Abel Miranda Urióstegui
Expediente 153/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Abel Miranda Urióstegui
- Javier Urióstegui Miranda
- Abel Miranda Urióstegui y Otros.
- Abelardo Urióstegui Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de la comunicación 13072/2021 del índice de este órgano de control, con la que le fueron devueltos los autos del toca penal 07-1/2019, así como el original de la causa penal 26/2015-III, constante de tres tomos. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente Carlos René Hernández Maza, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/5354/2021, suscrito electrónicamente por la Secretaria Técnica de dicha comisión, en unión de Manuel González Morales, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de abril del año actual, en la que se negó el amparo promovido por *****, a través de su defensora *****, por derecho propio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; glósese el original del incidente de suspensión relativo y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo al impetrante, así como el original del incidente de suspensión, toda vez que en este último se concedió la suspensión provisional y definitiva. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo, con relación al capítulo 7.1.1., del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Una vez que este expediente cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Finalmente, devuélvase a la Magistrada Presidente de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, los tomos de pruebas que anexó a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
1. En Iguala de la Independencia, Guerrero, a las nueve horas con veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 153/2020-1, promovido por *****, a través de su defensora pública *****, ante la presencia de José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, procede a su verificativo. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, reproduce todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta con las documentales allegadas por las responsables. El Juez acuerda: Se tiene a las autoridades responsables ofreciendo las documentales a anexaron al rendir su informe justificado respectivamente, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se dio por concluida esta audiencia, de la que se realiza acta para constancia legal. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 153/2020-1; y, R E S U L T A N D O I. ****y/o **** ****y/o ****, a través de su defensora pública ***, por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante este Juzgado Federal, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Iguala, y otra autoridad. II. Previos requerimientos, en auto del trece de noviembre diecisiete de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado Federal, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en el artículo 37, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se ejecutó dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo consiste en la resolución del doce de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 7-1/2019, por el tribunal responsable, misma que confirmó el auto de formal prisión del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado de Durango, en la causa penal 026/2015-III, por el delito de homicidio calificado, en agravio de *****, y su ejecución. TERCERO. La Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Iguala, y el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal en el Tercer Distrito Judicial, residente en Gómez Palacio, Durango, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, por lo cual se tienen por ciertos; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a que así se advierte de las copias certificadas del toca penal 07-I/2019 y de la causa penal 26/2015-III (cinco tomos de pruebas), que remitieron las responsables, en apoyo a su informe justificado; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o. CUARTO. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, y este juzgador no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. No se transcriben los motivos de disenso, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta la presente sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo. En ellos se proponen diversos argumentos de manera genérica, por lo que se abordará lo relativo a los conceptos de violación, temáticamente, mismos que pueden sintetizarse en la forma siguiente: ? Violación al artículo 14 constitucional (prerrogativa de audiencia). ? Vulneración a lo previsto en el numeral 16 del Pacto Federal (principio de fundamentación y motivación). ? Inobservancia del principio de presunción de inocencia y debido proceso. ? Falta de acreditación de la probable responsabilidad del quejoso. Establecido lo anterior, los temas relativos al primero y tercero de los tópicos, tocante al derecho fundamental de audiencia, donde alega el justiciable que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, y que se vulneraron los principios de presunción de inocencia y debido proceso son infundados, los cuales se analizan de manera conjunta por tener una estrecha relación. Del artículo 14 Constitucional se desprende el derecho fundamental de legalidad, que en lo que interesa para el presente asunto, se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada en un procedimiento. De manera genérica, la prerrogativa de audiencia contempla: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas; la oportunidad de alegar; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es aplicable al presente caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, del tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 900218, cuyo rubro es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Luego, del precepto constitucional de referencia se desprende, entre otros, el derecho fundamental del debido proceso, cuyo contenido medular es que el proceso se encuentre "investido de las garantías que hagan posible la defensa de las partes". La finalidad del debido proceso es buscar que la actividad jurisdiccional sea un instrumento que haga prevalecer la verdad del caso, que surge de un verdadero debate contradictorio entre las partes; son varios los aspectos de este derecho fundamental y a continuación nos referiremos sólo a los que tienen relación directa con el proceso penal: Sin duda, éste es el derecho fundamental procesal más desarrollado en nuestro país, considerando la aplicación que ha tenido el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", incluido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tales "formalidades" son las siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ilustra lo anterior la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 396, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005716, cuyo rubro es: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." Por otra parte el derecho a la defensa es un aspecto del debido proceso que pone de relieve la posibilidad de las partes para defenderse de la pretensión del contrario, el cual tiene una inmediata relación con el principio de contradicción, pues la efectiva defensa corresponde a su verdadera realización. El derecho de defensa en la materia penal, se ha definido como "facultad del imputado de intervenir en el procedimiento penal que se dirige en su contra para poner en evidencia la falta de fundamento de la pretensión punitiva estatal o de cualquier circunstancia que la excluya o atenúe". A partir de lo anterior, debe hacerse la precisión de que en el procedimiento primigenio el imputado fue asistido y defendido por su defensora pública, actuando en ese proceso por lo que ha tenido una defensa adecuada; de ahí que no asista razón al inconforme. Resultan infundadas las manifestaciones de la defensora publica del impetrante, en el sentido de que a su defendido se le vulneró el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere que toda persona es considerada inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme. En este caso, el cuerpo de delito y la probable responsabilidad del indiciado en la causa penal de origen, quedó acreditada con los medios de convicción que se ofrecieron en ese proceso; además, que como quedó establecido en esta resolución, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, se garantizó el derecho del quejoso a tener una adecuada defensa y, se respetaron los principios procesales que rigen su incorporación al proceso y valoración legal; además de que los mismos se obtuvieron de manera lícita, y resultaron suficientes y conducentes para fundar la determinación que confirma el auto de formal prisión, que constituye el acto reclamado. En ese tenor, al menos hasta este estadio procesal, se demostró que se ha cometido un ilícito y la probable responsabilidad del indiciado, aquí impetrante lo cometió o participó en su comisión, pues no se aportaron pruebas de descargo con eficacia demostrativa que acreditaran lo contrario respecto del peticionario, por el contrario la sala responsable de manera acertada confirmó que se tuvo por acreditado el delito de homicidio calificado y la probable responsabilidad del hoy justiciable. Resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 546, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011871, cuyo rubro es: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA." Con relación al tema relativo a la falta de fundamentación y motivación, las manifestaciones realizadas en su motivo de disenso son infundadas. Ello es así, porque todo acto de autoridad debe de cumplir con el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se encuentra vinculado a los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16 de dicho ordenamiento. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los principios de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los preceptos 14 y 16 constitucionales, se advierte que las determinaciones jurisdiccionales requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundadas y motivadas, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 46, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, del Tomo III, página 46, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, en el caso a estudio, se considera que la determinación que se tilda de inconstitucional en esta instancia fue dictada conforme a derecho, pues la responsable señaló de manera fundada y motivada las particularidades por la cual determinó confirmar el auto de formal prisión en la causa penal 26/2015-III instruida en contra de **** y/o **** **** y/o ****, todas vez que dos de los testigos en sus declaraciones lo incriminaron directamente de privar de la vida a ****. En la especie, del análisis de la determinación que se combate se desprende que en contraposición de lo vertido por el impetrante, el juzgado responsable expuso los razonamientos jurídicos suficientes en que apoyó su determinación, citando los arábigos 20 Constitucional, 130, 131, 147 del Código Penal del Estado de Guerrero, 13, 16, 18, 19, 63, 64, 66, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 121, del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa; de ahí que contrario a lo manifestado por el justiciable la resolución combatida sí se encuentra fundada y motivada. En diverso aspecto, tocante al último de los temas en el que la defensora pública del impetrante sostiene que no se acredita de la probable responsabilidad del quejoso, ello es infundado. Ahora, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente asunto, se hace consistir en la resolución de segunda instancia dictada en el toca penal 7- I/2019, la cual confirmó el auto de plazo constitucional de formal prisión dictado en contra el ahora impetrante en la causa penal número 26/2015-III, este juzgado federal procederá al análisis íntegro de dicha determinación al tenor de los derechos fundamentales no sólo establecidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (este último en su texto vigente antes de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación) y 87 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero establecen: Los artículos en mención establecen los requisitos indispensables para el dictado de un auto de formal prisión, los cuales son: Que la resolución esté fundada y motivada. Que se emita en el plazo de setenta y dos horas a partir de qué el inculpado sea puesto a disposición del juez, o bien, en la ampliación de ese plazo, cuando sea solicitud del acusado o de su defensor. Que se exprese el delito imputado al justiciable. Que se precise el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y Que se señalen los datos que arroje la averiguación previa, los cuales deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad penal del indiciado. En el caso, el tribunal de segundo grado confirmó de manera correcta lo realizado por el juez de la causa penal de origen, pues este último correctamente encuadró la conducta típica en el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los articulas 130, 132 y 141, fracciones I y II, inciso b) fracciones IV y VI del Código Penal del Estado. De los anteriores numerales de referencia, la autoridad judicial obtuvo los elementos que integran el cuerpo del delito de homicidio calificado: a) La prexistencia previa de una vida humana. b) La supresión de esa vida humana. c) Que el hecho se produzca por una causa externa imputable a persona distinta del sujeto pasivo. De esta manera, para acreditar los elementos corpóreos del ilícito en cuestión la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, consideró los siguientes medios de convicción: 1. Inspección ocular y levantamiento de cadáver, realizada el veinticinco de diciembre de dos mil catorce. 2. Las declaraciones de identidad cadavérica ****y ****, de veintiséis de diciembre de dos mil catorce. 3. Dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense, signado por *****, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales del Distrito Judicial de Mina, dependiente de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 4. Dictamen de necropsia realizada por el médico forense ****, adscrito servicio médico forense, dependiente de la Coordinación Regional, Zona Norte. 5. Declaración del testigo de cargo ****, de catorce de enero de dos mil quince. 6. Dictamen de necropsia realizado por el médico forense *****. Tales pruebas fueron valoradas correctamente por el tribunal de alzada responsable, al otorgarles eficacia demostrativa en términos de los numerales 105, 107, 108, 109, 111, 112, 121 y 127, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, Además, el análisis de los medios probatorios reseñados, permite advertir la existencia de datos aptos y suficientes, para acreditar los elementos del cuerpo del delito de homicidio calificado, pues de ellos se desprende una conducta de naturaleza positiva relevante para el derecho penal. Respecto al primero de los elementos del cuerpo del delito, referente a la preexistencia de la vida, se acreditó con las declaraciones de los testigos de identidad cadavérica de *** y *****, pues una vez que tuvieron a la vista el cadáver del occiso lo reconocieron e identificaron plenamente. Tocante al segundo de los elementos, consistente en la supresión de la vida de Gregorio López Gorostieta, se acredita con la inspección ocular y levantamiento de cadáver realizada por el agente del ministerio público de veinticinco de diciembre de dos mil catorce, en la cual se advertía que se constituyó junto con los testigos de asistencia, en la carretera federal que conduce de la ciudad de Iguala, a la ciudad de Altamirano, Guerrero, a la altura del kilómetro ciento cincuenta y seis, al extremo oriente de la carretera federal y frente al cerco perimetral del lugar conocido como Rancho La Cabaña, ubicado a doscientos metros del monumento de Lázaro Cárdenas, dando fe que tuvo a la vista el cuerpo de una persona el sexo masculino privado de la vida. El cual se encontraba en posición decúbito central, con la cabeza orientada hacia el este y ligeramente rotada al sur, las extremidades superiores semi flexionadas sobre la superficie del suelo y ligeramente abiertos de la región abdominal, y las extremidades inferiores semi flexionadas en sentido contrario, dando fe dicho funcionario, que alrededor del cuello presentaba un surco duro de forma irregular, causado al parecer por la cinta adherible transparente y de color gris, de 2.5. centímetros, presentando los siguientes signos de muerte: estado de putrefacción en fase enfesimato (cara negra), vesiculaciones dérmicas, desprendimiento dérmico, desprendimiento de cabello, abultamiento de testículos. Dando fe que presentaba la siguiente media filiación; persona de sexo masculino en calidad de desconocido de 170 centímetros de estatura, test moreno claro, cabello negro corto y lacio, y desprendimiento de cuero cabelludo, sin que se pueda definir rasgos faciales por el estado avanzado de putrefacción, odontograma completo, como característica particular presentaba, bello escaso en el pecho y cabello escaso en collo negro dándose fe que a la revisión externa del cadáver, presentaba una herida producida al parecer, por un proyectil único de arma de fuego, con características de entrada de forma particular de ocho milímetros de diámetro, ubicado en la región occipital, lado izquierdo parte posterior a siete centímetros de la línea media posterior y como característica de muerte presenta desprendimiento de dermis en gran parte del cuerpo, ampollas en ambas piernas, cuerpo que fue trasladado a las instalaciones de rescate y protección civil de la Ciudad de Arcelia, Guerrero, para la práctica de la necropsia. Lo anterior, fue complementado con el dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense suscrito por el perito ****, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales del Distrito Judicial de Mina, dependiente de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, del cual entre otros, se desprende que el occiso había tenido una muerte real y violenta. Que, de acuerdo al lugar del hallazgo, se estableció que no era la posición inmediata a su muerte, que de acuerdo a los signos cadavéricos que se encontraron al momento de la revisión externa del cadáver, se establece un intervalo postmortem aproximado, mayor de cuatro días y menos de seis días, dictamen en que tiene el carácter de indicio de conformidad a lo previsto en el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, estando directamente relacionado con la inspección ocular practicada en el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida del agraviado. Habiendo practicado el perito oficial todas las operaciones y experimentos que su conocimiento especializado, cumpliendo con las exigencias de los arábigos 105, 107, 108 y 109 del ordenamiento invocado, y de acuerdo a la fotografías tomadas al cuerpo sin vida del pasivo, se determinó que fue una muerte violenta por las características que presentó la víctima y de las que dio fe el representante social, quedando plenamente acreditado el elemento de la supresión de la vida de la persona quien en vida respondía al nombre de Gregorio López Gorostieta. Respecto al tercero de los elementos del delito que analizó la alzada, relativo a la supresión de la vida sea provocada por una causa externa, imputable a persona distinta del agraviado, se acreditó con el dictamen de necropsia realizado por el médico forense ***** adscrito al Servicio Médico Forense de esta ciudad, el cual describió las lesiones que presentaba el occiso fueron intencionales y la causa que provocó el fallecimiento, fue la asfixia por sofocación en su variante su obstrucción de vías áreas superiores, por lo que no se trataba de una muerte natural. Ahora, el tribunal de segundo grado concluyó que se encontraban acreditados los elementos objetivos o externos que configuraban la materialidad del ilícito de homicidio en agravio de ****. Además, la responsable que se encontraban acreditadas las calificativas de la ventaja, alevosía y saña, establecidas en el artículo 147, fracciones II, inciso b), IV y VII del Código Penal del Estado de Guerrero, ello debido al testimonio de Alejandro Albarrán Alvarado, dado que dicha persona incriminó directamente al indiciado ****, a quien le apodan "El Chachalaco", como responsable, junto con otros dos sujetos de sobrenombre "La cuija" y "El topo", de la muerte del sacerdote ****, pues el testigo había señalado que el veintitrés de diciembre de dos mil catorce al ir por la calle fue interceptado por el procesado ****, quien se hacía acompañar de dos personas que iban armados, y con violencia lo subieron a un vehículo vendándole los ojos, llevándoselo a una casa, lugar donde lo tuvieron todo el día, siendo intimidado por dicho activo, bajándosele un poco la venda de los ojos, se percató que en dicho lugar tenían amarrado de los pies y manos, al sacerdote-agraviado y el veinticuatro de diciembre de dos mil trece por la noche escuchó que torturaban al agraviado para que dijera dónde estaba el dinero y se los entregara. El ateste se percató que el indiciado le colocó una bolsa al occiso en la cabeza y lo zangoloteaban, escuchando que uno de los dos sujetos le dijo a Abelardo que el agraviado ya no se movía, a lo que contestó Abelardo "rómpanle su madre para que nos diga dónde está el dinero", poco después el testigo escuchó una detonación como de un cuete, siendo sacado de la casa el testigo y lo subieron al vehículo, mientras que al pasivo lo subieron el cajuela, que el veinticuatro de diciembre dejaron tirado al testificante sobre la carretera que conduce a Tangaahuato, y que Abelardo le quitó la venda y lo amenazó que le pasaría lo mismo que al padre, sino trabajaba con ellos, y el veinticinco de diciembre, se enteró que habían encontrado sin vida al sacerdote ***, siendo publicada su foto; por lo que la alzada estimó que se actualizaban las calificativas de ventaja alevosía y riña. Dicho testimonio también fue tomado en cuenta por la sala responsable, para determinar la probable responsabilidad del indiciado, así también la declaración de *****, quien destacó que vivió un tiempo con *****, y que durante ese tiempo se había dado cuenta que éste último hacia trabajos por pagos o sea privar de la vida a personas, que el veintiséis o veintisiete de diciembre de ese año, había recibido una llamada telefónica del procesado diciéndole que no había ido a visitarla porque había hecho un trabajito que le habían pedido, es decir, había privado de la vida al padre de Altamirano, Guerrero y por comentarios que había recibido de otras personas, fue su concubino quien había quitado la vida al occiso, dicha testigo incriminó al sujeto activo **** ***** como responsable de la muerte del agraviado. De la misma forma, la "ad quem" para arribar a su determinación, tomó en consideración la declaración de ****, la cual refirió que tuvo una relación sentimental con ****, y que éste siempre andaba armado, se dedicaba a levantar gente y extorsionar personas y una vez le comentó que tuvo privada de su libertad a una persona en los cerros, esto es, la testificante expuso la forma ilícita en que se conducía el indiciado. En ese contexto, inverso a lo que refiere la defensa del justiciable, la sala responsable realizó un estudio pormenorizado de la determinación impugnada y concluyó que en el auto de formal prisión se acreditó el cuerpo del delito de homicidio calificado en contra de ****, y la probable responsabilidad del quejoso. En efecto, la alzada ponderó de manera acertada que el indiciado **** y/o ***y/o ******, a través de su defensora pública, había cometido el delito de homicidio calificado, dado que los testigos lo señalaron directamente, sobre todo *****, lo incriminó directamente de la muerte del sacerdote *****, pues señaló que el veintitrés de diciembre de dos mil catorce, al ir por la calle fue interceptado por el procesado *****, y con violencia lo subieron a un vehículo vendándole los ojos, llevándoselo a una casa, lugar donde lo tuvieron todo el día, que en dicho lugar tenían amarrado de los pies y manos, al sacerdote-agraviado y el veinticuatro de diciembre de ese año por la noche escuchó que torturaban al agraviado para que dijera dónde estaba el dinero y se los entregara. Que se dio cuenta que el indiciado le colocó una bolsa al occiso en la cabeza y lo zangoloteaban, escuchando que uno de los dos sujetos le dijo a Abelardo que el agraviado ya no se movía, a lo que contestó Abelardo "rómpanle su madre para que nos diga dónde está el dinero", y el veinticinco de diciembre, se enteró que habían encontrado sin vida al sacerdote ****, siendo publicada su foto; de ahí que no asiste razón al inconforme a través de su defensora publica, pues se insiste hay un señalamiento directo de la conducta desplegada por el impetrante en la privación de la vida del agraviado. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundadas como resultan las manifestaciones que realiza en sus conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos, en perjuicio del impetrante, consagrados en los artículos 1°, 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. La negativa de que se trata, se hace extensiva al acto de ejecución reclamado, toda vez que el mismo no se impugna por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la resolución reclamada. Es de exacta aplicación a lo así expuesto, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página. 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****y/o ****y/o ****, a través de su defensora contra los actos que reclamó a la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Iguala y otra autoridad, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos y vista la circular 3/2021, signada electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria del veinticuatro de los actuales, mediante la cual declaró como días inhábiles los días miércoles, jueves y viernes (treinta y uno de marzo, así como uno y dos de abril de dos mil veintiuno), que corresponden a la semana santa; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Legislación aplicable, en esas fechas no correrán los términos de Ley; en consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas del dos de abril del año en curso y en su lugar se señalan las nueve horas con veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Nancy Karina Cedillo Rosas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · 3,239 expedientes
- A. Edmundo Delgado Apolinar39/2020
- Abacuc Gatica Román315/2019
- Abel Delgado Delgado172/2017
- Abel Miranda Urióstegui171/2023
- Abel Nava Peralta43/2017
- Abel Nava Peralta244/2017
- ABEL ROSALES BASTOS y Otros.523/2013
- Abiel Acatitlán Peralta100/2016
- Abiel Acatitlán Peralta490/2014
- Abraham Gómez Castañeda408/2019