Abel Mosqueda Corona Mexicano
Expediente 3537/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3537/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/06/2019
Partes del expediente
- Abel Mosqueda Corona Mexicano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término establecido por el artículo 98 de la citada ley, en contra del auto de tres de enero del año en curso, emitido en el presente juicio de amparo, en el cual se desechó la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de nueve de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el diez de diciembre de dos mil dieciocho. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "la autoridad responsable Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de manera inmediata, y de no existir impedimento legal alguno, dicte la resolución correspondiente al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio laboral ----; hecho lo anterior, proceda a llevar a cabo el desahogo de la referida prueba pendiente de ello, misma que fue ofertada por la parte actora, aquí quejosa, y en su caso, también de las pruebas pendientes, atendiendo a los términos establecidos por los artículos 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, de modo que así restituya a la parte agraviada en el pleno goce de las garantías transgredidas." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el cinco de junio de dos mil diecisiete, dictó resolución en la que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte demandada, acto seguido y después de la persecución del trámite por la Junta responsable para desahogar cada una de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral de origen, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dicto un acuerdo en el que ordenó cerrar la etapa de instrucción, y turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE EN ESENCIA: Zapopan, Jalisco, tres de enero de dos mil diecinueve. I. Ratifica escrito. Téngase por recibida la comparecencia de cuenta, mediante la cual, el quejoso Abel Mosqueda Corona, ratifica el escrito presentado el diecinueve de diciembre pasado. II. Cumplimiento de Prevención. Visto el ocurso suscrito por el quejoso Abel Mosqueda Corona, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de seis de diciembre de dos mil dieciocho; al respecto, agréguese a los autos de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y téngasele a la parte quejosa dando cumplimiento, dentro del término concedido, al requerimiento decretado en autos. I. Se desecha demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Mosqueda Corona, quien comparece por derecho propio, contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías tuteladas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de trato, por los siguientes razonamientos: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De éstos se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2074/91. Martina Zárate Cobián y coagraviada. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 2074/90. Aluminios y Plásticos de Morelia. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1084/90. Abraham Isaac Lokier Feferman. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán." Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia consigna lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". En el artículo transcrito de la Ley de Amparo se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Así, en este caso, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual constituye un medio ordinario de defensa. En efecto, en este juicio de amparo se impugna un acto que por su naturaleza, es susceptible de controvertirse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de los preceptos 3°, fracción VII de la Ley Orgánica de ese, en relación con el precepto 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que a través de dicho medio ordinario de defensa se pueden revocar, nulificar o dejar sin efectos los actos combatidos. Los artículos citados establecen lo siguiente: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Artículo 2.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En los numerales citados se establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo anterior, es claro que el oficio reclamado constituye una resolución definitiva que se dictó en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , dado que la autoridad negó al ahora quejoso el inicio del trámite para percibir una pensión por edad y tiempo de servicios, por lo que es irrefutable que existe un recurso que debe ser agotado antes de acudir a la presente instancia, a través del cual, puede ser modificado, revocado o nulificado el auto que por esta vía se impugna. Cabe destacar que las resoluciones definitivas, como en el caso ocurre, son aquellas en las que se da una respuesta a la petición o solicitud hecha a la autoridad por un particular, y que por su propia naturaleza determinan la imposibilidad de continuar con un procedimiento, o bien, aquéllas en las que igualmente, por su naturaleza y por los términos en que se dictan, materialmente impide continuar con un procedimiento, o en su defecto, no es factible dilucidar que ese procedimiento va a continuar, pues el término instancia se refiere a todos aquellos actos procesales comprendidos a partir del ejercicio de una acción y la contestación que se produzca. De ahí que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sea el competente para conocer de las resoluciones que recaigan a una instancia, en términos del artículo 3°, fracción VII de su Ley Orgánica. Estas ideas encuentran sustento en las tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2017015 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: XI.3o.A.T.1 A (10a.) Página: 2591 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD EN MATERIA DE PENSIONES CIVILES QUE NIEGA INCLUIR A LA PARTE INTERESADA EN LA NÓMINA, PARA QUE SE LE CUBRA EL PAGO DE UNA PENSIÓN A LA QUE CONSIDERA TENER DERECHO. La definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, además de ponderar la impugnabilidad de la resolución controvertida mediante los recursos ordinarios en sede administrativa, debe considerar la naturaleza de ésta, la cual debe constituir el producto final o la última voluntad de la manifestación de la autoridad administrativa, la que suele expresarse de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; y, b) como manifestación aislada que, por su naturaleza y características, no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad de la administración pública. Así, las fases o actos en la tramitación de un procedimiento administrativo no pueden considerarse resoluciones definitivas, pues éstas son las que lo culminan, al entenderse dicho procedimiento como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan como finalidad, el pronunciamiento de la resolución administrativa cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos. En ese sentido, la determinación de la autoridad en materia de pensiones civiles que niega incluir a la parte interesada en la nómina, para que se le cubra el pago de una pensión a la que considera tener derecho, constituye una resolución definitiva que genera agravios objetivos a la peticionaria, contra la cual procede el juicio contencioso administrativo federal. Lo anterior es así, porque la administración pública, al proveer esa petición, ya pronunció su última palabra por medio de la autoridad a quien compete decidirla en el orden jurídico correspondiente y, en forma concomitante, se actualiza la causación de un agravio objetivo contra la solicitante, que son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con la tesis aislada 2a. X/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 'RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS'. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 117/2017. María Rafaela Ochoa Arreguín. 11 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria: Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno. Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Época: Novena Época Registro: 184733 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Febrero de 2003 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. X/2003 Página: 336 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados. Contradicción de tesis 79/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 17 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero." "Época: Novena Época Registro: 179708 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: I.13o.A.87 A Página: 1467 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE RESOLUCIONES QUE RECAIGAN A UNA INSTANCIA QUE POR SU PROPIA NATURALEZA IMPIDAN CONTINUAR CON UN PROCEDIMIENTO.- El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé las hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo, de cuya fracción XIII, se desprende que resulta procedente contra actos de la administración pública federal que posean la característica de ser resoluciones administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia, o bien, que resuelvan un expediente, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, el legislador no refirió un único supuesto de procedencia del medio de defensa contencioso administrativo, sino que estableció tres hipótesis diversas e independientes entre sí, de tal suerte que no puede concluirse que las resoluciones que ponen fin a una instancia sean las mismas que aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo o las que resuelven un expediente, de modo tal que debe entenderse que el primer supuesto consiste en que las resoluciones que den respuesta a la súplica, petición o solicitud hecha a la autoridad por un particular, y que por su propia naturaleza determinen la imposibilidad de continuar con un procedimiento, pueden impugnarse a través del juicio de nulidad; ahora bien, de lo expuesto con anterioridad se advierte que pone fin a una instancia, no sólo la resolución que recaiga a ésta y la dé por concluida, sino también cuando por su naturaleza y por los términos en que se dicta, materialmente impide continuar con un procedimiento, o bien, no es factible dilucidar que ese procedimiento va a continuar, pues el término instancia se refiere a todos aquellos actos procesales comprendidos a partir del ejercicio de una acción y la contestación que se produzca, por lo que en términos de lo dispuesto en el citado artículo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí es competente para conocer de las resoluciones que recaigan a una instancia, que por su propia naturaleza determinan la imposibilidad de continuar con un procedimiento. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.". Asimismo, son ilustrativas las consideraciones establecidas en la jurisprudencia PC.I.A. J/127 A (10a.), de rubro y texto siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2017081 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: PC.I.A. J/127 A (10a.) Página: 2264 PUBLICACIÓN DE DATOS DE CONTRIBUYENTES QUE, A JUICIO DE LA AUTORIDAD FISCAL, SE UBICAN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.- Del artículo 14, antepenúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, de contenido idéntico al penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que, para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, una resolución se considera definitiva cuando no admita recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa; además, conforme a la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. X/2003, son definitivas las resoluciones que ponen fin a una instancia o procedimiento o cuando son la manifestación aislada de la voluntad de una autoridad; por tanto, de acuerdo con esos parámetros, la publicación de los datos de un contribuyente en el listado a que se refiere el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es una resolución definitiva, al constituir una manifestación aislada de la voluntad final del Estado en cuanto a considerar que el contribuyente se ubica en alguno de los supuestos señalados en el propio precepto. En consecuencia, contra dicha publicación procede el juicio contencioso administrativo federal, sin que obste que se disponga que el contribuyente inconforme con la publicación de sus datos "podrá" promover aclaración ya que esta última no constituye propiamente un recurso y, además, el vocablo "podrá", usado en la regulación de recursos administrativos, significa que es optativo para el particular promoverlo o acudir directamente al juicio contencioso administrativo, en el entendido de que, si decide hacerlo, podrá impugnar en éste la resolución que no acoja su solicitud de aclaración. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.". Importa destacar que el Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de conformidad con el artículo 5° de su Ley y el precepto 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal . Lo anterior tiene relevancia en la medida en que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 1°, señala la aplicación de este ordenamiento se realizará respecto a los actos de autoridad que emitan los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, y dentro de esta categoría se ubica el Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sentado lo anterior, enseguida se cita el artículo 83, de la referida Ley. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO "Artículo. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.". Como se observa, en el párrafo segundo del artículo transcrito, primeramente se prevé la procedencia de este recurso en contra de actos de los organismos descentralizados federales, como lo es el acto aquí reclamado; y en segundo lugar se señala la optatividad de la procedencia de un recurso ordinario en contra de las resoluciones definitivas que dicten autoridades administrativas, por las que pongan fin a una instancia -como sucede en este supuesto-, o en su caso, la impugnación ante la autoridades jurisdiccionales competentes -juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa-. Lo anterior, previo a acudir a la instancia constitucional. A este respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 170455 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 148/2007 Página: 355 RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.- Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito.". Aunado a lo anterior, debe precisarse que en dicho juicio no se prevén mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual se cumple la condición establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior ha sido establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.) y 2a./J. 19/2015 (10a.), cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO". "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Además, en el caso no se surte ninguna excepción a la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. En primer lugar, el oficio reclamado no carece de fundamentación y motivación, pues de lectura del mismo, se observa la cita de diversos artículos de distintos cuerpos normativos, así como las razones por las cuales se estimó que no podía iniciar con los trámites de su pensión por edad y tiempo de servicios. Sumado a que en su demanda la parte quejosa alega vía conceptos de violación la ilegalidad e indebida fundamentación y motivación del oficio controvertido. Asimismo, el quejoso tampoco se ubica en otra excepción al principio de definitividad en materia administrativa, consistente en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución General de la República, pues en la demanda se plantean al mismo tiempo, violaciones indirectas -de legalidad- a la Carta Magna. Esto es así, ya que se si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, como sucede en la especie, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el acto reclamado, porque de todas maneras al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Para demostrar el aserto, es necesario evidenciar que los planteamientos hechos valer por el quejoso en su ocurso de amparo, de ahí se pone de manifiesto que efectivamente hizo valer cuestiones de mera legalidad o violaciones indirectas a la Constitución General de la República, al señalar que el acto reclamado era ilegal, y se sustenta en un precepto inconstitucional. Cobra aplicación, por su contenido y alcance, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.". Ahora bien, se precisa destacar que tampoco se advierte que el peticionario de amparo le revista el carácter o, incluso, se ostente como tercero extraño; y del mismo modo, no se advierte que reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de nuestra Carta Magna, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, para que sea procedente el presente juicio. Lo anterior es así, puesto que del capítulo de antecedentes y de las constancias que fueron allegadas por el quejoso, se observa que éste fue quien solicitó le fuera informado sin tenía o no derecho al pago de una pensión por edad y tiempo de servicios, la cual le fue negada; de ahí que no le revista el carácter de tercero extraño. Al respecto, se cita la tesis 2a. LVI/2000, visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". Por consiguiente, resulta claro que el quejoso, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de los preceptos 3°, fracción VII de la Ley Orgánica de ese Tribunal, en relación con el precepto 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que a través de dicho medio ordinario de defensa se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto combatido. De ahí que si no lo hizo, procede se desecha la demanda en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la ley de la materia.
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