Abel Paredes Camino

Expediente 467/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
467/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Abel Paredes Camino
  • Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    aviso.. EJECUTORIA REVOCÓ EL ACUERDO IMPUGNADO Y ORDENÓ REPONER PROCEDIMIENTO..

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con el que acusa recibo del oficio 1513-IV, al que se adjuntó el juicio de amparo 467/2019-IV, que le fue remitido para la tramitación del recurso de revisión y comunica que se admitió el citado medio de impugnación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe .

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Valentina Torres Carrillo, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del acuerdo de seis de mayo del año en curso, dictado por este Juzgado de Distrito en el presente juicio de amparo. Con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo aplicable, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse los demás entre las partes. Oportunamente, remítase este expediente y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por Subdelegada de Registro y Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, anexando copia certificada del folio de inscripción de fecha quince de abril del año en curso, en apoyo al mismo. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en: La omisión del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, de calificar e inscribir el contrato de enajenación de derechos parcelarios de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, corresponde a la parcela 763 Z-3 P-3, del Ejido denominado Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán ingresado para su inscripción el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, lo cual se registró con el número de solicitud 31180011775. Sin embargo, de la copia certificada que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como lo manifestado en el propio informe justificado, se advierte que el quince de abril de dos mil diecinueve, quedó inscrita la enajenación de derechos parcelarios realizada a favor del quejoso el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, respecto de la parcela 763 Z-3 P-3, del Ejido denominado Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatá, generándose el certificado parcelario número 1012985. Esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el tres de abril del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por la autorizada de la parte quejosa en su escrito presentado ante este juzgado el diez de abril del año en curso, en el que manifiesta que no se debe sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que la responsable debe materializar la inscripción del certificado parcelario, a través de la entrega del mismo al quejoso; sin embargo, las mismas no son de tomarse en consideración, en virtud que la parte quejosa en su escrito de demanda únicamente reclamó la omisión de calificar e inscribir la enajenación antes citada, lo cual ya realizó la autoridad responsable, por lo que no es posible tomar en consideración tales argumentos, al haberse actualizado de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veinte de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

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