ABEL MIGUEL AQUINO y Otros.

Expediente 987/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
987/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • PILAR ARMINDA VICENTE RODRÍGUEZ y Otros.
  • ABEL MIGUEL AQUINO y Otros.
  • EVA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 987/2018, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 104 a 106), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en la especie, los quejosos ..... reclaman del Director General, Director Administrativo, Director de Servicios Regiones y Director de Planeación Educativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, los descuentos efectuados a su salario el doce y trece marzo de dos mil dieciocho, por inasistencia a su centro de trabajo. En ese tenor, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En la especie, como ya se especificó a las autoridades responsables, la parte quejosa reclama los descuentos efectuados a su salario el doce y trece marzo de dos mil dieciocho, por inasistencia a su centro de trabajo; por tanto, la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. En efecto, se asevera lo anterior, toda vez que en los hechos de la demanda, los promoventes bajo protestad de decir verdad, afirmaron que en la quincena 08/2018 (segunda de abril de 2018), les llegó su salario devengado relativo al concepto "17 falta de asistencia año actual" por supuestamente haber faltado algunos días a su centro de trabajo, manifestación que constituye una confesión expresa, la cual goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Circunstancia que, se corrobora con la petición de información formulada por la parte quejosa a la Unidad de Enlace del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el veintiocho de agosto del año en curso, en la que expresaron que en la segunda quincena de abril del año que transcurre, les fue realizado el descuento que ahora reclaman en esta vía constitucional, documental que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, según su numeral 2o., alcanzan valor probatorio pleno (folios 72). De lo antes expuesto, queda en evidencia que la parte impetrante tuvo conocimiento de los descuentos que reclaman a las autoridades responsables, desde la segunda quincena de abril de dos mil dieciocho (treinta de abril de 2018). Por lo que, es evidente que estuvieron en aptitud de promover el juicio de amparo, con relación al acto reclamado a partir del día siguiente hábil al en que conocieron de dichos descuentos, es decir, a partir del dos de mayo de dos mil dieciocho. Entonces, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto aquí reclamado de mérito a partir del treinta de abril de dos mil dieciocho, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del dos al veintidós de mayo del año que transcurre, sin contar los sábados y domingos, ni el uno de mayo por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al presentarse la demanda de amparo hasta el nueve de octubre dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido en exceso el término legal de quince días con el que la parte quejosa contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que su promoción es extemporánea. Da sustento a la decisión aquí adoptada la jurisprudencia P./J 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto del precisado acto reclamado a las autoridades responsables. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en la especie, los quejosos ..... reclaman del Director General, Director Administrativo, Director de Servicios Regiones y Director de Planeación Educativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, los descuentos efectuados a su salario el doce y trece marzo de dos mil dieciocho, por inasistencia a su centro de trabajo. En ese tenor, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En la especie, como ya se especificó a las autoridades responsables, la parte quejosa reclama los descuentos efectuados a su salario el doce y trece marzo de dos mil dieciocho, por inasistencia a su centro de trabajo; por tanto, la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. En efecto, se asevera lo anterior, toda vez que en los hechos de la demanda, los promoventes bajo protestad de decir verdad, afirmaron que en la quincena 08/2018 (segunda de abril de 2018), les llegó su salario devengado relativo al concepto "17 falta de asistencia año actual" por supuestamente haber faltado algunos días a su centro de trabajo, manifestación que constituye una confesión expresa, la cual goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Circunstancia que, se corrobora con la petición de información formulada por la parte quejosa a la Unidad de Enlace del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el veintiocho de agosto del año en curso, en la que expresaron que en la segunda quincena de abril del año que transcurre, les fue realizado el descuento que ahora reclaman en esta vía constitucional, documental que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, según su numeral 2o., alcanzan valor probatorio pleno (folios 72). De lo antes expuesto, queda en evidencia que la parte impetrante tuvo conocimiento de los descuentos que reclaman a las autoridades responsables, desde la segunda quincena de abril de dos mil dieciocho (treinta de abril de 2018). Por lo que, es evidente que estuvieron en aptitud de promover el juicio de amparo, con relación al acto reclamado a partir del día siguiente hábil al en que conocieron de dichos descuentos, es decir, a partir del dos de mayo de dos mil dieciocho. Entonces, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto aquí reclamado de mérito a partir del treinta de abril de dos mil dieciocho, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del dos al veintidós de mayo del año que transcurre, sin contar los sábados y domingos, ni el uno de mayo por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al presentarse la demanda de amparo hasta el nueve de octubre dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido en exceso el término legal de quince días con el que la parte quejosa contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que su promoción es extemporánea. Da sustento a la decisión aquí adoptada la jurisprudencia P./J 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto del precisado acto reclamado a las autoridades responsables. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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