civil, expediente 647/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguido por ***** -aquí quejoso-, en contra de ********, mediante el cual se realizó la calificación de las posiciones relativas al desahogo de la prueba confesional a cargo del accionante. Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad se deduce lo siguiente: El promovente del amparo es parte formal y material del asunto de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de actor. No existe incertidumbre en cuanto a que el acto reclamado se dictó durante el trámite del juicio natural. De lo anteriormente precisado, este juzgador considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracción VII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - - ." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - [.] - - - VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; - - - [.] - - -." Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así -como acontece en la especie- es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, está en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que puso fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. Sentado lo precedente, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto aquí reclamado no es de imposible reparación, toda vez que la circunstancia de que el juez natural haya realizado la calificación de las posiciones relativas al desahogo de la prueba confesional a cargo del accionante, no infringió al inconforme una trasgresión inmediata a sus prerrogativas fundamentales consagradas en la Constitución, pues no le impidió el ejercicio de algún derecho sustantivo, de ahí que las consecuencias de dicho acto impugnado fueron sólo intraprocesales, cuenta habida que solo se proyectaron en la continuación del trámite del juicio natural. Por cierto, tales aspectos puede quedar extinguidos con la emisión de una resolución favorable a los intereses del quejoso y, en todo caso, las violaciones procesales que -aduce- fueron cometidas en la actuación reclamada, el agraviado estuvo en condiciones de hacerlas valer en el amparo directo que por cierto, ya intentó contra la sentencia de segunda instancia que puso fin al juicio. Resulta aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia, cuyo texto es: "PRUEBAS, EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO INCLUYE LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LAS. La palabra recepción a que alude el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, está usada en sentido lato, es decir, comprende tanto la admisión de la prueba (recibir, en puridad gramatical tiene entre otras acepciones, la de aceptar, admitir, aprobar una cosa. Diccionario para juristas. Juan Palomar de Miguel, Ediciones de Mayo S. R. L. 1981) como el desahogo de la misma. Igual conclusión se obtiene de la interpretación lógica de esa fracción, que establece que: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley...". Como se ve, el precepto contempla los dos supuestos: a). que no se le reciban (vale decir, no se le admitan) las pruebas al quejoso y, b). que no se desahoguen de acuerdo con la ley." Asimismo, apoya el criterio aquí estimado por analogía el criterio que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." No se soslayan las manifestaciones del agraviado, en el sentido de que la resolución reclamada le causa daños de imposible reparación; empero, se itera, tal cuestión y sus consecuencias fueron meramente procesales, aspectos que si bien aduce no quedaron extintos con la emisión de la resolución definitiva, pues esta no fue favorable a los intereses del impetrante, lo cierto es que debió hacerlas valer en el amparo directo que en contra de la misma ya promovió. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que la determinación aquí impugnada implica una afectación material a sus derechos sustantivos -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Por otra parte, toda vez que a la fecha el quejoso no ha señalado domicilio procesal dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al actuario que corresponda, para que realice la notificación del presente proveído, por medio de lista, así como las subsecuentes aun las de carácter personal. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio remitido electrónicamente por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual refiere devolver diligenciado el exhorto 62/2021, orden 63/2021, librado en el presente juicio de amparo, a efecto de notificar a la parte quejosa del auto de once de mayo del año en curso. Sin embargo, del contenido de la comunicación oficial que se provee, únicamente se advierte el citatorio, así como la comparecencia del autorizado de la parte inconforme, por lo tanto, solicítese atentamente al juzgador exhortado, que de no tener inconveniente o impedimento legal alguno, se sirva remitir vía electrónica a la brevedad las constancias completas de la referida comunicación oficial a efecto de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese por oficio al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y por lista al inconforme.
- Principal
Notifíquese personalmente al inconforme.
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