Abel Noe Ruiz Maldonado

Expediente 335/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
335/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2020

Partes del expediente

  • Abel Noe Ruiz Maldonado
  • Abel Noe Ruiz Maldonado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por Abel Noé Ruiz Maldonado, Mario Alonso Ayala González, Carmen de Dolores Zamora Díaz, Erik Espinoza Dimas, Artemio Citalán Chavarría, Victorino López Aguirre, Adelfo Santiago Jiménez, Carlos Gerardo Moreno, Guadalupe Pérez Duque, Adán Velasco Cordero, David López Rodríguez, Natalio Mejía González y Francisco Juárez Cano, contra actos del Director Municipal de Egresos, Síndico Municipal, Tesorero Municipal y Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, señalando como acto reclamado: "IV. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA 1. AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL. Se le reclama la no autorización del PAGO DE INCREMENTO SALARIAL (retroactivo salarial), y del bono de apoyo a gastos escolares del periodo anual de dos mil veinte. De los cuales como empleados del HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS TENEMOS TODO EL DERECHO A RECIBIRLO. 2. EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EGRESOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, SE LE RECLAMA LA DISPOSICIÓN Y/O LIBERACIÓN DEL EFECTIVO PARA CUBRIR EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL (retroactivo salarial) y del bono de apoyo a gastos escolares del periodo anual dos mil veinte. De los cuales como empleados del HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS TENEMOS TODO EL DERECHO A RECIBIRLO. 2. EL SÍNDICO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, SE LE RECLAMA LA ACUCIOCIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, DE VELAR POR LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES DEL PROPIO AYUNTAMIENTO PARA EFECTO DE QUE NO SE VULNEREN SUS DERECHOS HUMANOS, TRADUCIDOS EN RAZÓN A ESTE CONFLICTO NUESTROS DERECHOS LABORALES. 3. EL TESORERO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, SE LE RECLAMA EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL (retroactivo salarial) y del bono de apoyo a gastos escolares del periodo anual dos mil veinte. De los cuales como empleados del HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS TENEMOS TODO EL DERECHO A RECIBIRLO. 4. EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, SE LE RECLAMA EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL (retroactivo salarial), y del bono de apoyo a gastos escolares del periodo anual dos mil veinte. De los cuales como empleados del HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS TENEMOS TODO EL DERECHO A RECIBIRLO." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 335/2020. DESECHAMIENTO Ahora bien, en la especie este juzgador, advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que motiva desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso 113 del citado ordenamiento legal, atento a las siguientes que se expondrán enseguida. Así, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inerjecitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la jurisprudencia V. 2. J/75, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 68, Agosto de 1993, materia Común, registro 215188, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establece como requisito para la procedencia del juicio de garantías, que los actos reclamados provengan de autoridad. Los artículos 1, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, es preciso destacar que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Presidente constitucional Municipal 2. Director Municipal de Egresos. 3. Síndico Municipal. 4. Tesorero Municipal; y 5. Secretario de Seguridad Pública Municipal. Todos del Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas. A quienes les reclama sustancialmente el pago del incremento salarial (retroactivo salarial) y del bono de apoyo a gastos escolares del periodo anual dos mil veinte. En efecto, los órganos del Estado, ya sea en las esferas federal, estatal o municipal, en ocasiones actúan no como autoridad sino en condiciones semejantes a las de un patrón, lo que ocurre en la especie, al tener en consideración que lo reclamado por los quejosos a los servidores públicos señalados como autoridades responsables, es el pago del incremento salarial (retroactivo salarial) y del bono de apoyo a gastos escolares del periodo anual dos mil veinte Ello es así, toda vez que la demanda de amparo que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, en virtud de que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 Constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito. En ese tenor, de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la parte quejosa al Presidente Constitucional Municipal, Director Municipal de Egresos, Síndico Municipal, Tesorero Municipal y Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, deriva de la existencia de una relación laboral; por tanto, las citadas autoridades señaladas como responsables tienen el carácter de un patrón, en virtud de que el amparo se promueve porque dichas autoridades se niegan a proporcionarles el pago del incremento salarial (retroactivo salarial) y del bono de apoyo a gastos escolares del periodo anual dos mil veinte. Lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores, no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, se concluye que la parte quejosa debe sujetarse a la legislación laboral aplicable en la defensa de sus derechos dado que, se insiste, en el caso se está en presencia de una controversia surgida con motivo de una relación de trabajo, por lo que es incuestionable que debe ejercitar una vía legal distinta al juicio de amparo, esto es, ante el tribunal correspondiente, a fin de salvaguardar sus intereses laborales. (.) Ello se estima así, dado que en el presente asunto, se reclama un acto derivado de una relación laboral, por tanto, es manifiesta la improcedencia del juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que el artículo 1. de la Ley de Amparo, establece como requisito para la procedencia del juicio de amparo que los actos reclamados provengan de autoridad, y en el caso no acontece; por lo tanto, el juicio de amparo en que se actúa resulta notoriamente improcedente de acuerdo con la fracción XXIII del artículo 61 de dicho ordenamiento, en concordancia con el distinto precepto 5, fracción II, del mismo cuerpo normativo; en consecuencia, ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por 1Abel Noé Ruiz Maldonado, 2Mario Alonso Ayala González, 3Carmen de Dolores Zamora Díaz, 4Erik Espinoza Dimas, 5Artemio Citalán Chavarría, 6Victorino López Aguirre, 7Adelfo Santiago Jiménez, 8Carlos Gerardo Moreno, 9Guadalupe Pérez Duque, 10Adán Velasco Cordero, 11David López Rodríguez 12Natalio Mejía González y 13Francisco Juárez Cano, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. (.) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa a Abel Noé Ruiz Maldonado, para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en el escrito de amparo, y como autorizado para los mismos efectos al licenciado Jorge Alberto Escobar Pérez, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte infine, de la ley de la materia, toda vez que no tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: . De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.)

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